El Frente de Todos propuso duplicar impuestos a la banca privada en favor del sector productivo y los trabajadores. Desde la alianza oficialista, coro mediático y gremios empresariales afines incluidos, instan a un ajuste fiscal y del empleo público en beneficio propio.
Sinrazón
“Entendemos que no hay razones ni éticas, ni políticas , ni económicas para estar en contra de este proyecto de ley”, señaló la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti al presentar el jueves pasado la propuesta del peronismo para duplicar la alícuota de Ingresos Brutos de las entidades bancarias privadas que operan en Mendoza. De aprobarse, ingresarían como mínimo unos 1500 millones de pesos anuales a las alicaídas arcas provinciales.
Desmoronado el mito del orden de las cuentas y la buena administración de Alfredo Cornejo -con anterioridad a la llegada del coronavirus la situación financiera de la provincia era muy grave-, resulta un monto nada despreciable ante el derrumbe de la recaudación y los malabares para posponer los compromisos con el Banco Nación, Anses y el cumplimiento del exorbitante endeudamiento en dólares.
La advertencia de Fernández Sagasti no es ingenua y en realidad suena a desafío. Se inscribe en la tensión más explícita que trajo la pandemia: el rol del Estado. A diestra, siniestra, de repente, el consenso general lo pondera. Pero naturalmente surgen las contradicciones en cuanto al sentido de su acción.
Del otro lado de la escena bifronte, la diputada provincial Josefina Canale proyecta una rebaja salarial sobre los trabajadores del Estado no esenciales bajo la máscara de una suerte de préstamo. No es más que el eco de las asociaciones empresarias que reclaman el recorte y establecimiento de salarios máximos de emergencia “a lo largo y ancho del Estado provincial en línea con el sector privado” y bajar los costos de “la política”.
En su discurso del primero de mayo ante la Asamblea Legislativa, el gobernador algo insinuó, no solo con su proyecto unicameral como respuesta a la perorata antipolítica. Observó al pasar que los empleados públicos “gozan de salarios un 30 por ciento superior a los que se registran en el sector privado”.
Al discurso antipolítica y de ataque sobre los empleados públicos lo completa y engorda la maquinaria de medios financiados por la pauta publicitaria. Que en definitiva los coloca en flagrancia por la disputa de la teta estatal. Sabedores, claro, que el mismo Suarez ya les garantizó su cuota presupuestaria, casi equivalente al incremento sobre los ingresos brutos propuesto por la oposición peronista.
Aquel desafío planteado por la senadora, entonces, fuerza a Suarez a definir -con claridad o indiferencia- sobre quiénes recaerá el esfuerzo. Hay aquí, mal que le pese a Fernández Sagasti, una razón de peso: la ideológica. Pues el radicalismo, sobre todo en los últimos años y profundizado por el liderazgo de Cornejo, ya parece haber optado en contra de los intereses de las y los trabajadores.
Bienvenida la política
Pero la iniciativa del Frente de Todos, más allá de su carácter concreto y de simple implementación, denota otra novedad en la dimensión política: un acercamiento a sus banderas más fecundas, tras algunos traspiés -muy recientes incluso- en el tránsito de su crisis de identidad. Rascar en los bancos no es lo más habitual, más allá de que la excepcionalidad de las circunstancias y el debate global en torno a la distribución de la riqueza coligen cierto clima propicio. Se hace, por supuesto, con el plafón del voluminoso apoyo popular que ostenta la figura del presidente.
A Suarez, en cambio, la coyuntura política lo encuentra en una encerrona. Es muy probable que su mandato, en toda su extensión, esté condicionado a la dependencia de ayuda financiera nacional. Por lo tanto, invitado a adherir a resoluciones que no combinan con el menú de preferencias de la alianza PRO-UCR.
Le quedará al heredero de Cornejo ser lo suficientemente hábil para equilibrar las contradicciones surgidas entre el aire de época, su responsabilidad funcional y el proyecto político personal de su mentor, dirigido a contramano y sosteniendo en una gran porción del control administrativo, legislativo, judicial y territorial de la actual gestión.
El carácter esencial de la actividad política y el rol del Estado copan la etapa: el destino colectivo, la presión sectorial, la expectativa individual serán representadas.
Veremos cuáles prevalecerán.
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