El gobernador Alfredo Cornejo concentra su mensaje de campaña en torno a la mano dura, logrando que sus presuntas virtudes se transformen en sus principales limitaciones. Pese al mensaje de diálogo, consenso y alegría, el autoritarismo parece no haber pasado de moda.
Fotos: Prensa Gobierno de Mendoza
Dicen que dicen
A fines de los 90, en una de las más recordadas piezas publicitarias de la campaña que lo llevara a la presidencia argentina, Fernando De La Rúa introducía: “Dicen que soy aburrido…”. El entonces candidato explicitaba así algo que todos o la gran mayoría presumíamos. La curiosidad radicaba en el tono de jactancia de esa condición. Y así nos fue con el aburrimiento.
La actualidad de Mendoza nos recuerda aquella triste etapa del radicalismo en el poder. No por un vaticinio tan tenebroso sobre el futuro próximo –aunque se acumulen indicios en esa dirección-, sino por una análoga autodefinición, en este caso del gobernador Alfredo Cornejo: una gran mayoría lo califica como autoritario y él hace alarde de serlo.
En una reciente entrevista con el diario Los Andes –que Cornejo tomó como propia, al punto de publicar varios fragmentos en sus redes sociales-, afirmó, entre otras cosas, que “el poder que me dio el pueblo de Mendoza es para que lo ejerza y donde se ve autoritarismo, o algunos ven maliciosamente autoritarismo, yo veo autoridad y la mayoría de la gente ve autoridad, la mayoría de la gente ve bien”.
Lo cierto es que los actos de autoritarismo se multiplican desde que asumió la gobernación e incluso anteceden a esta gestión. De hecho, esta apreciación trascendió las habituales diferencias entre el peronismo y la autodenominada izquierda en sendos actos de lanzamiento de campaña de cara a la elección general del 22 de octubre. Ambas fuerzas pusieron el dedo en la llaga del intolerante.
En los últimos meses no faltan ejemplos concretos para corroborar lo que el gobernador presenta como una cualidad. La detención de Patricia Stibel -acusada de no pagar un boleto de ómnibus-, o el hostigamiento sobre la abogada Correa Dutari en un control policial, generaron con distintos niveles de repercusión un contundente repudio social. Si es que es un estigma, algunas conclusiones del gobernador como el “cuento” de Santiago Maldonado o lo “guarango y vergonzoso” del fallo de la 8va Cámara del Crimen que desmontó la Operación Túpac, no ayudan a ablandarlo siquiera.
La etiqueta de autoritario también se comprueba a diario en el Parque Cívico. Empleados, ciudadanos habitués e inclusive funcionarios de su propia administración reconocen en el cuarto piso de Casa de Gobierno una fortaleza inexpugnable.
Dirigentes políticos y sindicales también dan fe de la metodología implementada por Cornejo en el ejercicio del poder o la autoridad. Carpetazos, retención de recursos y amenazas mediante.
Pasado de mano dura
Otro de los fragmentos de la entrevista con el Clarín de Mendoza que eligió el gobernador para consolidar su mote, fue titulado a través de la pregunta “¿Por qué sostenemos la política de mano dura para combatir el delito?”. Responde Cornejo: “mano dura es un Estado que esté organizado para vencer al crimen organizado y fundamentalmente también a ese delincuente que anda suelto que ya vive de robar lo ajeno”, agregando que “para eso necesitamos un Estado inteligente, que tenga bases de datos que las cruce unas con otras y un Estado inteligente sancionatorio donde el poder judicial, con detenciones y con condenas los excluye de la sociedad y los pone bajo prisión”.
En la misma secuencia admite tanto su tono tribunero como su falta de apego a la legalidad: “uno lo vulgariza hablando de mano dura para que se entienda masivamente, pero eso es lo que quiere la mayoría de la población: un Estado fuerte en materia de seguridad. Aun restringiendo alguna de las libertades”.
Coherente, ya en abril de 2007 -apenas asumido como ministro de Seguridad durante la gobernación de Cobos-, Cornejo insinuaba sus métodos: “vamos a movernos al filo de la ley y lo vamos a hacer por indicios y habrá que constituir las pruebas”. Un mes después, durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, su entonces jefe le bancaba la parada: “vamos a privilegiar la vida por encima de las leyes”, mientras que informaba que “vamos a trabajar en la prevención, así sea poniendo límites a los derechos”.
A la derecha, la pared
Cornejo, otra vez volcado en plenitud en la campaña electoral a pesar de no ser candidato, intenta construir su imagen de estricto sheriff obsesionado por la seguridad. Sin embargo, cuando el gobernador afirma que la seguridad es la principal preocupación de la mayoría y la suya propia, no hace más que achicar su campo de acumulación política. ¿Querrá ratificar la ascendencia sobre su núcleo duro y las minorías intensas que ya representa?
Quizá sea un acierto en esta coyuntura, pero recostarse en la demagogia punitiva, de comprobada ineficacia por el fracaso de las políticas que conlleva, lo viene distanciando de numerosos sectores que depositaron su voto de confianza en el 2015.
En los últimos años, tanto a nivel nacional como provincial, las mayorías se acostumbraron –en mayor o menor medida- a convivir con un Estado que se presentaba como generador y amplificador de derechos. De hecho, el multicausal castigo electoral que devino no se produjo justamente por esa impronta.
Con esta veta autoritaria y crispada que jerarquiza la sanción, el castigo, el apriete, la discriminación y la represión, el mandatario mendocino posterga otras agendas de vital importancia para el cuerpo social. Pareciera que lo puede su obstinación por diferenciarse con lo anterior, sea kirchnerismo o herencia, y olvida que priorizar –al menos en lo discursivo- los sistemas de salud y educación pública y la infraestructura social también garpa.
Por otro lado, una campaña electoral basada principalmente en la estampa policíaca puede provocarle muchos dolores de cabeza. Hace unos días se le escapó la tortuga con un preso trabajador en el Parque. La aparición de Yamila Subia en Bolivia evidenció la impericia de muchas instancias de la seguridad provincial que fueron sorteadas y, a la par, la doble vara para tratar el crimen según las clases sociales de donde provengan, no hace más que desnudar la careta del demagogo.
La radicalización discursiva del gobernador radical PRO es tal, que hasta su amigo y juez supremo José Valerio, un fiel representante de la mano dura para los pobres y blanda para los ricos, debió hacer esfuerzo en estos últimos días para mostrarse como un defensor del Estado de derecho y definirse como un “garantista”.
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