Pasaron cuatro meses y no hay avances. La Justicia aún no imputa al subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, a pesar de las pruebas concretas que lo incriminan. Los abogados de las víctimas y el colectivo Ni Una Menos denuncian un trato preferencial hacia el funcionario acusado de repetidos abusos sexuales. El militante de Cambiemos cuenta a su favor con el respaldo político de Cornejo y el silencio de los medios hegemónicos.
El escándalo tomó estado público a través de la mayoría de los medios de comunicación locales y algunos de alcance nacional. Sin embargo, a cuatro meses de aquellas denuncias, la investigación no muestra avances significativos y la causa fue silenciada en diarios, radios y canales de TV oficialistas.
El colectivo Ni Una Menos difundió un comunicado denunciando que la lentitud judicial favorece arbitrariamente al funcionario del gobierno y coloca en estado de desprotección a las víctimas.
Por su parte, Alfredo Guevara y Julieta Naciff, representantes legales de las víctimas solicitaron ante el Primer Juzgado de Garantías la nulidad de todo lo actuado. En una audiencia que se llevó a cabo durante la mañana de ayer, los querellantes cuestionaron a la fiscal Cecilia Bignert y pidieron su apartamiento. Sin embargo, la jueza Cristina Pietrasanta entendió que no hay irregularidades que justifiquen tal solicitud.
“El caso Jofré es un caso típico de doble estándar. Hay un tratamiento distintivo cuando hay funcionarios denunciados. En cualquier otro caso, con las pruebas que hay, que son contundentes, Jofré ya estaría imputado”, se quejó Guevara, luego de la audiencia, en diálogo con EL OTRO.
¿Cuáles son esas pruebas?
Las declaraciones de las víctimas. Los hechos ocurrieron en la oficina del subsecretario de Trabajo, a puertas cerradas y sin testigos. Entonces, no hay una complejidad para la investigación, basta la testimonial de las víctimas. Además, en el informe pericial de la Dirección de la Mujer de la Corte, que en este caso ya ha señalado las consecuencias de los hechos sobre ellas, los relatos aparecen coherentes, no hay elementos que puedan hacer presumir que hubiese fabulación, tampoco contradicciones en el relato.
La violencia contra la mujer frecuentemente se produce en el hogar o en lugares donde no hay terceras personas o testigos, es por eso que la Convención Internacional de Belem do Pará y la ley nacional que protege a las mujeres frente a la violencia de género, establece el principio de “libertad probatoria”, de acuerdo con el cual la sola declaración de la mujer, si es creíble y verosímil, es prueba suficiente para imputar al denunciado.
En el caso Jofré hay tres denuncias similares, lo cual incrementa la credibilidad de esas denuncias. Además son personas que, si bien trabajan en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, no comparten la misma oficina, no tienen un trato cotidiano entre ellas. No se puede hablar de que se hayan puesto de acuerdo, eso no se puede presumir, al contrario, la existencia de las tres denuncias precisamente señalan un patrón de conducta o un modus operandi del denunciado.
No hay forma de justificar, desde el punto de vista jurídico, la decisión de la magistrada. Hay protocolos que aplica la Corte desde el 2016, y a los cuales adhirió la Procuración, que implicarían al menos la imputación de Jofré con los elementos de prueba con los que ya se cuentan. No tiene ningún sentido recabar pruebas durante meses. O la causa avanza o se dicta sobreseimiento y se archiva, si se cree que no es suficiente con la palabra de las víctimas.
En cualquier situación de violencia de género como esta, el denunciado ya estaría imputado, y hasta podría ser detenido, y ya se habrían librado medidas de protección para las víctimas, entre ellas la prohibición de acercamiento. Con este doble estándar en favor de Jofré se produce una situación discriminatoria.
Ya apelamos la decisión de Pietrasanta. De todos modos creemos que es una cuestión de tiempo. Es probable que, mientras se decida sobre la apelación, se incorporen al expediente pericias psicológicas que se ordenaron en el Cuerpo Médico Forense y allí la fiscal no tendrá otra alternativa que imputar a Jofré y continuar con la investigación.
¿En qué aspectos se evidencia esa estrategia?
Desde Ni Una Menos convocamos a todos los medios a esta audiencia, pero solo ustedes y el diario Va con firma se preocuparon por el caso. Los medios hegemónicos son funcionales al gobierno provincial, todo el tiempo intentamos visibilizar las violencias que sufrimos las mujeres, pero nos encontramos con una pared, una selección de información, cuando se trata de proteger al poder y a un sector minoritario de la corporación política.
En este caso estamos hablando, ni más ni menos, que del subsecretario de Trabajo. Cualquier ciudadano común con tres denuncias de abuso sexual ya estaría imputado, lo hubiesen detenido. Cómo se nota que hay una doble Justicia: a los varones violentos pobres automáticamente los encierran y los “hijos del poder” son intocables.
Yo desafío a cualquiera que demuestre, con pruebas, que las mujeres mentimos cuando somos violentadas, como si fuese tan fácil exponernos. En este caso, es muy preocupante que la fiscalía que se especializa en abordar delitos contra la integridad sexual, no crea ni escuche la palabra de las mujeres. Las pericias realizadas a quienes sufrieron estos abusos demuestran que no son mitómanas, de solo tomar contacto con ellas una se puede dar cuenta del daño psicológico que ha generado este hombre en forma sistemática. No fueron hechos aislados, en algunos casos se extendieron durante años.
Sabemos perfectamente que hay otras mujeres que han estado en situación de acoso en la Subsecretaría de Trabajo. Como Jofré no está imputado, y sigue siendo el jefe, se mueve libremente para seguir haciendo diferentes tipos de canalladas, como ofrecer mejores trabajos a cambio de silencio. Las propias chicas tienen que seguir yendo a trabajar, durante meses, al mismo lugar que Jofré, porque la Justicia no libró todavía una prohibición de acercamiento.
Con este accionar del poder político y judicial hay un mensaje disciplinador para el conjunto de las mujeres. Ese mensaje es: “no intentés denunciar porque no te va a servir para nada”. Nosotras entendemos que tenemos leyes y derechos y, por más que la Justicia funcione mal y no sea autónoma del poder político, eso no quita que debamos exigir que funcione. La Justicia tiene que hacer cumplir las leyes que en este caso claramente se han violado.
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