En medio de la pandemia, la terminal provincial de ómnibus sigue siendo escenario de vulneración de derechos de las familias migrantes. La Red por los Derechos Humanos de Mendoza denuncia desprotección del Estado e intimidaciones de las fuerzas de seguridad hacia aquellas organizaciones que ayudan voluntariamente a las personas varadas.

Fotos: Gentileza

Los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, asambleas ambientales y agrupaciones estudiantiles que componen la Red por los Derechos Humanos de Mendoza enviaron este lunes una nueva carta al gobernador para advertir sobre la grave situación que viven las y los trabajadores rurales en la terminal de ómnibus.

La Red informó a Rodolfo Suárez que, el pasado 20 de abril, se volvió “a concentrar un grupo de trabajadores migrantes en la terminal de ómnibus de Mendoza (a las 12:00 h, unas 60 personas), como viene sucediendo desde principios de mes casi todos los días”.

En la nota dirigida al mandatario, las organizaciones le recordaron a Suárez que fue él mismo quien solicitó “al gobierno nacional que la vendimia fuera exceptuada de la cuarentena obligatoria”, aunque simultáneamente no previó las medidas adecuadas para que los cosechadores retornaran a sus casas en condiciones sanitarias y sociales adecuadas.

“Estas personas han sido parte de la creación de riquezas que los bodegueros y el Estado ‒vía impuestos‒ gozarán, gracias a que la uva fue puesta en las bodegas, lo que hace de una mínima justicia proveerles alimento y viaje seguro a sus lugares de destino, como también las condiciones para el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, manifestaron desde la Red y le reclamaron al gobierno provincial que “garantice el retorno a sus hogares de todas las familias trabajadoras migrantes del NOA, tomando las medidas adecuadas de controles de salud previas a ser embarcadas” y “que, intertanto sea resuelta la situación administrativa de transporte, se asegure alimento y hospedaje de ser necesaria una estadía en la provincia”.

Aprietes y amenazas

Miembros de organizaciones sociales que asisten voluntariamente a las personas varadas en la terminal denunciaron en las últimas horas actos de intimidación por parte de la policía provincial y Gendarmería Nacional.

De acuerdo con el portal Explícito, “militantes barriales de Guaymallén denunciaron ‘aprietes’ y amenazas de la Policía de Mendoza, que irrumpió en la casa de una referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y revisó, en un operativo sin orden judicial, habitaciones y pertenencias, además de sacarle foto al DNI de uno de los habitantes”.

El medio colega corroboró además en las últimas horas cómo agentes de Gendarmería identifican y toman fotografías a quienes ayudan voluntariamente a los cosechadores varados. Los mismos agentes de seguridad que ni siquiera permiten que niños y niñas puedan acceder a los baños.

 

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