El gobierno provincial anunció la inminente licitación de explotación y exploración en 12 áreas petroleras. El pliego licitatorio que se prepara se acopla al modelo regresivo de distribución de los recursos. Entre otras modificaciones, se eximirá a los futuros permisionarios del canon destinado al Fondo Escolar, condición impuesta por la administración de Celso Jaque.

Foto: Prensa Gob. Mza.
Guiñazú Fader.

El 13 de octubre pasado, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú Fader informó que “antes de fin de año” el gobierno provincial licitará “la concesión de 10 áreas hidrocarburíferas de exploración y 2 de explotación petroleras”.

EL OTRO accedió al texto definitivo del llamado a licitación que preparó el gobierno, en el que se corrobora la impronta oficial de garantizar la renta privada por sobre los intereses públicos. En el nuevo pliego, entre otros beneficios concedidos a las empresas interesadas, desapareció la obligación de los permisionarios de aportar el 2% de su inversión comprometida al denominado Fondo Escolar.

Foto: Cristian Martínez

El anuncio oficial puso especial énfasis en que la gestión Cornejo priorizará “el desarrollo de los recursos a largo plazo por sobre las retribuciones económicas”. El eufemismo utilizado por el funcionario enmascara la directriz distributiva ejecutada por la administración provincial, que en consonancia ejemplar con el modelo nacional, dispone la intervención estatal como garantía de rentabilidad de los sectores más ricos y poderosos. Lógicamente, este ajuste en las cuentas de la hacienda provincial, erosiona el sistema público de servicios esenciales.

La reforma a la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 124, delegó en las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes”. Esta relativa condición de autonomía –atravesada por numerosas tensiones, polémicas y litigios hasta el día de hoy- es una de las pocas herramientas con que cuentan los gobiernos provinciales para imponer condiciones respecto a la explotación de sus riquezas.

Foto: Prensa Gob. Mza.

Ese respaldo jurídico sustancial de la Carta Magna proporcionó margen de soberanía a los gobiernos de provincias hidrocarburíferas para establecer ciertas condiciones sobre un negocio multimillonario. Durante la gestión de Celso Jaque, con cumplimiento dispar, se estableció que los adjudicatarios debían depositar un porcentaje de la inversión proyectada en un Fondo Escolar, con ámbito de ejecución en la Dirección General de Escuelas. Las licitaciones efectuadas por la gestión de Paco Pérez repitieron el criterio.

La condición impositiva, que se estabilizó en un 2% de la inversión comprometida por los oferentes, no escapó a las controversias promovidas por los lobistas de la industria. Sin embargo, materializó aquella facultad de negociación conferida por la Constitución Nacional.

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En el fondo, estas definiciones cristalizan la concepción que cada administración adjudica al rol del Estado: se rapiña modestamente un compromiso adicional sobre este tipo de emprendimientos -por demás redituables-, o llanamente se garantizan las ganancias de un sector que, justamente, no es de los más golpeados.

Cornejo, sin sorpresas, optó por beneficiar a los más poderosos. La crítica situación de la infraestructura escolar –una de las principales denuncias del gremio docente- no contará más con la propina de las petroleras, pobrecitas ellas.

Foto: Prensa Gob. Mza.

 

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Catalogada tradicionalmente como la provincia del vino, Mendoza concentra algo más de un tercio de su riqueza en torno a la industria petroquímica, situándose en el selecto grupo de provincias productoras de hidrocarburos.

Con la C del Cambio, la principal fuente de riqueza provincial se sirve sumisamente en la bandeja de la rentabilidad empresaria. La posverdad disfrazada de fundamento radica en la promoción de las inversiones y la generación de empleos. En tal sentido, Fader Guiñazú destacó que “el pliego orienta a que todos los esfuerzos de las empresas se dirijan a esos dos puntos, ampliar horizontes y generar trabajo a través de tareas de exploración y explotación. Hemos reducido y simplificado algunos compromisos adicionales que no agregaban valor”.

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Por si faltara aclarar la concepción redistributiva a favor de los vulnerables empresarios petroleros, el subsecretario, y exempleado de Luis Enrique Pescarmona, señaló que “no buscamos hacer caja para el Estado sino proyectar un horizonte lo más amplio posible al sector”.

 


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