La gestión provincial apostó a sumar un fracaso en la paritaria docente y llevó al terreno seguro de la Legislatura su iniciativa de recategorizar el adicional por zona. La maniobra, que implica una demostración de fuerza en la antesala a la discusión salarial, se enmarca en la firme convicción del gobernador de socavar a las organizaciones gremiales.
Fotos: Cristian Martínez
Desde 2009, la Dirección General de Escuelas comenzó a acumular reclamos por errores de liquidación, falta de pago e incumplimientos en torno a la aplicación de ítem zona. La bola de nieve fue creciendo al punto de afectar en la actualidad a unos 16 mil docentes, por un monto aproximado de 700 millones de pesos. Muchos de los reclamos cuentan con dictámenes o resoluciones administrativas e incluso sentencia judicial para efectivizar el pago de la deuda generada. Es decir que, más temprano que tarde, el gobierno de la provincia debe responder financieramente al problema.
Tanto es así que ayer el gobernador anunció el pago de deudas con más de 5000 empleados públicos y aprovechó para referirse al conflicto por la recategorización de la zona: “Esperamos introducir en la Legislatura el proyecto para pagar toda la deuda de zona a los docentes y ya cerraríamos todas las deudas con todos los sectores de empleados públicos”. El primer mandatario reflexionó que la regularización de este pasivo es fruto del ahorro genuino y la buena administración, omitiendo que gran parte de esa economía presupuestaria proviene de la feroz pérdida de poder adquisitivo a la que llevó a los empleados públicos desde que ostenta el poder.
Tampoco mencionó que, además de la liquidación del adicional, espera que la Legislatura brinde aval al proyecto de recategorización que no logró acordar con el gremio en paritarias, que implica dejar de lado una comisión mixta –acordada en la mesa de negociación integrada por cuatro representantes del gobierno y cuatro del sindicato docente- para darle las facultades a la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) de establecer los criterios de reestructuración.
La ecuación del apremiado Cornejo fue utilizar esta obligación como insumo de discusión/apriete con los docentes y mostrarle las garras a la nueva conducción del SUTE. De esta manera puede interpretarse el sinsentido con el que condujo las últimas negociaciones. Exigió la aceptación a su “propuesta integral” de recategorización del ítem como condición de la efectivización de lo impago. El juego le sirvió para intentar invertir la carga de la prueba y exponer a los trabajadores de la educación como los responsables de la incertidumbre y la mora en recibir lo que ya fue reconocido.
Por otro lado, al calcular que la negociación fracasaría sin ceder a la exigencia del SUTE de encausar el problema a partir de la comisión mixta, el Ejecutivo presentó correcciones cosméticas en el último encuentro cara a cara con los representantes gremiales y, al día siguiente, resolvió enviar el proyecto a la Legislatura.
El mensaje hacia el gremio es contundente: podemos acordar lo que el gobierno desee acordar. Si se da así lo sacan a la fuerza por la escribanía de Peatonal. La coherencia de Cornejo en el ataque sistemático hacia los gremios adquiere valor: negocia algún privilegio, tira carpetazos o amaga con la vaina, pero exige sometimiento.
Por eso la parábola de la zona recobra significado. Si el gobierno logra a la fuerza transformar en oportunidad de ajuste una obligación de pago, el escenario se presenta por demás preocupante a lo que pueda imponer en la discusión salarial y demás reclamos expuestos por los representantes de los docentes.
En ese plano, es tácita la intención de estigmatizar y no dar respuestas a las demandas de regularización y participación de los cuerpos colegiados estipulados en el estatuto docente. Cornejo supone despectivamente que ese tipo de figuras pertenecen a un modelo de cogobierno escolar que no tiene razón de ser.
Con el respaldo del generoso cortejo mediático, el mandatario mantiene la liebre cada vez más lejos de los galgos. Por lo que será vital para las organizaciones sociales y sindicales en general, intentar romper el molde y contrarrestar con iniciativa la holgura con la que el oficialismo conduce la agenda política de la Provincia.
La avanzada sobre el estatuto docente se agudiza y el actual secretariado del SUTE triunfó, en buena medida, a partir de un programa que prometía dar una dura batalla para frenar estos atropellos. Por ahora tiene la legitimidad para hacerlo y seguramente concentrará muchas expectativas de sus representados.
Sin embargo, el mismo secretario general del SUTE diagnostica como complejo el panorama. En diálogo con EL OTRO, Sebastián Henríquez advirtió que “la participación es difícil en momentos así, porque hay miedo, hay escepticismo, desmoralización, a veces apatía y está muy instalada la idea de que no se puede hacer retroceder al gobierno y que las resistencias no son útiles”, aunque más optimista aseveró que “hay que reeducarse como generación, hay un sector de trabajadores de la educación y trabajadores en general que tienen que rearmarse para esta pelea, y eso lleva un tiempo y paciencia”.
Leer más:
