Mendoza -

La ironía mana de Alfredo Guevara, abogado defensor de la organización Túpac Amaru. Entrevistado por EL OTRO, destaca que Mendoza dejó de tener presos políticos tras la reciente liberación de Federico Torrengo. El hijo del Gordo sostiene que la resolución judicial de corregir el “fraude” orquestado por el Poder Ejecutivo incidió en el proyecto oficial para ampliar la Corte. Iniciativa que califica como “muy grave”, ya que “implicaría la destrucción de las garantías constitucionales tal cual las hemos conocido”.

Fotos: Coco Yañez

Mendoza sin presxs políticxs

El viernes pasado, la octava Cámara del Crimen de Mendoza ordenó la “inmediata liberación” de Federico Torrengo, único integrante de la organización social y política Túpac Amaru que permanecía en prisión preventiva. El fallo del Tribunal conformado por los doctores Ramiro Salinas, Alejandro Miguel y Luis Correa Llano no mezquinó elegancia para remarcar los groseros deslices de la parte acusadora e hizo lugar al pedido de la defensa del implicado.

En diálogo con EL OTRO, el abogado Alfredo Guevara –cara visible del equipo legal que patrocinó a los integrantes de la Túpac Amaru en Mendoza- interpretó la resolución judicial como “un coletazo, una derivación de la causa principal” pues “estas detenciones se producen cuando comienzan las audiencias de apelación que terminaron en la estrepitosa caída de toda esta persecución, que nunca reunió los estándares que exige nuestro ordenamiento jurídico procesal”. Al tiempo que señaló que siempre advirtieron que esta causa “no solo era un gran fraude procesal, sino un fraude a la opinión pública”.

¿Qué significado le otorgaron al fallo judicial que ordenó la libertad de Torrengo?

Como abogado defensor creo que se cierra la etapa más crítica de una defensa, que se produce cuando tus clientes se encuentran detenidos. Para Federico y su familia, entiendo que implica un antes y un después porque pueden enfrentar la persecución desde una situación de libertad.

Desde el punto de vista político, en la coyuntura de Mendoza, implica también no tener presos políticos. Por eso el 8 de abril –al día siguiente de las detenciones- nosotros señalamos que desde el retorno de la democracia no había registro de este tipo de persecuciones en la provincia, con presos políticos.

Por otra parte no puedo dejar de mencionar que con posterioridad al 4 de setiembre –fecha en la que la octava Cámara del Crimen, en un fallo ejemplar, decidió la libertad de Nélida Rojas y quienes se encontraban detenidos en ese momento- se produce una serie de reacciones llamativas.

La primera es el fuerte embate del partido que gobierna la provincia contra un sector de la Justicia. Concretamente un sector al que tildó de “garantista” a través de un discurso que asusta: por ejemplo, cuestionando la defensa del debido proceso legal, pilar del sistema democrático. Cuando en tiempos de campaña electoral el gobernador sale a decir que este sector de la Justicia solo defiende las garantías constitucionales del debido proceso penal, ¿dónde nos pone? Después de las elecciones, interpretando que ese discurso autoritario fue avalado, creo que se produce la intención de terminar de liquidar el sistema institucional y democrático de Mendoza con la ampliación de la Corte.

¿Cree que el devenir de la causa contra la Túpac Amaru alimentó la tensión entre Cornejo y el Poder Judicial?

La causa contra la Túpac Amaru tiene mucho que ver con este intento de subordinar definitivamente al Poder Judicial.

Porque es cierto que siempre hay temas que son sensibles en manos de la Corte. Desde el ítem aula a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico de la provincia por citar algún ejemplo.

Sin caer en el reduccionismo de que el intento de controlar la Corte sea para perseguir a la Túpac Amaru, creo que estos intentos de disciplinamiento son necesarios para que no haya reacción social, consolidando esta situación de temor y de amenaza constante sobre quienes puedan reaccionar a las políticas de reconversión hacia el neoliberalismo.

La posibilidad de que el gobernador pueda concentrar la suma del poder público nos atemoriza mucho y definitivamente. Aunque la causa de la Túpac Amaru es un ejemplo de cómo esa amenaza represiva del gobernador encontró una piedra que no pudo remover del camino, que no es ni más ni menos que la aparición de las garantías.

El fallo que ordena la libertad de Torrengo marca ciertas groserías en ese sentido…

Por eso digo que es un coletazo. El único antecedente de Federico es ser uno de los dirigentes fundamentales de la Túpac Amaru en Mendoza. Lo imputaron el año pasado por asistir a una manifestación en el acceso pidiendo por la libertad de Milagro Sala.

Federico estaba acá todos los días en Tribunales porque tenía a toda su familia detenida. Entonces, ¿cuál era el fundamento para detenerlo? ¿Cuál es el peligro de fuga? ¿Cómo se aplican los estándares internacionales que rigen este tipo de medidas cautelares? Hicieron una arqueología para encontrar una denuncia del 2015 y la Fiscalía no indaga por qué pasaron dos años si era tan grave la situación. Una denuncia donde los denunciantes dicen una cosa y la fiscalía dice otra, basada en el testimonio de un señor imputado por falso testimonio.

Creo que fue una medida desesperada de la fiscal (Gabriela) Chaves para intentar condicionar lo que en definitiva fue este fallo adverso.

Si existiera la intención política de perseguir a la organización como denuncian -y parece interpretar subrepticiamente el Poder Judicial-, ¿qué consecuencias le caben a quienes impulsaron este proceso?

A diferencia de Morales, que había convertido a Milagro Sala en su enemiga pública antes de las elecciones y tomó medidas en su contra al otro día de asumir, Cornejo persigue a la Túpac al estilo mendocino: acá somos más caretas.

Entonces, ¿para qué está Chaves? Es el mastín, el perro que te ladra. Pero quien la manda es el dueño. Lo que quiero decir con esto es que ya sea por convicción propia o porque la mandaron, Chaves cumple el rol de fusible. Porque después del fallo de la octava Cámara, Cornejo se sacó y dijo lo que señalaba antes.

A Chaves le sacaron todas las causas y la dejaron exclusiva en Túpac Amaru, entonces no tiene trabajo. Se le cayó la causa, los demás fiscales trabajan pero ella no, porque no tiene qué hacer.

Chaves está bastante comprometida. Yo siempre dije que el final de esta película sería su destitución, aunque entendemos como defensa que esto va a afectar también al procurador (Alejandro Gullé), que se ha cuidado de no poner el gancho en ninguno de los actos procesales tan cuestionados, aunque su procurador adjunto Gonzalo Nazar está comprometido directamente.

Analizaremos hasta dónde llega la cadena de complicidades. Este fraude se produce en un contexto en que expulsan a la “fiscal viajera” –correctamente creo- con Valerio como principal instigador, quien antes de ser designado como juez de la Corte hizo caer un juicio por violencia institucional diciendo que estaba enfermo el mismo día que fue a trabajar a la facultad. En esta situación en donde la coherencia es un lujo que los mendocinos no estamos en condiciones de exigir, puede pasar cualquier cosa.

¿Qué sugeriría a los diputados provinciales si finalmente tratan el proyecto de ampliación de la Suprema Corte?

Me parece que van a pasar a la historia los que voten a favor. Como los responsables de la instalación definitiva de una democracia absolutamente deteriorada. Es muy burdo. Sobre todo en esta provincia que se ha caracterizado dentro de todo por respetar las instituciones. Terminar de dotarle a este régimen de esta herramienta de persecución y terror implicaría la destrucción de las garantías constitucionales tal y como las hemos conocido. Si consiguen el voto que les falta sería un avance autoritario muy grave.

 


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