El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados presentó una acción judicial contra el Decreto N° 1267/17, que obliga a empleados públicos, en condiciones de precariedad e inestabilidad laboral, a presentar un certificado de libre deuda de impuestos provinciales o plan de pago vigente.
La norma, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo, abarca a estatales bajo las modalidades de adscripción, locaciones de obras, servicios y honorarios determinados en horas módulo deportivo, y quienes reciben adicionales y suplementos, cuyos vencimientos operaron el 31 de julio.
El decreto, que pone en vilo la continuidad de fuentes laborales e ítems significativos de los salarios, fue duramente cuestionado por SiTEA que solicitó a la Justicia la declaración de su inconstitucionalidad. De acuerdo con un comunicado emitido por el sindicato, la medida del Ejecutivo, además de ser “extorsiva”, “carece de sustento normativo y viola los principios de propiedad, progresividad, razonabilidad, justicia social e igualdad”.
Además de las consideraciones jurídicas, el gremio de los estatales criticó el sentido político de un decreto tachado de antidemocrático, persecutorio y discriminatorio, “propio de otras épocas donde en el país reinaba la intolerancia”.
Pagar o no pagar, un falso debate
En recientes declaraciones a Señal U, el director de Rentas Ignacio Barbeira manifestó que los empleados públicos deben estar al día con los impuestos provinciales para mantener los “beneficios” laborales. El decreto 1627 “es claro y tiene sentido, todos estamos obligados a pagar impuestos, seamos o no empleados públicos”, dijo el funcionario.
Siguiendo al director de Rentas, hubiese bastado con una intimación a los estatales en mora para comenzar a hacer efectivos los tributos adeudados. Sin embargo, en una acostumbrada medida de disciplinamiento, el primer mandatario provincial recurrió a una decisión desproporcionada y arbitraria.
“La insensibilidad social de este gobierno no encuentra parangón. No es que el ciudadano común no debe honrar sus deudas para con el fisco provincial, esté vinculado con el Estado o no lo esté. De ahí, a extorsionar a que mantenga su fuente de trabajo y sustento diario previa acreditación de ‘libre deuda’, sí resulta inmoral e incompatible con la recta razón, el bienestar general, el bien común”, plantearon los dirigentes de SiTEA, quienes convocaron a una asamblea informativa, en la Administración Tributaria Mendoza (planta baja, ala oeste, de la Casa de Gobierno), para hoy, a las diez de la mañana.
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