Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, el Colegio de Abogados de Mendoza, el Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza, la Asociación Xumek, la Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones y la Asociación Ecuménica de Cuyo rechazaron la represión sufrida en Plaza Chile de Capital y en el distrito Cordón del Plata de Tupungato. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que todos los detenidos y detenidas ya fueron liberados.
“La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo expresa su repudio a la represión policial desatada en la noche del 21 de octubre en ocasión de las protestas locales por la situación social en la República de Chile”, señaló un comunicado firmado por la decana Claudia García y el vicedecano Roberto Roitman difundido el pasado martes.
Para las autoridades de Políticas “el accionar de las fuerzas de seguridad resultó desproporcionado ante ciudadanos y ciudadanas que solo se encontraban expresando su descontento ante los acontecimientos del país hermano”, por lo que solicitaron “la inmediata liberación de los detenidos”.
Por su parte, las Comisiones de Género y Diversidad y de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Mendoza expresaron ayer “su preocupación por el uso desmedido de la fuerza policial durante la manifestación del 24 de octubre pasado y posteriores condiciones de detención de manifestantes, los que ejercían pacíficamente sus derechos constitucionales expresando su solidaridad con la actual situación del hermano pueblo chileno en la Plaza Chile de nuestra ciudad”.
Para los juristas “estos actos de violencia institucional (…) afectan gravemente las garantías constitucionales y atentan contra las obligaciones que el Estado argentino asumió al suscribir y ratificar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Desde el Colegio de Abogados rechazaron particularmente la violencia ejercida contra las mujeres y los actos de discriminación contras las diversidades. “Bregamos por una institucionalidad respetuosa de los derechos previstos en la Convención de Belem Do Pará, siendo necesario que se instrumenten todas las medidas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas”, cerró el comunicado.
Los psicólogos y psicólogas expresaron “repudio y descontento frente al uso desmedido de la fuerza policial provincial hacia aquellos/as conciudadanos que expresaban su solidaridad con la actual y dolorosa situación social de nuestros/as hermanos/as chilenos/as”.
El Colegio Profesional de Piscólogos de Mendoza, en tanto colectivo que trabaja por la Salud Mental, manifestó no admitir “ningún tipo de violencia como respuesta al conflicto social, más aún cuando la misma es utilizada por las instituciones para el disciplinamiento de ciudadanos y ciudadanas”, y bregó “por la apertura de canales de diálogo y escucha respetuosa”.
En el mismo sentido, desde Xumek repudiaron “con vehemencia la represión policial de la manifestación realizada en referencia a los hechos ocurridos en la República de Chile, y la respuesta de las autoridades provinciales a los hechos ocurridos con posterioridad”.
“El accionar del Estado provincial es preocupante tanto por la escasez de herramientas adecuadas para resolver la situación y el atropello de los derechos humanos de las personas afectadas, como por la evidente habilitación judicial y política del uso abusivo y falto de control de la fuerza policial”, denunciaron desde esta Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
La organización integrada por abogados, intelectuales y militantes por los derechos humanos puntualizó que la policía provincial no se ajustó a los estándares señalados en la sentencia del homicidio de Lucas Carrasco, ni se adecuó a la ley 6722, que establece la excepcionalidad del uso de la fuerza, ni se ajustó a principios básicos de derecho internacional en esta materia.
Para Xumek ese uso excesivo de la fuerza encontró aval político y de la Justicia provincial que criminalizaron la protesta.
Por último, la Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones y la Asociación Ecuménica de Cuyo expresaron “nuestro firme repudio por la brutal represión de las fuerzas de seguridad, ocurrida el día 21 de octubre, ante las exigencias de la comunidad de Cordón del Plata, Tupungato y Tunuyán que reclamaban seguridad y justicia a raíz del asesinato del joven de 19 años Alcides Chaira”.
Desde estas organizaciones exigieron el sobreseimiento de las y los imputados que ejercían el derecho “a la protesta reconocido por nuestra Constitución Nacional”, repudiaron “todo acto de discriminación, racialización, aporofobia y xenofóbia hacia la población del Valle de Uco a raíz de su nacionalidad y situación migratoria”, rechazaron la “criminalización de la población migrante” y defendieron “el derecho a la protesta y a la ocupación del espacio público”.
“Priorizamos la consigna de una vida digna, intercultural y libre de injusticias y rechazamos con vehemencia cualquier tipo de acto represivo que vulnere y profundice las desigualdades en la sociedad”, concluyeron, no sin antes expresar solidaridad con las personas imputadas y sus familias.
