La histórica pueblada mendocina por el agua pura venció en las calles al poder económico de las mineras, a los medios hegemónicos de desinformación y al pacto de los partidos políticos mayoritarios. A una semana de marchas y contramarchas, el gobernador Suarez asumió la derrota y envió a la Legislatura la solicitud de derogación de la ley cianuro, para restablecer así la plena vigencia de la 7722, la “guardiana del agua”.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez, Cristian Martínez y Seba Heras
Es probable que el devenir de la historia olvide esta secuencia de video, que sintetiza la dignidad de dos representantes del pueblo en lucha frente a la impotencia del gobernador y vicegobernador de Mendoza, electos en las urnas pero deslegitimados en las calles.
Es viernes por la mañana. Dos jóvenes mujeres leen frente a Rodolfo Suárez y Mario Abed la respuesta de San Carlos al llamado al simulacro de diálogo convocado por el mandatario el día anterior. “Venimos a establecer condiciones irrenunciables para dialogar, porque no queremos otra operación de prensa diciendo que no estamos dispuestos”, arranca una de las sancarlinas, y a continuación ambas ponen los puntos claros y precisos:
“Uno: no hay diálogo y no salimos de la calle con la Ley 9209 vigente. Devuelvan la 7722. Deroguen la 9209”.
“Dos: no hay diálogo en mesas separadas por sectores y cerradas a la comunidad. Todos y públicamente”.
“Tres: basta con decir que solo algunos sectores y solo el Valle de Uco se opone. Eso es mentira. Deben reconocer públicamente que en la provincia entera, incluido Malargüe silenciada, hay oposición”.
“Cuatro: no hay inicio de diálogo si no hay un reconocimiento público de los antecedentes, la 7722 es la ley más debatida de la provincia, 16 años de debate. Basta de decir que ‘vamos a iniciar un debate serio’, es una falta de respeto absoluta a miles de mendocinos”.
“Cinco: no hay diálogo en una mesa donde participen personajes que nos han engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc. Emilio Guiñazú y Humberto Mignorance no pueden estar en ninguna mesa, pedimos sus renuncias”.
“Seis: no hay diálogo de apuro, es una vergüenza y una falta de respeto que planteen esta mesa con horas de improvisación, es una burla a toda la sociedad mendocina. No es serio”.
“Exigimos también seguridad y paz social, no más represión, los hacemos responsables de cualquier problema y de la integridad física de los manifestantes. Es una vergüenza que llame a esta mesa por seguridad, por preocupación, porque sus hijos no pueden salir a la calle tranquilos, cuando tiene a miles de mendocinos en la calle con sus hijos. Sin nuestra ley 7722, no hay diálogo”, cerraron ambas mujeres y segundos más tarde se retiraron sin siquiera ser saludadas por el gobernador, también sancarlino, quien no tuvo el respeto de invitarles apenas un vaso de agua u ofrecer una asiento para que sus coterráneas pudieran exponer los argumentos de su pueblo.
Otra vez la suerte ya estaba echada, pero en el sentido diametralmente inverso a la seguridad con que Suarez logró que la Legislatura, justo una semana antes, le aprobara en forma exprés la ley que eliminó la prohibición de la utilización de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería. El mandatario, sin apoyos, cuestionado hasta por las reinas de la Vendimia, y sin respaldo de los intendentes propios y ajenos, decidirá en horas de la tarde que no va más, que enviará un proyecto a la Casa de las Leyes para que sea derogada la misma norma que él promovió, restableciéndose así la popular 7722.
Fue un categórico triunfo del pueblo mendocino, que confirmó que ningún gobernante tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera. La legitimidad de origen de Suárez, votado por más del 50% de los electores hace apenas dos meses, se puso en crisis en su ejercicio cuando avanzó sin escuchar a sus mandantes, subestimándolos. Mientras el justicialismo corrió igual y penosa suerte, cumpliendo un rol de aliado oficialista en la Legislatura, cuando fue votado exactamente para lo contrario, para ejercer un papel de oposición a los proyectos neoliberales de la alianza UCR-PRO, como lo es la reprimarización de una economía devastada por los gobierno de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo.
Como pocas veces en nuestra historia, una multitudinaria y prolongada movilización popular unió a sectores muy heterogéneos, en el valor común de la defensa del agua pura. La mentada grieta que tanto agita la prensa hegemónica no fue divisoria de las bases populares, sino una insalvable zanja entre la pueblada y la clase dirigente al servicio de empresarios nacionales y extranjeros, impulsores de una ley que amenazó el patrimonio más valioso y escaso de esta tierra árida y en constante crisis hídrica.
Ambas cámaras del Poder Legislativo ya fijaron horarios para enmendar el próximo lunes un error –o una traición- que no olvidarán nunca, y que los dejó mal trechos de cara a un año convulsionado que todavía no comienza. Aún escépticos, después de tanto manoseo, maltrato, represión y mentira, organizaciones sociales, políticas, ambientalistas y ciudadanos y ciudadanas autoconvocadas esperarán en las puertas de la Legislatura que les devuelvan para siempre la Ley 7722.
“¡El gobierno fue violento, no la manifestación del pueblo!”
