Más de 200 niños, niñas y adolescentes de Lavalle todavía no tienen una escuela albergue en condiciones para comenzar el ciclo lectivo 2019. En territorio huarpe, el gobierno de Mendoza no garantiza el derecho a la educación obligatoria de estudiantes en situación de vulnerabilidad social. En cambio, la DGE ya instaló tecnología de última generación para controlar la asistencia de las maestras que, en lugar de estar enseñando, recaudan fondos y se ponen manos a la obra para intentar reconstruir un edificio abandonado por el Estado. En Lagunas del Rosario, el paro por tiempo indeterminado lo viene haciendo Jaime Correas.

Informe especial de EL OTRO | Fotos: Coco Yañez

La verdad no es un spot oficial

En el extremo izquierdo: reloj biométrico para control de asistencia de docentes.

El gobierno de Mendoza no rinde cuentas precisas sobre la publicidad oficial. Desde la oposición denuncian que Alfredo Cornejo gastará, durante este año electoral, más de mil millones de pesos (¡sí, $1.000.000.000!) para promocionar su gestión e impulsar a Rodolfo Suárez, el candidato a gobernador del radicalismo.

Como parte de la permanente campaña publicitaria, el Ejecutivo difundió el mes pasado siete videos con el fin de mostrar “lo que está haciendo para que el Estado funcione”. Casualmente, cuatro de esos breves audiovisuales contaron historias de ciudadanos comunes de tres departamentos donde se disputaron las PASO.

En uno de esos bien logrados spots publicitarios (ver arriba), dos docentes de Lavalle nos contaron que su escuela de Costa de Araujo se caía a pedazos, las aulas se inundaban, había cortes de luz y las cloacas colapsaban, pero que, gracias al esfuerzo de la comunidad organizada y el financiamiento de un Estado presente, lograron ponerla de pie.

No tuvo la misma suerte de Costa de Araujo otra comunidad lavallina, invisible a los ojos de la Dirección General de Escuelas. El único establecimiento de educación primaria y secundaria de Lagunas del Rosario, histórico territorio de nuestro pueblo huarpe, se cae a pedazos, sus conexiones de electricidad, agua y gas no funcionan, las cloacas no existen, y aún no cuenta con la infraestructura básica para garantizar el derecho a la educación de 210 niños, niñas y adolescentes, ni el albergue de 90 de ellos que viven a más de diez kilómetros de distancia, en un secano donde el transporte público es una quimera.

¿Estado? Ausente señorita

Las fotografías que pudo registrar este diario hablan por sí solas. Tienen tanto vacío como ausencia de un gobierno provincial más preocupado por vender una imagen publicitaria que por la educación real de las poblaciones postergadas. Allí donde más se necesita del Estado para imponer justicia social sobre las desigualdades económicas, la DGE del violento Jaime Correas no está.

El calendario oficial señala que las clases en Mendoza empezaron el 6 de marzo, en Lagunas del Rosario, a 125 km de Casa de Gobierno, las y los estudiantes no comenzaron y difícilmente puedan retornar a las aulas en el corto plazo.

 

 

Sí están las maestras y maestros, tal vez las mismas que son maltratadas por un gobierno que las estigmatiza como “vagas” para justificar el nefasto ítem aula. Esos mismos trabajadores y trabajadoras de la educación que siempre fueron acusados por Correas y la prensa oficialista de “tomar de rehenes a los alumnos”, cada vez que estos educadores participaron de una huelga para exigir salarios y condiciones de trabajo dignos y educación de calidad. Esta vez, el paro por tiempo indeterminado –o la plancha, mejor dicho- lo viene haciendo el director general de escuelas, en contra de los estudiantes y sin que su patrón ordene descuento de ítem alguno.

En la escuela albergue Elpidio González sí están trabajando los maestros y maestras de la primaria, no con las tizas en las manos, ni guardapolvos vistiendo sus cuerpos, sino con pinceles, pinturas y ropas obreras para hacer habitable y los más bello posible un edificio abandonado por quienes tienen la obligación de mantenerlo.

Soy la maestra mendocina

De acuerdo con testimonios que pudo recabar EL OTRO el viernes pasado, las docentes, impotentes por la inacción gubernamental, decidieron ponerse el overol y salir a buscar financiamiento para encarar las obras que faltan. Ya recaudaron más de ochenta mil pesos que empresarios solidarios les donaron para pintar la escuela y acondicionar la biblioteca. Además recibieron cortinas, telas y sábanas. Les faltan cubiertos, vasos, platos, almohadas, fundas, toallas, toallones, más sábanas… y la lista sigue.

El gobierno solo licitó la remodelación de la cocina y la construcción de algunos baños y duchas. Sobre el resto de los cuantiosos arreglos no hay más certezas que el esfuerzo de las maestras que, más allá de la buena voluntad, resultará obviamente insuficiente. En febrero pasado empezaron las obras adjudicadas, pero la ejecución está demorada y no parece preocuparles demasiado a las autoridades de la DGE, a punto tal que, cuando este medio visitó la escuela, los albañiles de la empresa concesionaria no se encontraban.

 

La DGE instaló un moderno reloj biométrico para control de asistencia.

 

La directora de la primaria envió numerosas notas, con fotos ilustrativas, a distintas reparticiones del gobierno reclamando el avance de las obras estructurales, para poder dar clases y albergar a los estudiantes y trabajadores de la educación que semana por medio viven en la escuela. Nadie le contestó. Incluso golpeó la puerta de Bernardino Rodríguez, director de Mantenimiento y Reparaciones de Escuelas, pero solo obtuvo un “siga esperando” como respuesta.

Las penas son de nosotros

Una placa en la entrada del precario edificio recuerda que, el 25 de agosto de 2016, Cornejo y Correas impusieron el nombre Esperanza de Lagunas a la escuela albergue secundaria que comparte este establecimiento con el nivel primario. En 2019, los mismos funcionarios radicales no logran que 80 adolescentes inscriptos en el nivel medio tengan clases.

“Si uno no manda a los chicos a la escuela, ahí nomás le mandan la asistente social a la casa. Estamos a mayo y yo no sé si le van a mandar la asistente social al gobierno”, ironizó indignado Daniel Quiroga en diálogo con EL OTRO. Él es uno de los referentes de la comunidad huarpe de las lagunas y padre de una alumna que todavía conserva la esperanza, ansiedad e ilusión de empezar el secundario.

Daniel Quiroga.

Seguramente la indignación de Daniel será mayor cuando pueda leer el Código Contravencional, que nos confiesa desconocer. El artículo 99 de esa nefasta norma impulsada por el gobernador Cornejo, establece sanciones de multa, trabajo comunitario y hasta 20 días de arresto, para los padres de los “alumnos menores de edad que, de manera reiterada e injustificada, los hagan incurrir en inasistencias a los establecimientos educativos”. Pero nada dice el mismo código sobre sanciones a los funcionarios irresponsables que dejaron a su hija sin educación. Para ellos no hay castigo.

Sostener la mirada

Lecho de las lagunas, camino a Pozo Verde.

Daniel Quiroga nos acompañó a Pozo Verde, un agreste paraje del secano lavallino, para conocer la realidad cotidiana de una familia de puesteros donde vive una niña que aún no puede comenzar el jardín de infantes. El puesto queda a 12 km de la escuela. Se llega a él atravesando el lecho seco de las históricas lagunas y un camino de guadales que exige al menos una camioneta no muy baja y mucha destreza del conductor.

En Pozo Verde nos reciben Susana González, su marido Andrés Córdoba y Wanda Luz, la nieta de 4 años. Susana nos cuenta que tiene tres hijos, que “mi nietita es hija de mi hija la más chica, que se ha ido a trabajar a otro puesto”.

Susana González y Andrés Córdoba.

 

 

“La nena ya está inscripta en la escuela, pero no va porque todavía no empiezan las clases”, se lamenta Susana y explica que, si bien le han informado que le van a avisar cuando terminen las obras, no le precisaron ninguna fecha. La virtuosa artesana de 47 años, asume que no está bien de salud, que tiene enfermedad de Chagas y que, como no hay transporte público, no puede caminar “tres horas de ida y tres horas de vuelta” para averiguar qué pasa en la escuela.

“La directora llamó en marzo a una reunión y le dieron cartillas a algunos niños para que estudiaran, pero no es lo mismo una cartilla que tener clases. A mi nieta no le dieron nada porque recién va a iniciar el jardín”, nos dice Susana antes de expresar una verdad que rompe con los prejuicios de quienes opinan livianamente: “En la escuela le dan de comer a los niños, pero yo no mandé a mis hijos ni quiero mandar a mi nieta para que coma, quiero que vaya para que reciba educación”.

 

 

Mientras su abuela, quién empezó la primaria a los 11 años y solo llegó a tercero, destaca la importancia de la educación, Wanda se divierte correteando un pato alrededor de la mesa. “¿Quéres ir a la escuela?”, le preguntamos. “Sí, quiero escribir”, nos responde con brillos potentes en sus ojos.

“En Mendoza la educación importa. Estamos cumpliendo, por fin, los 180 días de clases efectivos. Y digo efectivos porque esos días sucedieron sin paros, sin interrupciones innecesarias, para dar continuidad pedagógica a nuestros alumnos”, gritó Cornejo en su discurso ficcional del 1º de mayo.

En la Mendoza real, sería bueno que el gobernador visite a Wanda y a los más de 200 lavallinos sin “clases efectivas”, y ver si le da la cara para sostenerles la mirada y hablarles de la calidad de nuestra educación.

 

La violencia de Jaime Correas confirmada en un fallo judicial

Yo, el mejor de todos