El gobierno que encabeza Alfredo Cornejo se muestra estéril a la hora de trascender su logro más vendido: el orden de las cuentas. La vieja política copa el escenario y la semántica global del cambio se traduce en chamuyo. La calidad de vida de los mendocinos rumbea a pérdida, mientras la supuesta oposición peronista se reduce al juego corporativo del quiosco.
La contabilidad de los méritos
Los acertados mensajes de campaña ya hicieron su trabajo. La actualidad tiene que ver con gobernar y la vitalidad de cualquier proyecto político depende en buena medida de las transformaciones estructurales que el votante pueda corroborar como convenientes.
Sin ninguna duda, una de las promesas de campaña de Cornejo ha cumplido con esta premisa: existe un reconocimiento tácito de gran parte de los mendocinos, incluso de muchos directamente perjudicados, de su obstinada labor por “cerrar” las cuentas. Que esos números cuadren a fuerza de endeudamiento, ajuste, reducción del Estado o transferencia de ingresos a los grupos económicos más concentrados, es otro cantar. Por ahora, al gobernador le alcanza con explotar en versión local el latiguillo de la pesada herencia –que él mismo nutrió al bloquear los últimos dos presupuestos de la gestión de Francisco Pérez-.
Es cierto también que este ordenamiento administrativo enderezó sectores adyacentes y complementarios al estado provincial. Prueba de ello pueden dar tanto proveedores de insumos elementales como intendentes que reciben rigurosa y puntualmente su cuota de coparticipación. Lo del pago a término de los salarios estatales se explica más desde el “versito” de la herencia. Al margen de los inocultables y graves desaguisados en los que naufragó el paquismo, los registros de acreditación de haberes de toda la gestión Pérez indican objetivamente que, sólo en algunos meses finales del gobierno, el depósito de los sueldos se retrasó del puntual último día hábil del mes.
¿Quién defiende los intereses de Mendoza?
El rédito de la disciplina fiscal encierra efectos secundarios. Cornejo, con sus matices, es la cara de Macri en Mendoza –más allá de los análisis que lo ubican a la vanguardia del presidente- y padece, con gusto o no, la crisis económica que transita la Argentina. La provincia no camina y el ajuste estatal precariza servicios básicos, convirtiendo a la prolijidad contable en un logro cada vez más etéreo.
La situación se potencia a partir de definiciones del gobierno nacional que implican daños automáticos a las finanzas locales. Un ejemplo entre tantos, se retrató en este medio hace pocos días. El tarifazo dispuesto por el ministro de energía de la Nación, Juan Aranguren, de manera inmediata le costó a Mendoza algo más de 7 millones de pesos, luego de que el gobierno provincial decidiera subsidiar las facturas eléctricas de un numeroso y poderoso grupo de industrias agobiadas por la crisis.
El caso mencionado revela contundentemente el criterio de distribución de la riqueza que el primer mandatario mendocino ejecuta obediente y sin chistar. El macrismo establece un descomunal aumento de tarifas que incide sobre sectores de la producción y la industria locales. En consecuencia, el estado provincial acude en su auxilio y subsidia gran parte de ese tarifazo, por lo que la plata de todos los mendocinos culmina su ciclo en las arcas de las empresas de servicios, que, por si no bastara, fueron dispensadas de obligaciones impositivas multimillonarias. Ilustremos con un dato: el gobierno de Cambiemos le condonó a EDEMSA –del Grupo Vila-Manzano- una deuda de $ 1340 millones.
Esta operación matemática de segundo ciclo escolar, aparente e inexplicablemente, permanece oculta todavía en el imaginario de muchos trabajadores, que no logran vincular la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores sociales más ricos con su asumido empobrecimiento, a partir de paritarias con techo 10+7= 13,5 con inflación del 40.
Quioscos de la vieja política
Lamentablemente, desde la oposición política tampoco se promueve revertir ese déficit interpretativo que impone el gobierno de los ricos. Al menos en Mendoza, se aprecia un peronismo institucional concentrado y resignado en reproducir -con la menor pérdida posible- la representación legislativa que se pone en juego en las elecciones de este año. Domesticados por Cornejo a fuerza de billetera y carpetazos, los gerontes del nuevo PJ participan de la discusión pública desde la exposición de sus mezquinos intereses. Son escasas las intervenciones que desde el “partido” se lanzan por los padecimientos de los trabajadores, comerciantes, empresarios. Sin embargo, barruntan a los gritos si el oficialismo amenaza con entrometerse en la mecánica electoral.
La complicidad de la cúpula justicialista, disfrazada desde el argumento de la gobernabilidad, llegó al ridículo la semana pasada cuando un grupo de diputados solicitó la interpelación del ministro de hacienda provincial Martín Kerchner Tomba. El triple ingreso de las arcas públicas que ostenta el ministro más mimado de Alfredo, fue justificado con empeño por el presidente del PJ Omar Félix, al punto de desautorizar a Javier Cofano, presidente de su bloque, una suerte de paje sureño que le reporta directamente.
La síntesis del insulto corporativo la proporcionaron otros dos legisladores. Juan Gantus, senador del PJ y predecesor de Kerchner Tomba, admitió que durante su función ministerial también recibía un ingreso por gastos de representación, algo que en aquel momento no precisó en su declaración jurada. Por otro lado, Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados, defendió el “salariazo kerchnerista” apelando a la herencia: los ministros del PJ también lo cobraban.
El razonamiento de Parés –no es un oxímoron-, ungido como defensor y vocero del oficialismo en la polémica, se conjuga armónicamente con la vetusta actitud de Félix: los privilegios, las dádivas, los recursos extraordinarios y viáticos o gastos de representación son propios de la corpo y el cambio llega hasta ahí. Juran y perjuran no pisarse la capa entre superhéroes.
Así, las buenas intenciones de algunos dirigentes, que reniegan de estas metodologías políticas arcaicas, son “bochadas” automáticamente por la corporación que cierra filas sobre sí misma. Por lo que resulta necesario que el peronismo se impregne de generosas dosis de desprolijidad, frescura, espíritu crítico y rebeldía, si es que quiere incomodar al poder real en beneficio de las mayorías, pretensión -hasta ahora- irrealizable en el mundo de fantasía de la autodenominada izquierda.
