En medio de los cuestionamientos hacia Gabriela Chaves, el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, dispuso que la fiscal se encargue “en forma exclusiva” de las investigaciones contra la Túpac Amaru. ¿Privilegio judicial o manotazo de ahogado?

Estrictamente Túpac

Foto: UNCuyo
Alejandro Gullé.

El pasado 18 de septiembre, a escasos días del revés judicial que recibió la Operación Túpac de parte de la Octava Cámara del Crimen, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, decidió que la fiscal Gabriela Chaves se ocupara exclusivamente de la persecución penal de los miembros de esa organización barrial.

Mediante la Resolución N° 919/17 –no publicada en la web oficial del Ministerio Público-, Gullé dispuso “que la Fiscalía de Instrucción N° 7 a cargo de la Dra. Gabriela Chaves, a partir del 20 de septiembre de 2017, se encargue en forma exclusiva de la investigación de las causas 29.830/17 y sus acumuladas, conocidas públicamente como ´Agrupación Tupac Amaru´, hasta su incorporación a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos”, según reza textualmente el artículo 1° de esa norma.

Foto: Coco Yañez
La fiscal Chaves y sus ayudantes.

En los fundamentos de la resolución, a la que tuvo acceso EL OTRO esta semana, el procurador consideró que las causas de la Túpac a cargo de Chaves “requieren de un tratamiento exhaustivo, ya que la investigación es compleja, con un gran número de medidas probatorias, y gran cantidad de víctimas”. Aunque eso no es todo. La exclusividad asignada a la fiscal se justifica, según el propio Gullé, en que se trata de “un caso de trascendencia pública a nivel nacional”.

Además, el procurador dispuso fortalecer la Fiscalía N° 7, asignando a los ayudantes fiscales Jorge Quiroga y Fernando Castro a cumplir funciones en las causas de la Túpac, con la misma exclusividad que Chaves, “a partir del 20 de septiembre de 2017 y hasta nueva disposición”.

Run run judicial

Foto: Prensa Gob. Mza.
Gullé y Cornejo.

A nadie escapa que todas las unidades fiscales de Mendoza se encuentran desbordadas de causas judiciales, debido a la grave situación de inseguridad que vive la provincia, a lo que se le suma la política de “mano dura”, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, que acrecienta la acción penal.

Frente a este cuadro, resulta sumamente sugestivo que el procurador general, aliado de Cornejo en su política punitivista, desafecte a una fiscal de todas sus causas para asignarle exclusivamente una sola investigación teñida de intencionalidad política.

Por lo bajo, desde algunos sectores de la Justicia ya se califica como un “privilegio” el trato diferencial recibido por la fiscal Chaves, quien, no obstante el respaldo pleno de la máxima autoridad del Ministerio Público provincial, no para de cosechar reveses judiciales.

El 4 de septiembre, la Octava Cámara del Crimen dio el primer mazazo contra las causas construidas por la fiscal y avaladas por la jueza Cristina Pietrasanta. Por entonces, los magistrados Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, con durísimos cuestionamientos a Chaves, dejaron sin efecto las prisiones preventivas de Nélida Rojas, su esposo, sus hijas y su nuera, por falta de sustento jurídico.

Foto: Coco Yañez
Nélida Rojas y su defensor Alfredo Guevara.

Con posterioridad, otras decisiones judiciales desmoronaron las acusaciones de la fiscal exclusiva. La semana pasada, el juez federal Marcelo Garnica rechazó un reclamo de Chaves para que le girara una causa que se tramita en el Juzgado Federal N° 3 y, en el fuero local, la magistrada Pietrasanta otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Federico Torrengo, hijo de Rojas y último miembro de la Túpac en abandonar la prisión común.

Ayer se conoció que la Octava Cámara del Crimen volvió a darle la espalda a la fiscal, al rechazarle un recurso de casación. Con respaldo del Ejecutivo, Chaves irá en queja ante la Suprema Corte de Justicia, pero con sus esperanzas notoriamente menguadas.

 


 

Resolución 919/17