La Asociación Xumek presentó ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad a la reciente reforma que impulsó el gobernador Cornejo. Los abogados de la prestigiosa institución detallaron sus cuestionamientos a la norma, formalizados en un recurso de más de cien páginas. Con la adhesión de numerosas organizaciones sociales y sindicales, solicitaron que en audiencias públicas se cristalicen derechos colectivos afectados bajo la figura del amicus curiae. Advirtieron su predisposición a agotar las instancias jurídicas por considerarlo planificado desde una “concepción ideológica severamente antidemocrática, de inspiración elitista, moralista, discriminatoria y autoritaria” que atenta contra la normativa constitucional vigente.
Fotos: Coco Yañez
En una concurrida conferencia de prensa realizada ayer al mediodía en su sede, la Asociación Civil Xumek describió los motivos por los que presentó, el 8 de noviembre pasado, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contra el recientemente aprobado Código Contravencional de la Provincia que se tramita en el expediente 13-04571570-6.
El recurso ante la máxima instancia judicial local “plantea la inconstitucionalidad de más de 40 artículos por violar una larga lista de derechos protegidos en nuestra Constitución Provincial y en la Constitución Nacional” vertidos minuciosamente en un escrito de ciento cinco páginas (leer el texto completo aquí).
En los fundamentos de su recurso, la organización asegura que “el código parece pensado por una o dos personas que no tuvieron la reflexión ni el asesoramiento necesarios para confeccionar una norma de vital importancia para la vida de las personas que habitan nuestra provincia”
Así como sostienen que viola el derecho de defensa, ya que “el procedimiento que se inicia contra el acusado de una contravención no cuenta con la presencia obligatoria de la defensa oficial, pudiendo incluso condenar a alguien sin defensa alguna. Solo quienes puedan pagar un defensor, tendrán la posibilidad de contar con un asesoramiento técnico”; limita la “libertad de expresión y el derecho de reunión” al establecer “restricciones inconstitucionales que cercenan el ejercicio de estos derechos, con expresiones vagas y ambiguas que darán lugar a arbitrariedades al momento de resolver”.
En el mismo tono, denuncian que la norma tiene disposiciones lesivas para los más pobres, ya que “la conversión del arresto en multa, junto a la necesidad de pago total para que proceda, es discriminatoria respecto de los sectores vulnerables que no pueden afrontar un pago total, frente a quienes, siendo más pudientes pueden solventar todo el pago”. Así como “criminaliza colectivos vulnerados (sanciones a la mendicidad, a la prostitución, a la limpieza y cuidado de vehículos)” pues “se criminalizan estrategias de supervivencia en espacios públicos, no por ocasionar algún perjuicio, sino solo por llevarlas a cabo, con normas imprecisas”.
En términos generales, Xumek advierte que la ley vulnera el principio de legalidad: “uno de sus rasgos más preocupantes es la amplitud y la vaguedad de los tipos contravencionales”.
El abogado Lucas Lecour, presidente de la Asociación Xumek, manifestó que “más de 43 artículos de este Código son cuestionables porque afectan principios previstos en nuestras constituciones provincial y nacional que tienen jerarquía en tratados internacionales y que generan una responsabilidad del Estado mendocino”.
El nuevo Código Contravencional consta de casi 200 artículos y el Senado lo convirtió en ley con apenas 20 votos, teñidos por el tono autoritario del gobernador Cornejo, quien logró concretar la mayoría de sus envíos legislativos bajo el modo escribanía.
Ese estrecho margen de consenso político también genera expectativas a la presentación de Xumek, al existir antecedentes de revisión en Neuquén, Buenos Aires y Tucumán ante normas similares. Lecour señala que el recurso apunta a que la Suprema Corte “llame a una audiencia pública” que incorpore integralmente todas las visiones, y por ello sugiere que “no lo resuelva una Sala, sino la Corte en pleno, porque se trata de un tema que nos afecta a todos y todas las mendocinas”.
En línea con su reclamo, el letrado afirmó que el tema “tiene que ser resuelto con la mayor participación posible, que se nos negó en la Legislatura de Mendoza a quienes pedimos colaborar en la redacción y elaboración del Código”.
