Como consecuencia de una publicación del portal Sitio Andino, en la que resaltó datos surgidos de las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales, el periodista Leandro Abraham fue despedido “sin causa”. El sindicato de prensa local cataloga el hecho como un acto de censura, al conjeturar que la cesantía es resultado de las presiones del gobierno de Cornejo.
El lunes pasado, con la firma de Leandro Abraham, el diario digital Sitio Andino publicó una nota titulada “Declaraciones Juradas: curiosidades en el patrimonio de los funcionarios”. La pieza periodística resaltaba algunas inconsistencias en el patrimonio declarado por los funcionarios provinciales, al tiempo que describía cierta tensión entre los declarantes y el organismo de control.
Un día después, el periodista fue despedido “sin causa”. Entrevistado por Radio Universidad, Abraham aseveró que “la nota generó controversias en algunos ámbitos del gobierno. Hubo algunas personas a las que no les gustó la publicación de la nota, y horas más tarde llegó la comunicación del despido”.
En un comunicado titulado “Despido arbitrario y censura en Sitio Andino” el Sindicato de Prensa de Mendoza repudió el despido del comunicador, al vincularlo de manera directa a la publicación de la nota en cuestión.
Desde el gremio, concluyeron que “la arbitrariedad del despido se evidencia, además, al tener en cuenta que la publicación o no de una información periodística no es facultad de un trabajador de prensa, sino de la empresa que la autoriza”.
La reacción sindical, por el momento limitada a la difusión en redes sociales, expresa que “rechazamos que accediendo a presiones gubernamentales y desconociendo la responsabilidad de sus propios actos la empresa, se haya allanado al despido del periodista en lugar de ejercer su defensa y en definitiva la suya propia”. Mientras que agrega su repudio al “suceso que, desde todos sus flancos, configura un acto de censura, un ataque al ejercicio profesional de la labor periodística, y en consecuencia un ataque a los trabajadores de prensa y a la sociedad toda, por la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”.
El despido arbitrario de Abraham desnuda la vulnerabilidad que padece la libertad de expresión y el derecho a la información, cuando depende de la ecuación resultante entre los intereses económicos de los propietarios de los medios y los recursos públicos. El matiz, en todo caso, depende del grado de ejercicio y sincronía en esa relación de poder. Recientemente, en este medio nos preguntamos cuál es el límite entre la publicidad de los actos de gobierno y la campaña electoral del oficialismo.
En ese sentido, la sociedad mendocina permanece privada de conocer los montos y criterios del reparto de la pauta oficial destinada a publicidad. “Secreto guardado bajo siete llaves de la administración Cornejo”, es la insuficiente respuesta que hemos obtenido por ahora de los voceros gubernamentales.
Si algo evidenció el debate por la Ley de Medios (ya aniquilada) es esta íntima reunión de intereses corporativos que trascienden y someten a cualquier práctica periodística. Compleja realidad que muta en emboscada irresuelta en la labor cotidiana y conciencia de las y los trabajadores de prensa.
Quizá por ello, aunque desde el gremio periodístico local reclamen la “inmediata reincorporación y la intervención de los organismos competentes para restablecer los derechos vulnerados”, Abraham manifieste que “no tengo expectativas ni tampoco sé si quisiera volver a trabajar en un medio que despide a un periodista por publicar una nota”.
Bienvenido al club, compañero Abraham.
