La prohibición judicial de acercamiento impuesta a Gianni Venier por violencia de género y la posterior protección política del gobernador hacia el ministro de Seguridad, generaron reacciones inmediatas del movimiento feminista y de legisladoras de la oposición. Senadoras y diputadas provinciales denunciaron que Cornejo incurrió en violencia institucional y discriminación por motivos de género.
La semana pasada EL OTRO reveló en exclusiva que la cónyuge de Gianni Venier denunció al ministro de Seguridad provincial por violencia de género intrafamiliar y requirió una “prohibición de acercamiento y acceso”, la que le fue concedida por la titular del Séptimo Juzgado de Familia, Flavia Ferraro.
A pocas horas de publicada la noticia, el gobierno de Mendoza difundió a través de sus medios afines un escueto comunicado con la intención de negar la situación de violencia de género, desacreditar a la esposa del funcionario, sugerir la existencia de agresiones mutuas, y subestimar la decisión de la magistrada.
En duros términos, la abogada de la denunciante rebatió la versión oficial. En un escrito en el que contestó en detalle los argumentos falaces del Ejecutivo, la doctora Ana Natacha Romano consideró que las palabras del gobierno reflejan “un pensamiento netamente machista y detractor hacia la figura de la mujer”.
Problemática social
El miércoles pasado, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista solicitó al gobierno provincial una “respuesta política” y rechazó el carácter de conflicto de “índole privada” que la administración provincial pretendió asignarle a los hechos considerados en sede judicial. “Debemos destacar que cualquier conducta de un funcionario de alto nivel es tema de interés público y la violencia de género, una problemática social”, señalaron desde la prestigiosa Red Par.
Además, la organización de periodistas mostró su preocupación en que sea justamente el ministro denunciado por violencia de género el mentor de la reforma del cuestionado Código Contravencional, “un proyecto de ley que carece de perspectiva de género y retrocede en cuanto a los derechos conquistados por los movimientos de mujeres y de diversidad sexual”.
“Cabe recordar que no es el primer funcionario del gabinete del gobernador Alfredo Cornejo que es denunciado por violencia hacia las mujeres, y que en todas las ocasiones el Ejecutivo ha optado por el silencio y el sostenimiento de los acusados, desamparando a las víctimas y, extensivamente, a todas las mujeres que se ven obligadas en situaciones de este tipo a apelar a la Justicia para proteger su integridad y la de sus familias”, planteó Red Par Mendoza y solicitó al gobierno que “garantice acciones contundentes que demuestren un real compromiso con la erradicación de este tipo de violencia”.
“Un lamentable récord de funcionarios violentos”
Por su parte, Ni Una Menos Mendoza divulgó el último jueves un comunicado en el que repudió el “accionar violento” de Venier y exigió al gobierno que “termine la complicidad con la violencia hacia las mujeres”.
El colectivo feminista rechazó además “el malicioso comunicado emitido por el gobierno al respecto de esta situación”. Para esta organización el caso Venier no es un hecho aislado, sino que forma parte de un “lamentable récord de funcionarios violentos”, al amparo de “un mecanismo explícitamente diseñado para el ocultamiento mediático, el tratamiento judicial privilegiado para los agresores, la denostación y hasta el hostigamiento de las víctimas”.
Las más de 70 organizaciones que conforman el colectivo exigieron respuestas institucionales y políticas contundentes para erradicar la violencia de género y terminar con los funcionarios violentos, además de “protección de los derechos para las mujeres”.
Por último, cuestionaron que la administración provincial haya calificado la violencia de género como un hecho de “índole privada”, considerando que esta postura institucional va “en detrimento de años de avance y concientización sobre este flagelo”.
“Un acto evidentemente discriminatorio”
La psicóloga Dolores Alfonso junto a las legisladoras provinciales justicialistas Fernanda Lacoste, Patricia Galván, Liliana Paponet, Silvina Camiolo y Patricia Fadel denunciaron al gobernador Cornejo, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, por discriminación por motivos de género.
En el extenso escrito, presentado en la sede local del Inadi el último viernes, se considera que, en torno al caso Venier, el gobierno provincial tuvo “la intención de negar que se trate de una situación de violencia de género, desacreditando la actuación de la Justicia, poniendo en duda a la denunciante y sosteniendo que se trata de una cuestión de índole privado”.
Luego de fundar su reclamo en legislación nacional e internacional y recordar que el mandatario mendocino tiene la obligación de bregar por la eliminación de la discriminación contra la mujer, las denunciantes pusieron en relieve la gravedad de la respuesta pública del gobierno.
“Si bien es muy grave que un altísimo funcionario de la provincia se encuentre denunciado por violencia de género, mucho más grave aún es la respuesta que ha dado el gobierno al expresar que se trata de un acto privado en el marco de un juicio de divorcio”, señala la denuncia y luego agrega: “Dichas afirmaciones constituyen un acto de violencia en sí mismo, ya que apelan a valores y patrones estereotipados que reproducen la discriminación y la dominación de las mujeres en la sociedad (art. 5 Ley 26.485) y en una Argentina donde además muere una mujer cada 30 horas víctima de violencia de género”.
Por último, en el escrito al que deberá abocarse el Inadi, las denunciantes plantearon que Cornejo incurrió en “violencia institucional”, ya que buscó “obstaculizar, retardar e impedir que los actos denunciados sean tratados como un caso de violencia de género”.
“Es evidente que la respuesta dada por el Gobierno ante la denuncia por violencia de género por parte de un alto funcionario de su equipo, no solo denota una total falta de conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente en materia de violencia de género, sino que además le otorga institucionalidad a un acto que resulta evidentemente discriminatorio al minimizar la violencia hacia las mujeres como un acto privado”, concluyó la denuncia.
Venier, con prohibición de acercamiento por violencia de género
