EL OTRO entrevistó a Julieta Antúnez, referente de la comunidad trans en Mendoza. La inclusión laboral es el objetivo de una campaña que se lanzó a nivel nacional y que en cada provincia cobra un carácter particular.

La Legislatura local discute un proyecto que establece un cupo básico sobre el empleo estatal. Al relegamiento estructural se le suma una coyuntura de desigualdad y violencia ascendente. La creciente ausencia del Estado esteriliza la legislación vigente y ensombrece próximas conquistas. Su visión sobre la violencia contra las mujeres y la postulación de Valerio.

Julieta es trabajadora de la salud y relata que es una de las pocas trans que en Mendoza pudo ejercer su derecho a la educación. La persistente lucha por su identidad de género le valió el reconocimiento a su capacidad, que corrobora día a día en el Hospital Italiano, donde se desempeña como licenciada en enfermería. Desde hace años, reparte su labor formal con la militancia política, que, en el ámbito de la diversidad sexual, la ha posicionado como una de sus principales referentes.

-¿Cómo surge la idea de legislar un cupo laboral trans?

-Surge en Buenos Aires, a través de Diana Sacayán (NdR: Diana Sacayán, Coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, líder trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, fue hallada asesinada el 13 de octubre de 2015 en su departamento de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires) que presentó un proyecto de cupo laboral trans, que ahora es ley en la provincia de Buenos Aires, donde se aprobó por unanimidad de ambas cámaras. La segunda provincia en la que se presentó fue Mendoza, a través del diputado Alejandro Viadana, entonces presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Yo le llamo Ley Diana Sacayán, porque tuve la suerte de discutirlo con ella antes de que la asesinaran e incorporamos algunas cuestiones específicas adaptadas a Mendoza. Por eso como impulsora, creo que debe llevar su nombre.

Julieta Antúnez
Julieta Antúnez

“Esta es una deuda histórica que el Estado tiene con nosotras, reconocer que tenemos derecho a trabajar”.

-¿Cuáles son las características del proyecto que se discute en Mendoza?

-El proyecto establece que el 1,5 % de la planta de personal del Estado debe estar resguardado para personas trans, lo que no quiere decir que deban despedir a un trabajador para respetar este cupo. Si no hay postulantes a ocupar el cargo, se debe resguardar el porcentaje. Pero postulantes hay.

-Hay sectores que plantean que los cupos son discriminatorios…

-Cuando defendí el proyecto en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales me plantearon que el proyecto era discriminatorio hacia el resto del colectivo de la diversidad. Pero no lo es, pues esos sectores acompañan el proyecto y nuestra lucha, ya que se sabe que nuestro colectivo es el que menos acceso tiene al trabajo. Las compañeras  no pueden trabajar, somos muy pocas las que mantenemos una relación de dependencia en el ámbito formal. Por otro lado, objetaban que todo cupo es discriminatorio, y eso es verdad, pero en este caso es una discriminación positiva, porque actualmente no se está asegurando trabajo, con la cantidad de despidos, y nuestro ámbito se visualiza aún más devaluado. Pero además, esta es una deuda histórica que el Estado tiene con nosotras, reconocer que tenemos derecho a trabajar. Porque el derecho al trabajo está contemplado constitucionalmente.

El proyecto pasó por LAC y espera tratamiento en la comisión de género
El proyecto pasó por LAC y espera tratamiento en la comisión de género

-¿Qué otros beneficios se buscan al garantizar trabajo?

-El acceso a la salud, algo a lo que también estamos privadas. Es verdad que el sistema público debe salir a resolver la enfermedad de nuestros cuerpos, lo cual genera mucho más gastos, pero la realidad dice que cuando nuestras compañeras consultan en las guardias de los hospitales son discriminadas  y no son atendidas. A partir de esta discriminación, la condición de vida de nuestras compañeras va de los 32 a los 40 años, menos de la media nacional, lo cual es muy agravante ya que el Estado debería responder al artículo 11 de la Ley de Identidad de Género que establece el acceso igualitario a la salud.

-¿Se están discutiendo proyectos similares en otras jurisdicciones?

-A nivel nacional, una diputada nacional por Córdoba presentó un proyecto de ley que ya no habla de cupo, sino de inclusión laboral, y está sostenida por las diferentes leyes de cupo que se han presentado en las provincias. Como las provincias no pueden legislar sobre el ámbito privado, el objetivo es que el Congreso legisle sobre el Código Civil y Comercial y entonces sí se pueda incorporar al ámbito privado. Este proyecto también estipula una reparación histórica a las compañeras que superen los 40 años y que accedan a una jubilación excepcional. Sería una recompensa a tantos años de ausencia del Estado tanto a nivel educativo, de la salud y del trabajo.

A Valerio lo vamos a impugnar porque su opinión personal, misógina, homofóbica y discriminatoria, la ha trasladado a sus fallos. Es una vergüenza que en Mendoza no haya una jueza en la Corte.

-¿En qué consiste la campaña visual que están realizando?

-La campaña es nacional, se decidió en una reunión en Córdoba y consiste en que gente común, que tiene contacto con personas trans, se exprese a favor de la inclusión. Esto dice mucho porque esta persona no está dando prioridad al estereotipo prefijado de la heteronorma social y se da la posibilidad de conocer a la persona más allá de la imagen. Y por supuesto, refuerza el acompañamiento y promoción de los distintos proyectos de ley que se están presentando en distintas provincias.

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-A muchas de tus compañeras no les queda otra que ejercer la prostitución, históricamente han sido perseguidas, hostigadas y violentadas en la vía pública.  ¿Cuál es la situación en este momento?

-Ha empeorado en los últimos meses. Sobre todo en la Ciudad (de Mendoza), donde rigen reglamentaciones retrógradas que habilitan a los preventores a una sistemática persecución. Si están vigentes la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, es ridículo que haya artículos en algunas jurisdicciones que prohíben el homosexualismo en la vía pública o la prostitución escandalosa, ¿escandalosa a los ojos de quién? O el hostigamiento hacia las personas que no pueden acreditar identidad, cuando la identidad es autopercibida. Los policías, que conocen el nombre de las chicas porque las ven todos los días, les piden documento y las llevan detenidas o las multan porque se excusan en el tema de la identidad. Ni hablar del ascenso de la violencia.

-¿Cómo vivís que en estos tiempos tan violentos contra las mujeres el gobernador postule a un juez como Valerio para la Corte?

-Es terrible. Me duele la inacción del Estado. Los funcionarios de este gobierno responsabilizan a la gestión anterior, pero en diez meses la violencia y los femicidios se han acentuado. La directora de Género y Diversidad, que se dice feminista, y con la cual hemos compartido la primera marcha Ni Una Menos, ahora es una obsecuente del gobernador que no eleva la voz de los reclamos que ella misma sostenía. A Valerio lo vamos a impugnar porque su opinión personal, misógina, homofóbica y discriminatoria, la ha trasladado a sus fallos. Es una vergüenza que en Mendoza no haya una jueza en la Corte. Queremos que sea una mujer con perspectiva de género la postulante.