Por primera vez en la historia argentina, un tribunal judicial de la democracia condena a prisión perpetua a cuatro exmagistrados por la comisión de gravísimos crímenes, “cometidos en el contexto del delito internacional de genocido”.

Fotos: Coco Yañez

“Los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y consecuentemente imprescriptibles, y así deben ser calificados…”, establecieron los jueces Alejandro Waldo Piña, Raúl Alberto Fourcade y Juan Antonio Gonzalez Macías, en la histórica sentencia que puso fin a la última audiencia oral y pública de la llamada “Megacausa”.

El veredicto condenó a veinticinco imputados, quienes cumplían funciones, durante la última dictadura, en la Policía de Mendoza, Servicio Penitenciario Provincial, Ejército Argentino, Fuerza Aérea y Justicia Federal.

 

El fallo, sin antecedentes en el país, y con escasos registros en el mundo, dispuso la prisión perpetua de cuatro civiles que ocuparon la magistratura judicial federal en tiempos de genocidio e, incluso, durante décadas posteriores a 1983.

 

 

Petra

Petra fue el único exmagistrado que presenció la lectura del fallo en la sala de audiencias.

Guillermo Max Petra Recabarren, era funcionario judicial, cometió una serie de repugnantes delitos, entre los que se encuentran privación de la libertad, con violencia y amenazas, durante más de un mes (4 hechos), y fue partícipe primario en diecisiete asesinatos, con alevosía, premeditación y la participación de dos o más personas.

Romano

Silvia Ontivero fue víctima de Romano y una de las expresas políticas que impulsó su detención.

De acuerdo con la Sentencia N° 1.718 publicada ayer, el exjuez Otilio Irineo Roque Romano Ruiz fue partícipe primario, en decenas de casos, de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, de allanamiento ilegal de morada, y autor de incumplimiento del deber de persecución y represión de delincuentes.

Miret

El querellante Pablo Salinas abraza a Luz Faingold, víctima de Miret.

La Justicia comprobó que el exjuez Luis Francisco Miret Caples cometió los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas (9 hechos), privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por haber durado más de un mes (5 hechos). Además, Miret fue condenado por imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (3 hechos), homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas (7 hechos), violación perpetrada con uso de fuerza o intimidación, agravada por calidad de autor –persona encargada de la guarda- y concurso de dos o más personas. También, el Tribunal lo encontró responsable de ser miembro de una asociación ilícita.

Carrizo

El exmagistrado Rolando Evaristo Carrizo Elst recibió la condena de prisión perpetua por formar parte de una asociación ilícita y ser partícipe primario de privación de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un caso, y en once hechos más en los que se sostuvo la restricción ilegal de la libertad por más de un mes. Las pruebas no dejaron dudas de que Carrizo cometió un homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, violó en dos situaciones el domicilio de particulares e incumplió, en dos ocasiones, su deber judicial de perseguir y reprimir a delincuentes.

 


 

 

 

La vicegobernadora Laura Montero presenció la audiencia.

 

 

 

 

 

La nieta recuperada Claudia Domínguez, junto a Ángela Urondo Raboy.

 

Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado.

 

Héctor Lapaz, fue condenado a 20 años de prisión. Autor de numerosos delitos, entre ellos “violación con uso de fuerza o intimidación”.

 

 

Pablo Seydell, ex preso político.