El gobierno de Mauricio Macri reinstaló su campaña de desprestigio hacia los organismos de defensa de los derechos humanos. Volcado hacia las próximas elecciones el Pro resalta sus lineamientos ideológicos. Referentes locales de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia hablaron sobre el retroceso que cristaliza las políticas de Cambiemos.
Fotos de archivo: Coco Yañez
En primera persona o través de sus voceros, el presidente Mauricio Macri sostiene una incisiva campaña de desprestigio y difamación hacia los organismos de defensa de los derechos humanos. Desde que inició su gestión las agresiones y provocaciones se han mantenido incesantes. Primero fueron las declaraciones del Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Darío Lopérfido, luego las propias afirmaciones del primer mandatario y ahora un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.
La estrategia es negar el genocidio argentino sembrando dudas sobre el número de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. Recientemente se difundió un informe del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que certifica que la cantidad de desaparecidos fue de 6.348 y que se asesinaron 952 personas sin mediar secuestro, durante los años de plomo. La excusa esta vez fue un supuesto pedido de informes de la ONG Ciudadanos Libres.
Réplicas al negacionismo Pro
La respuesta de los principales organismos de derechos humanos se dio a conocer de inmediato, Estela de Carlotto -titular de Abuelas de Plaza de Mayo- dijo que se trata de una “campaña de bastardeo” y recordó que “los propios asesinos dijeron que eran 45 mil, entre muertos y desaparecidos, y la ONU registraba más de 15 mil”.
El responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, rubricó el dato estadístico aunque remarcó que “de ninguna manera son datos definitivos”.
EL OTRO dialogó con dos referentes mendocinos. Ambos coincidieron en que la difamación es el puntal que tiene el gobierno del frente PRO-UCR para acabar con un símbolo de una lucha histórica.
El periodista Ernesto Espeche, hijo de desaparecidos y miembro de asociación LADH, evaluó la campaña de difamación del gobierno nacional como una representación del proyecto de país que se plantea Cambiemos. “El discurso gubernamental sobre el Terrorismo de Estado muestra un claro retroceso, es una evidente reactualización del mito de los dos demonios. Las constantes provocaciones acerca del número de personas desaparecidas y el desprecio por la temática son, a todas luces, una actitud deliberada sobre cómo redefinir los ejes a partir de los cuales pensar el pasado reciente. No es torpeza ni mero desinterés, es un mecanismo planificado de reformar un relato que sea compatible con el proyecto de país excluyente que están imponiendo. Por eso al cuestionar una cifra no debaten un dato estadístico sino todo un símbolo de una lucha histórica que, en esencia, les resulta un obstáculo”.
“Cuestionan los 30 mil no por un afán de regateo; la pata civil del genocidio está en el gobierno y como tal, necesita construir otra memoria”, subrayó Espeche.
En ese mismo tono se expresó Susana Muñoz, titular de la Casa por la Memoria, pero hizo referencia a las manifestaciones concretas en las que se traduce el negacionismo histórico del gobierno de Macri. “Esta operación tiene como objetivo principal negar la figura del genocidio, pero en el fondo se trata de una campaña política, las elecciones de medio término están cerca y utilizan como estrategia el desprestigio hacia los organismos de DDHH, porque más allá del número no se puede negar que el genocidio existió. Como ha quedado demostrado este gobierno avanza con todo y retrocede en chancletas”, resumió la mujer que también es responsable de los Archivos del Espacio para la Memoria.
En referencia a la gestión en el área de derechos humanos del gobierno de Cambiemos, Muñoz opinó: “los organismos de DDHH vivimos con muchas preocupación las decisiones que está tomando el gobierno nacional, por ejemplo hay temor por lo que pueda suceder con los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, por eso se está solicitando que se declare a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad y se está trabajando para que se conserve el sitio Orletti Automotores, entre otras cosas”.
Muñoz contó además que en Mendoza los organismos que conviven en el Espacio para la Memoria, están luchando para que el gobierno provincial no avance con un proyecto de refuncionalización del edificio que les quitaría espacio.
“Mantenemos las demandas bien alto, como siempre, en conjunto y por separado no hemos dejado de estar activos”, remarcó Muñoz.
La falacia instalada
La manipulación de los hechos vinculados al Terrorismo de Estado que realiza el gobierno nacional es estrategia coyuntural y reflejo ideológico a la vez. La instalada discusión sobre la cifra se apoya en los errores de los listados elaborados en 1984 por la CONADEP y desconoce la continuidad de un proceso que no se ha detenido.
Susana Muñoz relató que en el año 2000 las denuncias en Mendoza sobre desaparecidos eran 164 pero con el paso del tiempo estas se ampliaron a cerca de 290. Otro ejemplo son los informes del equipo de investigación del CONICET que conduce la Doctora en Ciencias Sociales Ana Jemio, sobre el genocidio en Tucumán; los datos presentados explican que CONADEP del año 1984 tenía registradas 609 denuncias pero que en la actualidad éstas se ampliaron a 1005, con información verificada y completa, según el Área de Investigación de la Secretaría de DDHH.
Como explica Daniel Feierstein -autor de El genocidio como práctica Social, y profesor de la UNTREF y la UBA-, “el objeto del terror –de la última dictadura- fue atravesar al conjunto de la población con el sistema concentracionario (vinculado a los campos de concentración) como método para diseminar el terror”. En tanto que la aparición de nuevas denuncias tiene que ver -explica el académico- con “las condiciones políticas nacionales y provinciales (la existencia de condenas a los responsables o la apertura de nuevos tramos de las causas judiciales). Estos son elementos que permiten enfrentar el miedo y las consecuencias traumáticas de la desaparición en la familia o en el barrio y, que “en muchos casos, depende de la voluntad de investigación de las fiscalías o querellas la posibilidad de detectar nuevos casos no denunciados hasta el momento”.
