Desde hace cuatro meses, la oficina anticorrupción de Mendoza no hace absolutamente nada para esclarecer una grave denuncia contra Andrea Lara, secretaria legislativa del Senado. La mujer de confianza de la vicegobernadora Laura Montero se encuentra acusada de presunta falsificación de documento público, incompatibilidad de funciones y cobro indebido de haberes.
El 28 de noviembre de 2018 EL OTRO dio a conocer un expediente administrativo con una grave denuncia contra una funcionaria de la Legislatura. La denunciante señaló que la abogada Andrea Lara, titular de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Senadores, habría falseado una declaración jurada para ocultar una incompatibilidad entre ese cargo y funciones en la Universidad Nacional de Cuyo.
La denuncia señala que la mano derecha de Montero no solo habría cometido una violación administrativa sino que, además, su conducta podría encuadrarse en el delito de falsificación de documento público, contemplado en el art. 292 del Código Penal. Asimismo, “la Dra. Lara habría cobrado sueldos en contra de la normativa legal vigente, haberes tanto del Estado Nacional como Provincial, sin proceder a la devolución de las sumas indebidamente percibidas”, según señala la primera foja del expediente 58-D-2018-05180.
Balsells Miró tiene quien le escriba
Tras la revelación de este diario, el medio ultraoficialista MDZol publicó una extensa nota en la que explicó en detalle la posición de la Oficina de Ética frente a la denuncia, poniendo en duda la consistencia de la presentación.
“La Oficina de Ética define si investiga o no a una funcionaria de Montero”, tituló el medio de comunicación socio de Cambiemos, el 4 de diciembre pasado. “El organismo, que funciona en la Legislatura, pidió informes a la Vicegobernación y en virtud de la respuesta que reciba, decidirá si se avoca o desecha la acusación. Lara negó haber cometido alguna irregularidad”, se informó en el artículo firmado por “Redacción MDZ Online”, donde el medio se ocupó de exponer con nombre y apellido a la denunciante.
En diálogo con MDZ, Gabriel Balsells Miró, titular de la autodenominada “oficina anticorrupción”, explicó el curso que seguiría el expediente: primero la denuncia sería girada a la vicegobernación, Montero tendría 15 días para contestar y, recién entonces, la Oficina de Ética resolvería si corresponde continuar o no con la investigación.
No se mueve
Han pasado exactamente 124 días desde el inicio del expediente y la investigación no registra movimiento alguno.
De acuerdo con el sistema de búsqueda de expedientes del Gobierno de Mendoza, la actuación, caratulada “Denuncia por incompatibilidad por ocupar dos cargos en el Estado”, se encuentra activa en la Oficina de Ética, bajo la responsabilidad de Guillermo Oscar Iragorre Baquero.
“Activa”, en realidad, es un eufemismo. El expediente está absolutamente quieto. Solo registra como movimiento su iniciación el 21 de noviembre de 2018, a partir de 36 fojas acumuladas. Luego, nada más que el siguiente dato: “124 días de demora”.
Claro como el agua
“No he tenido contacto con la denuncia y no quiero opinar con mucha profundidad”, le dijo la denunciada Lara a MDZ, en diciembre del año pasado, y explicó que “La Oficina de Ética Pública es la encargada de actuar en el marco del procedimiento”. “Creo que ellos son los más autorizados para expresarse”, reforzó.
Evidentemente, con el silencio y el expediente en un cajón, parece que Balsells Miró ya se ha expresado bastante.
“Cornejo me dijo que trabajara con total libertad y eso me impulsó a aceptar el cargo”, dijo el exdiputado radical, en mayo de 2018, para intentar despejar las justificadas dudas acerca de su independencia respecto del mismo gobierno que debe controlar.
Las dudas persisten. Aunque tal vez se pueda entender mejor la cercanía entre los protagonistas de la trama de la Legislatura, mirando los primeros minutos del siguiente video. Lara, Balsells Miró y Montero comparten juntos, en primera fila, un foro sobre transparencia. Justamente.
