La vicegobernadora adhirió al discurso machista del gobierno. “No quiero opinar demasiado sobre la situación particular, porque justamente está en el ámbito de Familia y en proceso de divorcio”, dijo Laura Montero para esquivar una definición de fondo sobre la grave denuncia de violencia de género contra el ministro de Seguridad.

Gianni Venier, ministro de Seguridad. Foto de archivo: Cámara de Diputados

La naturalización de la violencia de género en el contexto familiar es una realidad que, afortunadamente, está siendo puesta en cuestión desde sectores sociales, culturales y políticos. Hasta en las instituciones más conservadoras ya se tomaron decisiones sin precedentes para sancionar conductas machistas, en ámbitos que solían considerarse al margen de las normas y la autoridad pública.

Por ejemplo, en marzo del año pasado, por primera vez en la historia argentina, un militar fue destituido de las fuerzas armadas por ejercer violencia contra su pareja en su vivienda particular. “El caso es relevante porque destierra el mito de que la violencia de género es un asunto de la vida privada. Es una cuestión de política pública”, destacó entonces Carolina Urtea, directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, en diálogo con Página/12.

Foto de archivo: Seba Heras

No obstante estos notables avances en materia de derechos humanos, todavía persisten en la sociedad, en los medios de comunicación y en los tres poderes del Estado, definiciones misóginas que abonan el mito de la violencia intrafamiliar como un asunto “puertas adentro”.

En torno al caso del funcionario público Venier, Mendoza ha sido una muestra patética de una marcha institucional a contramano de la lucha contra un flagelo que se cobra, en nuestro país, la vida de una mujer cada 30 horas. Muchas de ellas en manos de sus propias parejas, en la privacidad de sus hogares.

Montero no quiere opinar

Laura Montero. Foto de archivo: Coco Yañez

Mientras la Justicia de Familia mantiene la restricción de acercamiento de Gianni Venier a su esposa por violencia de género, la vicegobernadora de Mendoza se sumó al sostenimiento de la impunidad política del ministro de Seguridad, recurriendo a la vieja y conocida falacia de la “situación particular”.

“Hay un proceso judicial, está dentro del ámbito de Familia. No quiero opinar demasiado sobre la situación particular, porque justamente está en el ámbito de Familia y en proceso de divorcio”, declaró este jueves la presidenta del Senado, durante una conferencia de prensa en la Legislatura.

Luego de reivindicarse como “una ferviente defensora de los derechos de las mujeres” y destacar las acciones del Estado “para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género”, la segunda autoridad electa más importante de Mendoza se excusó de fijar una posición institucional respecto al caso Venier.

“Yo no puedo opinar desde esta perspectiva en un proceso judicial, y menos si hay un proceso judicial de divorcio”, cerró Montero ante las y los periodistas, ignorando u omitiendo que en el expediente “tutelar” (no de divorcio) consta una pericia oficial que consigna que la mujer denunciante presenta “indicadores psíquicos compatibles con patología vincular y violencia de género de larga data”.

Lo privado es político

Foto de archivo: Cristian Martínez

El 12 de setiembre, a pocas horas de que EL OTRO revelara la situación judicial del jefe de la cartera de Seguridad, el gobierno de Mendoza difundió, a través de sus medios afines, un escueto comunicado con la intención de negar la situación de violencia de género, desacreditar a la esposa del funcionario, sugerir la existencia de agresiones mutuas, y subestimar la resolución de restricción de acercamiento firmada por la jueza Flavia Ferraro.

La versión oficial fue rápidamente desmentida por Ana Natacha Romano, representante legal de la denunciante. La estrategia comunicacional del Ejecutivo también recibió el repudio de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (Red Par) y duras críticas del colectivo feminista Ni Una Menos Mendoza. Incluso, legisladoras provinciales de la oposición presentaron una denuncia ante el Inadi, acusando a Cornejo de haber incurrido en violencia institucional y discriminación de género.

Todas coincidieron en cuestionar el mito del “conflicto de índole privada”, “enmarcado dentro de un proceso de divorcio”, difundido por el tándem gobierno/medios hegemónicos de comunicación.

Montero no se apartó del libreto oficial.

 


 

Aclaración para nuestros/as lectores/as:

Desde el 12 de setiembre, EL OTRO envió a la vicegobernadora de Mendoza tres notas periodísticas de este medio (ver abajo) con información judicial y documentos oficiales del caso Venier.

El lunes pasado le solicitamos a Laura Montero, a través del área de prensa de la Legislatura, una declaración al respecto. Como suele ocurrir cada vez que este diario requiere palabras oficiales, todavía no recibimos una respuesta.

 


 

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