¿Para qué sirven las cárceles? ¿Quiénes deciden qué es delito y qué no? ¿Son los adolescentes los responsables de la inseguridad? La especialista en Criminología, Claudia Cesaroni, nos ayuda a pensar más allá del discurso de la “mano dura”.
Fotos: Coco Yañez
Vive en Provincia de Buenos Aires, es abogada, docente, especialista en Criminología y autora de, entre otros textos, “La vida como castigo. El caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina”, un libro donde analiza nuestro sistema penitenciario, poniendo en cuestión la edad de punibilidad y las políticas de seguridad.
Claudia Cesaroni visitó recientemente Mendoza para dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y compartir sus experiencias en ámbitos vinculados a la defensa de los derechos humanos. En el Espacio para la Memoria, EL OTRO entrevistó a la fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) e impulsora de la Red Argentina No Baja.
Si uno lee el Código Penal parecería que existe una valoración relativa de la propiedad privada. Por ejemplo, ¿por qué se penaliza con cárcel el robo simple y no aparece como delito que un empresario se quede con la indemnización de un trabajador?
Es una cuestión de clase. Se ha dicho muchas veces: “el Código Penal es para los pobres y el Código Civil y Comercial para los ricos”. Sobre los mismos temas, un código los aborda de una manera, y el otro de distinta forma.
Si uno se remonta al origen de la cárcel, se encuentra con que el objetivo era tomar a determinadas poblaciones y encerrarlas, porque molestan en las ciudades, porque se necesita su mano de obra, por diversos motivos, pero siempre aparece una exclusión clasista. Todo el sistema penal es un sistema clasista, que apunta a los pobres fundamentalmente, y que elige a sus víctimas entre las personas más fáciles de aprehender.
Debemos discutir sobre la utilidad del sistema penal. Tenemos que preguntarnos si son obsoletas las prisiones. Vengo de estar en la cárcel Almafuerte y, como cada vez que voy a una cárcel, la sensación que me deja, además de mucha oscuridad y mucha opresión, es volver a pensar en el sentido de esos espacios. Hay personas que están horas, días, meses, años, en la nada misma, sin ninguna perspectiva de nada. Matando y muriendo.
Esa es la pregunta. Aunque parece ser una pregunta absurda en un contexto en el que se plantea, cada vez más, que es necesario más cárceles, más figuras penales, que personas cada vez más pequeñas entren a las cárceles.
A veces cuando planteamos estas cosas nos dicen que defendemos a los delincuentes en lugar de proteger a las víctimas… Una de las tareas que justamente nos debemos es redefinir qué es víctima y qué es delincuente. Una persona que comete un delito suele ser metida en un lugar en el que seguramente se le aplica más cuotas de dolor que el que esa persona provocó. Eso no es justicia.
Ni siquiera pareciese la venganza del “ojo por ojo”…
Exactamente, es mucho más que la mera retribución. Además, nuestro sistema no dice que se encierra para retribuir. Las leyes nuestras dicen que el encierro es para “resocializar”, “reinsertar”, “enseñar normas”. Luego, la realidad es todo lo contrario.
Desde la derecha se suele agitar el mito de que los adultos hacen delinquir a niños y adolescentes sabiendo que no serán encarcelados. ¿Hay una correspondencia de esto con la realidad?
De ningún modo es así. Además, cuando vas a las cifras te encontrás con que la cantidad de delitos cometidos por personas menores de 18 años es ínfima, en comparación con los cometidos por los adultos. En Mendoza representan el 1,8%, en la Provincia de Buenos Aires el 3,5%, por ejemplo.
Creo que hay que dejarse de jorobar en poner a los niños como victimarios. Este año, por lo que se puede conocer, hubo 5 niños asesinados por algún integrante de alguna fuerza de seguridad, en Tucumán, en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Imaginémonos, si 5 personas menores de 18 años hubieran cometido asesinatos en estos meses de 2018. Sería un escándalo, estarían todos los días todos los canales de televisión mostrando a esos niños. ¿Esos canales nos están mostrando a esos 5 niños asesinados por la espalda por fuerzas de seguridad?
La Argentina tiene una deuda con su infancia que supera infinitamente el daño que algunos niños puedan cometer. Y hablo de personas menores de 18 años, cuando hablo de niños, porque así lo dice nuestra Constitución.
Cumplamos nuestras obligaciones que tenemos como adultos, como sociedad, como Estado, y veamos cómo podemos abordar cada uno de esos casos de niños que cometen alguna situación dañosa, para acompañarlos en un proceso de crecimiento, y que no sean metidos en esa picadora de carne que es el sistema penal.
Los medios de comunicación hegemónicos repiten la palabra “imputabilidad” cada vez que reclaman la baja de edad para penalizar. Ustedes suelen usar el término “punibilidad”. ¿Cuál es la diferencia?
Desde el CEPOC y la Red Argentina No Baja, y muchas otras organizaciones también, usamos el término punibilidad porque nos parece mucho más claro y acorde con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Punibilidad es la edad mínima a partir de la cual cada Estado decide someter a quien se le imputa un delito a un proceso penal y, por lo tanto, aplicar pena como una de las conclusiones posibles de ese proceso.
Esa edad es una decisión que cada Estado toma, no hay ninguna razón de orden fisiológica, mental, de crecimiento o de madurez. En Brasil, por ejemplo, es 12 años y no es porque allá sean más avispados, maduros, inteligentes o violentos que los niños argentinos, cuya edad de punibilidad es 16. Es una decisión política. Cada Estado, en función de su política social y criminal, decide cuál es esa edad mínima.
Cada tanto el gobierno retoma su discurso de la baja de la edad de punibilidad. ¿Por qué cree que insisten con esto?
Es una carta que tiene el gobierno nacional porque sabe que le puede significar apoyo popular, por el valor que una parte importante de la sociedad le da al castigo y a las políticas de “mano dura”. Además, cuentan con los medios de comunicación que de manera permanente alientan, como decía recién, a mostrar una parte y no toda la realidad.
Nosotros nos oponemos y estamos en alerta, porque sabemos que tienen un proyecto que están difundiendo y distribuyendo por todo el país, que no escucha las opiniones en contra que se han expresado sobre este tema, y que en cualquier momento lo envían al Congreso.
