La carta de intención que el gobierno de Macri ofrendó al Fondo Monetario Internacional a cambio del endeudamiento, contempla la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. La novedad agudizó la preocupación de las organizaciones de jubilados de todo el país y desembocó ayer en una convocatoria nacional de repudio que tuvo su réplica en Mendoza, bajo la consigna “No al FMI”. Denuncian que la medida apunta al vaciamiento del sistema previsional y su posterior privatización. A la par del reclamo en las calles, diputados nacionales de la oposición no lograron quórum para blindar la “plata de los jubilados”.

Fotos: Coco Yañez

Frente a la Legislatura, un centenar de jubilados y jubiladas de Mendoza manifestaron ayer su rechazo al acuerdo logrado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional.

La convocatoria, motorizada a nivel nacional por la Corriente Federal de Jubilados, se produjo luego de que se conociera que entre los compromisos asumidos por el gobierno nacional ante el FMI, está el de flexibilizar el destino y función de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS).

Los manifestantes aducen que la medida apunta a desfinanciar y boicotear el actual sistema previsional, apostando a una futura privatización.

Al reclamo de las organizaciones de jubilados y pensionados de nuestra provincia, se sumaron organizaciones sociales y sindicales. De hecho, Horacio Ravera y Gustavo Díaz, secretarios generales de Artes Gráficas y SECASFPI (el sindicato de ANSES), se destacaron entre los oradores de la convocatoria.

La reunión también sirvió para que un grupo de manifestantes, entre los que se destacaban referentes de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Zona Este, hicieran entrega de un petitorio a algunos legisladores.

El carácter nacional de la convocatoria obedecía también al acompañamiento de un proyecto de ley propuesto por un grupo de diputados nacionales (Frente para la Victoria, FIT, Peronismo para la Victoria), quienes solicitaron una sesión especial para proteger el destino de los recursos del FGS. Solicitud que no alcanzó el quórum necesario por la negativa de los bloques de Cambiemos, Frente Renovador y Peronismo Federal.

Pero más allá de la protesta puntual por el destino del FGS, entre los manifestantes apostados en la Legislatura Provincial, se destacó una queja puntual sobre la Justicia Federal de Mendoza. Es que desde hace meses las organizaciones esperan la resolución de un recurso de amparo solicitado luego de que la reforma previsional modificara la base de cálculo de los haberes jubilatorios. La intromisión y presiones del Poder Ejecutivo han resultado en un limbo del que ninguna instancia del Poder Judicial se hace cargo y mantiene en la orfandad a quienes formalizaron su descontento a través de la institución judicial.

¿Qué es el FGS?

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) fue creado mediante el decreto 897 del año 2007 con el objetivo primordial de proteger al sistema –que resguarda el aporte e ingreso futuro de trabajadoras y trabajadores- de eventuales distorsiones, alteraciones o vaivenes económicos.

El FGS adquirió especial relevancia y volumen tras la ley que determinó el final de las AFJP y la reestatización del sistema previsional, a fines de 2008. Básicamente porque la ley determinó que ese fondo sea depositario del conjunto de activos financieros que las administradoras privadas adquirieron mediante el aporte de los trabajadores.

Por ello es que el FGS está conformado por proyectos de infraestructura, fondos comunes de inversión, el Pro.Cre.Ar e incluso los créditos Argenta. Tiene en su haber, producto de aquel traspaso en 2008, porcentajes accionarios en 44 empresas, entre las cuales se encuentran Grupo Clarín, Banco Macro, Siderar-Techint, Transportadora Gas del Sur, BBVA Banco Francés, Telecom, Molinos Río de la Plata, Gas Natural Ban, Edenor, Consultatio, San Miguel, Grupo Financiero Galicia, Aluar, Holcim, Camuzzi, Quickfood y Cresud.

El “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras”, con el cual el gobierno argentino accedería al crédito de 50.000 millones de dólares otorgado por el FMI, explicita la intención de “amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”.

En 2016, a través de una ley “ómnibus” que incluyó la moratoria impositiva, el blanqueo de capitales y la reforma previsional, quedó facultado para liquidar los activos del FGS. Si bien ese plafón permitió la ejecución de un par de operaciones, el compromiso asumido con el FMI le insumirá velocidad al proceso.

Con el fundamento de aquella normativa, el gobierno estima servirse del FGS –que contaba con alrededor de 1,26 billones de pesos hasta el primer trimestre de este año- de unos 40.000 millones de pesos por año.

El compromiso asumido con el FMI, más allá de enmascarar un profundo ajuste, se adecua al deseo de los grupos económicos que vienen solicitando darle final a una sociedad con el Estado que consideran injusta, arbitraria e innecesaria.

Si faltara alguna aclaración, el documento propuesto por el gobierno argentino detalla que “el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones”.

 


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