El sindicato de los trabajadores de juegos y casinos de Mendoza denunció ante la Fiscalía de Estado una maniobra sistemática de estafas en la Quiniela provincial. El robo a las arcas del IPJyC implicaría una suma millonaria. ¿Fallas en los controles o corrupción enquistada?
“Hemos tomado conocimiento de graves irregularidades que se vienen produciendo en el pago de premios, ya que se estarían abonando premios que se encuentran prescriptos. Esta irregularidad afecta gravemente al Patrimonio del IPJyC, como así también a todos los empleados que allí se desempeñan, toda vez que parte de los ingresos del IPJyC se distribuyen entre los empleados a tenor de lo establecido por Acuerdo Paritario”, se consigna en el inicio de la denuncia que representantes del gremio Unión Personal de Juego y Casino de Mendoza (UPJCM) presentaron ante la Fiscalía de Estado de la Provincia el 15 de febrero, y que se conoció públicamente recién esta semana.
El escrito, que lleva la firma de los dirigentes sindicales Víctor Navas y María Laura Sanucci, señala la existencia de fallas en el funcionamiento del sistema informático de captura de apuestas de la Quiniela de Mendoza. Esto habría permitido un robo “hormiga”, aunque sistemático y millonario, de premios prescriptos, es decir no cobrados por los apostadores en los plazos establecidos.
La maniobra, paso a paso
Cuando un apostador juega a la quiniela recibe una boleta o ticket que en su parte inferior posee un número que individualiza la apuesta. Si ésta resulta ganadora, el jugador (con la boleta original) debe concurrir a la Agencia Oficial, en un plazo de 15 días corridos, para hacerse del dinero que corresponde. El agenciero debe verificar el número de identificación de la apuesta, para recién entonces pagar el premio.
Aunque puede darse el caso de que el ganador o la ganadora no concurran, por diversas circunstancias, a cobrar su premio en ese término reglamentario de 15 días. A esas apuestas se las denomina técnicamente “premios presciptos” y el dinero equivalente a ellos debe ser devuelto por las Agencias Oficiales de Quiniela al IPJyC, que los registrará como “ingresos extraordinarios”.
De acuerdo con la denuncia del sindicato, este sistema de apuestas es innominado, es decir que los premios se abonan sólo al portador del ticket ganador, “por lo cual el Sistema implementado posee los recaudos de seguridad correspondientes para impedir la descarga de premios sin contar con la Boleta o Ticket respectivo”.
Sin embargo, una sospechosa variación en los controles informáticos permitió que el registro pudiera funcionar bajo la “modalidad abierta”. Es decir, los agencieros podían descargar premios sin tener la obligación de contar con la boleta o el ticket original, ni el número de identificación de los mismos.
La empresa Impresora de Valores SACIC (Ivisa) propiedad de Darío Rosenzvit y concesionaria privada del control de apuestas online, sería responsable -junto al Instituto- por la pérdida aún indeterminada de dinero estatal, al no haber brindado las condiciones de seguridad suficientes para evitar las estafas.
Defraudación al Estado y a los trabajadores
En los últimos párrafos de la presentación, el gremio denuncia que las irregularidades en el sistema de apuestas permitió una defraudación al Estado provincial, en general, y al personal del Instituto, “ya que incide directamente en la participación y/o bonificaciones que por Acuerdo Paritario perciben”.
Los trabajadores son beneficiarios directos de un sistema de productividad que depende de la recaudación del organismo. Esta fuga de “ingresos extraordinarios”, producto del robo de los premios prescriptos, además de impactar sobre las arcas oficiales, disminuye obviamente la proporción de los fondos que debe repartirse entre los empleados.
En diálogo con el programa En Marcha de Radio Central, Martín Cain, secretario general de UPJCM dijo que esta estafa “podría generar un desfalco millonario, no solamente al Instituto de Juegos y Casinos, sino también sobre el salario de los trabajadores que participan de esa ganancia, ni qué hablar de las transferencia que se producen desde los instituto a los planes sociales y de salud”.
Acerca de la posible responsabilidad o participación de los funcionarios del IPJyC en las maniobras, Cain manifestó que “nos pone los pelos de punta que la presidenta del Instituto (Josefina Canale) reconozca que ella estaba en conocimiento, desde octubre de 2016, y luego se contradiga, primero diciendo que no ha hecho ninguna denuncia en ningún organismo de control, y después diga que no tiene pruebas para realizar la denuncia, pero al mismo tiempo ella dice que ha sido un “robo hormiga” porque se trataría de montos pequeños”.
