El gobernador Cornejo firmó un decreto para renovar la relación laboral de trabajadores del Estado, siempre y cuando presenten un certificado de libre deuda de impuestos provinciales o plan de pago vigente. Otro gesto más que comprueba la hipocresía oficial y el accionar gubernamental inclemente con los más débiles y flexible con los más poderosos.
Fotos: Coco Yañez
Con el diario del lunes
El decreto 1627/17 publicado en el Boletín Oficial, el día posterior a las PASO, expresa en sus considerandos “que a los efectos de no resentir los servicios que presta el Estado Provincial, es indispensable dar continuidad a las adscripciones, adicionales, suplementos y prestaciones de servicios de personas contratadas en Planta Temporaria y bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios y Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo, cuyos vencimientos operan el 31 de julio de 2017”.
Más allá, de esta fachada formal, con la que el gobierno de Mendoza agudiza la precarización del empleo público, la oportunidad sirvió para demandar y condicionar a los trabajadores comprendidos en el decreto, a que sostengan una conducta ejemplar con el fisco provincial, bajo la amenaza de perder la relación laboral o los adicionales a renovar.
Esta exigencia abusiva -rayana a la extorsión- para cumplir con las obligaciones impositivas, como demostramos hace poco, no es justamente una característica o valor del actual equipo de gobierno. Menos perceptible aún, es este nivel de intransigencia con los grandes deudores provinciales.
Impuesto al trabajo
La medida del gobierno de la #RevoluciónDeLoSencillo se aplicará sobre el ámbito más precario del trabajo estatal con el objetivo de disponer “la continuidad automática desde el 1 de agosto y hasta el 31 de octubre de 2017” de los servicios o funciones que presten, fecha en la que nuevamente se reevaluarán las “continuidades automáticas”.
Aunque la resolución sea razonable (los agentes estatales, como cualquier ciudadano de a pie, debe pagar sus impuestos), existen algunos factores coyunturales que parecen no ser tenidos en cuenta en la sensibilidad del gobernador.
Salta a la vista la situación precaria de los trabajadores comprendidos en el decreto. No hace falta ser un genio para inferir que los contratados por locación de obra o servicios, los trabajadores de planta temporaria, e incluso quienes cobran algún adicional, son las personas que se encuentran en peores condiciones a la hora de reclamar, discutir o resistir una decisión patronal. La asimetría de poder en esos casos es absoluta y el decreto cobra un carácter extorsivo: pagás o no seguís.
La norma además está cargada de cinismo. En el caso de los contratos basura, por ejemplo, El Estado mendocino se vale de un fraude laboral para simular como agentes autónomos a quienes son, en realidad, trabajadores en relación de dependencia. A partir de esa máscara legal, los empleados que debieran ser beneficiarios de las cargas patronales y sociales, tienen que pagar su propia jubilación y obra social, vía Monotributo, e impuestos provinciales como Ingresos Brutos.
Como si estuvieran sobrados
La resolución es completamente sorda a la realidad socioeconómica que el mismo gobierno ha provocado en lo que lleva de gestión. Como informáramos recientemente, una familia mendocina precisaba en mayo $8.441 para pasar de la indigencia a la pobreza, mientras que para zafar de la pobreza necesitaba $13.000. Más allá de encontrarse un tanto desactualizado el dato, ¿cuántos empleados públicos comprendidos en el decreto 1627/17 gravitan en esas franjas de ingresos?
Mientras se realiza un millonario despilfarro en campaña publicitaria, tampoco tiene en cuenta el gobierno –principal empleador de Mendoza- que en sus dos ejercicios de gestión ha propiciado la pérdida de recaudación impositiva desde sus magras recomposiciones salariales, todas a la baja. De perogrullo, la pérdida de poder adquisitivo condiciona tristemente el cumplimiento con el fisco. ¿Comemos una semana o pagamos el inmobiliario? ¿Qué pagamos: la luz o la patente del auto? En la actualidad, son preguntas comunes en buena parte de los hogares de Mendoza.
El domingo, la mayoría de los mendocinos le dio la espalda a la gestión Cornejo. Es probable que el empobrecimiento de sus condiciones de vida sea una de las causales. Ojalá que el gobierno de los ricos en versión mendocina recapacite y genere las condiciones para que todos podamos hacer frente a nuestras obligaciones impositivas. Siempre dando el ejemplo desde la función pública y apretando verdaderamente a los sectores que concentran la riqueza provincial, quienes son justa e históricamente los principales deudores.
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