Trabajadores del Ministerio de Desarrollo protestaron por el abandono en las políticas de protección de la niñez. Denuncian violencia institucional, maltrato a las familias y vulneración de derechos laborales básicos.

Foto: UNCuyo

La ausencia de políticas de protección para los segmentos más vulnerables de la población, se desparrama en el mapa de Mendoza con distintos matices. La injusta distribución afecta con intensidad a Las Heras, uno de los departamentos más poblados de la provincia, que ni el peso en el padrón, ni la correlación política entre los gobernantes logran sacar de un largo abandono que parece profundizarse.

Es que las instituciones de ese departamento que tienen la responsabilidad sobre la salud y el cuidado integral de los más desprotegidos ingresaron sin escalas en la zona de desmantelamiento de las políticas sociales que se puso en funcionamiento en diciembre de 2015.

Foto: Prensa Gob. Mza.

Para muestra, es suficiente detenerse en la situación del Hospital Gailhac, nosocomio que atiende a los pobladores de los distritos más olvidados y en el deterioro en la atención del OAL departamental, organismo encargado de velar por los menores en situaciones vulnerables.

El retroceso en la calidad de la atención ha sido denunciado por los trabajadores de ambas instituciones apoyándose en los gremios que los protegen. Por esta vía las acusaciones han llegado a la Legislatura y demás organismos del Estado que tienen la misión de controlar al Ejecutivo. Las voces de las familias abandonadas de la atención primaria permanecen ausente de las pantallas y de las primeras planas.

Foto: SiTEA
Asamblea de trabajadores.

Este martes, las trabajadoras y los trabajadores del OAL decidieron hacer un corte a la atención como medida de fuerza. Una instancia a la que llegaron luego de dos años de reclamar mejoras edilicias, designación de un coordinador, articulación con las demás instituciones y mejores condiciones salariales y laborales.

“Venimos solicitando que nos mejoren las condiciones de trabajo, estamos funcionando en el bufet del Hospital Carrillo, este OAL atiende a población con situaciones de mucha complejidad, hay mucha vulnerabilidad, estamos hablando de 200 legajos de grupos familiares que son abordadas por solo dos personas. En este último tiempo hemos tenido la baja de mucho personal, porque no soportan la situación, entonces renuncia y muchos personal con partes psiquiátricos” explicó Virginia Bilbao una trabajadora del organismo.

Foto: UNCuyo

Estamos funcionando como institución de control y no como organismos de protección de derecho, hacemos hincapié en las dificultades para la intervención, la conflictividad social aumenta, producto del aumento de la desigualdad social y de la pobreza, entonces es muy difícil de abordar porque los efectores están desfinanciados, no tenemos turnos para trabajar con la familia, no hay ningún tipo de recursos, estamos frente a un sistema que le exige a la familia pero no se le exige a las instituciones, a los efectores, y se termina en casos de violencia institucional para con las familias. El traslado de responsabilidad hacia las familias y los laburantes de los efectores es inmediato, nosotros si no abordamos un problema que tiene que ver con la vida de un niño y ese niño muere nosotros podemos ir presos”, agrega la trabajadora dimensionando la complejidad de los abordajes.

El caso de Luciana Rodríguez, la menor que falleció en 2014 por el maltrato de sus padres, ilustra la responsabilidad que recae sobre los operadores de estas instituciones. Dos trabajadores del OAL de Ciudad que tenían a cargo el seguimiento de la familia tiene a la fecha grandes posibilidades de ser penados con prisión ya que en la últimas alternativas de la investigación el Fiscal Santiago Garay los imputó por abandono de personas.

Foto: Prensa Gob. Mza.
Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social.

Las respuestas del Gobierno, el organismo depende de la Dirección de Protección del Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes, han sido nulas hasta el momento e incluso se han detectado aprietes para los trabajadores denunciantes según explicaron desde el OAL de Las Heras. “El año pasado hicimos una medida de retención de servicios porque en una intervención una persona casi apuñaló a un compañero, luego de organizarnos con trabajadores de otros efectores tuvimos una reunión con el Subsecretario y la respuesta fue persecución a los trabajadores que fuimos a reclamar. Trabajamos ocho horas por sueldos que no llegan a $14.000. No contamos con recursos propios y no podemos articular con las otras instituciones que están sobresaturadas. Si vos tenés una situación de abuso y maltrato vas a tener turnos para dentro de un 30, 45, 60 días. No solo están vulnerado los derechos de los trabajadores sino de los niños, la infancia está en riesgo” agregó Bilbao acompañada de otros compañeros que pertenecen al SITEA (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados).

Foto: UNCuyo

La medida de fuerza se realizó en el bufet del Hospital Carrillo, espacio donde precariamente funciona el OAL, allí los trabajadores se mantuvieron en asamblea y explicaron a las personas que se arrimaron para solicitar atención sobre la gravedad de la situación. A media mañana el flamante Subsecretario de Desarrollo, Alejandro Verón se hizo presente para dialogar con el personal. De esa charla, según informaron, se destaca el compromiso del funcionario  de designar un coordinador, de nombrar más personal y avanzar en la asignación de un edificio. No obstante, los empleados advirtieron que seguirán en asamblea permanente y, si no hay mejoras en 15 días, volverán a suspender la atención.

 


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