Un tibio y calculado “ni”, ni verde ni celeste, es la ambigua posición del candidato a diputado nacional del oficialismo. Cornejo propone dilatar el debate legislativo con una consulta popular o plebiscito, “soluciones” expresamente prohibidas por la Constitución Nacional. Eludiendo la gravísima problemática de salud pública, el gobernador patea la pelota para adelante, aunque admite que actualmente se realizan interrupciones legales de embarazos en hospitales públicos de Mendoza. El difícil equilibrio entre la hegemonía de derecha y los resabios “progresistas” de la alianza PRO-UCR.
Simulando una postura conciliadora para evitar el choque con su base electoral conservadora y, al mismo tiempo, no irritar todavía más a sus militantes universitarios de Franja Morada, el gobernador de Mendoza y candidato a diputado nacional, Alfredo Cornejo, se mostró sumamente contradictorio e inseguro cuando periodistas de Radio U, de la Universidad Nacional de Cuyo, le consultaron acerca de su posición sobre la legalización del aborto.
“Categóricamente me niego a emitir una opinión”, contestó Cornejo e inmediatamente se fue por las ramas con una desopilante argumentación:
“Esto (por el aborto) tiene trabado la modificación del Código Penal que tiene un montón de otras cosas que debieran ser tratadas y no han sido tratadas, como la equiparación en materia de robos… como ser, alguien se roba un auto, lo encuentran manejando el auto y dice ‘No, me lo encontré, me lo prestó un amigo’ ¿Y qué es lo que le ponen?, tenencia… o complicidad en un robo pero no le ponen robo, con lo cual está libre inmediatamente, solo por diez minutos después de encontrarlo en el auto. Esta reforma que está en el futuro Código Penal está parada por el tema del aborto”.
Fingí prudencia
La principal estrategia electoral de Cornejo de cara a las elecciones PASO del próximo domingo ha sido la profundización de la polarización y la agresión permanente hacia la oposición peronista. Sin embargo, ante el aborto finge ser equilibrado y promotor de formas de democracia semidirecta.
En la entrevista con Radio U Cornejo propuso “un plebiscito o consulta popular vinculante o no vinculante”, “como se hizo en Irlanda y otros países de tradiciones culturales similares a la Argentina, con algunas diferencias notorias pero no en materia religiosa, etcétera”, “para no someter al Congreso a una votación sobre algo que tiene una profunda herida y una profunda grieta”.
Más allá de la notoria ignorancia sobre las características del referéndum irlandés de 2018, que por supuesto nada tiene que ver con la realidad argentina, la propuesta de Cornejo no solo deslinda al Poder Legislativo de la Nación de su responsabilidad esencial, que es justamente legislar, sino que resulta tan demagógica como inconstitucional.
En primer lugar, la figura de “consulta popular vinculante” no existe en nuestra Constitución Nacional y, en segundo lugar, el artículo 39 de la Carta Magna señala expresamente que no pueden ser objeto de iniciativa popular (lo que se hace extensivo a la consulta popular) los proyectos que legislen materia penal, como sería obviamente la despenalización del aborto. A su vez, la posibilidad de plebiscitar derechos humanos es violatorio de principios democráticos básicos incorporados a nuestra Constitución.
En definitiva, tal propuesta de Cornejo solo puede ser interpretada como una maniobra electoralista, para seguir posponiendo indefinidamente la solución de una gravísima e histórica problemática de salud pública.
Palabras prohibidas
Cornejo confirmó que en la actualidad su gobierno está cumpliendo con las interrupciones legales de embarazos previstas en el artículo 86 del Código Penal. Es decir, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o ha existido una violación.
Estos supuestos fueron reconocidos en nuestra legislación en 1921 y confirmada su constitucionalidad en 2012 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, las organizaciones autodenominadas “pro vida” siguen oponiéndose a la legalidad y han repudiado públicamente al gobernador y a su ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, por pretender garantizarla. Basta recordar los continuos gritos de “¡asesina!” dirigidos hacia la jefa de la cartera sanitaria en la “Marcha por la vida” de hace exactamente un año.
Evidentemente incómodo con la pregunta de la periodista de la radio pública, el gobernador midió cada una de sus palabras, y prolongó en más de una oportunidad sus pausas, para no ganarse la antipatía de una importante franja social conservadora y religiosa que lo apoya en sus políticas de ajuste y mano dura, pero lo critica en este punto.
“El hospital público trata todos los temas que el Código Penal reglamenta y lo trata con una resolución que está reglamentada y se está operativizando. No hay un solo caso de un embarazo en contextos de violación que no haya sido atendido durante mi gobierno”, confirmó el mandatario.
“Atendido” es el eufemismo que utilizó Cornejo para no hablar de “aborto legal”, esas palabras prohibidas que piantarían votos en unas elecciones PASO con final todavía incierto.
