Delegados de ATE de la sede Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación denuncian un plan sistemático de vaciamiento del organismo. En un clima de parálisis de la dependencia e incertidumbre laboral, Paola Ovejero y Ezequiel Godoy explicaron a EL OTRO los cambios que impulsa el gobierno de Macri.
Fotos: Luciano Viard
Para casi nadie es una novedad que el Estado argentino es uno de los empleadores informales más importantes. Lo fue durante los años 90 del siglo pasado y lo sigue siendo en las primeras décadas de este.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación tiene la responsabilidad, entre otras, de terminar con la precarización laboral y brindar un marco de dignidad general a trabajadoras y trabajadores. Paradójicamente, en la delegación mendocina casi el 60% de los empleados del organismo se encuentran vinculados con “contratos basura” que enmascaran la relación laboral y, en consecuencia, se los priva de derechos esenciales como estabilidad, salarios de convenio, seguridad social, ART, licencias, etc.
Ezequiel Godoy y Paola Ovejero trabajan en la delegación Mendoza del Ministerio de Trabajo. Ambos son delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Un decreto y una decisión administrativa van a modificar la estructura de la repartición en todas las provincias en las que actúa. EL OTRO dialogó con ellos para conocer las consecuencias de estos cambios.
¿Cómo impactan el decreto 174/18 y la decisión administrativa 296/148 en la estructura del Ministerio?
Ezequiel: Teníamos tres secretarías: de Empleo y Capacitación Laboral, de Trabajo y de Seguridad Social. Con este decreto sumaron tres secretarías más, duplicando los cargos políticos que teníamos antes de esa decisión ejecutiva.
Justo lo contrario de lo que se quería imponer desde el decreto…
Ezequiel: Claro. Sacaron, sí, algunas direcciones y áreas, como la de Programación Técnica que se encarga de las encuestas sobre el empleo registrado, que se publican anualmente. Sobre eso no hay ninguna aclaración.
Paola: Esto tiene que ver con los indicadores laborales que podés ver en la página web del Ministerio. Hoy esos trabajadores no saben dónde están en el organigrama.
Ezequiel: Están en el limbo porque las direcciones se eliminaron y los trabajadores y las trabajadoras no saben a qué área van a responder.
Uno de los inconvenientes que tiene esta reestructuración es que no solo se jerarquizan direcciones sino que se suben los sueldos también.
En cada provincia hay delegaciones y gerencias de empleo como estructuras distintas, con esta normativa se crean agencias territoriales que van a fusionar las dos estructuras.
Paola: Nosotros estamos en ese proceso y el organigrama se ha aprobado hasta los secretarios. Para abajo aún no hay estructura administrativa.
¿Quién se hace responsable?
Ezequiel: No sabemos. Se elimina la Gerencia de Empleo que tiene a su cargo programas de capacitación y orientación al trabajo, y la delegación en la que funciona centralmente el PNRT, que es el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, desde donde se fiscaliza y promueve el trabajo registrado. Esto va a ser una sola dependencia que es la Agencia Territorial. Aún no sabemos quién va a asumir este trabajo y, principalmente, no contamos con insumos básicos para cumplir con nuestras tareas.
También tenemos la incertidumbre de no saber si tenemos estabilidad laboral.
¿Cuáles son los insumos que faltan?
Paola: El servicio de limpieza acá en Mendoza no se paga hace ocho meses y las dos compañeras que se ocupan de hacerlo trabajan igual, e incluso compran los elementos que necesitan para mantener limpio el edificio.
Ezequiel: Hoy estamos sin viáticos ni combustible para los vehículos, sin poder realizar inspecciones fuera del Gran Mendoza. Tampoco tenemos una línea clara en lo que tiene que ver con las fiscalizaciones, ya que las exigencias suben pero los recursos no están. Tenemos que hacer malabares para poder fiscalizar.
¿Cómo evalúan estas actitudes?
Ezequiel: Nosotros entendemos que es una planificación que se está haciendo en diferentes organismos del Estado, donde se están sufriendo despidos y persecuciones, como los casos del Hospital Posadas, el INTI, SENASA y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
Vemos que es un plan sistemático para vaciar de políticas públicas del Estado y que esto se traduce en menos derechos para la población.
¿Quiénes son los responsables locales de esto?
Paola: Gustavo Senetiner sigue siendo director hasta que no lo designen nuevamente. Pero está en stand by. El delegado es Luis Esteban Gargiulo y la gerenta de Empleo es Emilce Vega.
¿Cómo se vive, puertas adentro, esta parálisis e incertidumbre?
Ezequiel: Nosotros decidimos hacer pública la situación que estamos viviendo después de una reunión que tuvimos con ellos, hace dos semanas. Realizamos una asamblea mientras ellos tuvieron una teleconferencia con el secretario que está por asumir. Nos contaron que en esa teleconferencia el equipo que se va a poner al frente de la secretaría había pedido paciencia y que no se levante preocupación en torno a esto.
El antecedente negativo que tenemos es que ya despidieron a 10 compañeros a finales de marzo de 2016 y en 2017 echaron a una compañera. Esta semana es fundamental para nosotros porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos del fin de semana largo.
Paola: La incertidumbre está generando un clima de angustia. En la última asamblea que realizamos la participación fue del cien por cien de los compañeros y compañeras. Y la realidad es que no sabemos qué va a pasar porque existe la posibilidad de que algunas tareas se superpongan, y que para la suba de sueldos que planean tengan que buscar recursos en otras áreas.
¿Cuál es la proporción de empleados con estabilidad laboral en planta permanente y contratados de manera precaria?
Ezequiel: Si hay que hablar de proporción, podemos decir que alrededor del 60% de los trabajadores y las trabajadoras estamos contratados. Tenemos compañeros que han estado contratados por 8, 10 y hasta 20 años.
