Once son las comunidades de Lavalle que sufren graves atropellos por parte de empresarios que no reconocen la soberanía del pueblo indígena sobre las tierras que habitan y proceden a alambrarlas. La Ley provincial 6920 establece la expropiación de las tierras ocupadas por particulares y su transferencia a nombre de la Provincia, pero a pesar de que se sancionó en 2001 todavía no se aplica efectivamente y el Estado no se hace responsable.
Por Jo Thomatis / Fotos: Coco Yañez
Los pueblos originarios cargan con siglos de lucha en sus espaldas por ser reconocidos y respetados en su soberanía. En el departamento de Lavalle existen 11 comunidades indígenas que pelean por la aplicación efectiva de la ley provincial 6920, que establece la expropiación de las tierras usurpadas por terratenientes. Mientras tanto, deben enfrentarse al accionar delictivo de empresarios que alambran sus tierras de forma ilegal y arrasan con la flora y fauna local, recursos en los que las comunidades basan su supervivencia.
EL OTRO viajó al secano de Lavalle y participó de una asamblea de las comunidades en la que se discutió esta problemática, que cada vez se vuelve más violenta para las familias que ven avasallados sus derechos. De hecho la familia que recibió en su puesto a esta asamblea fue notificada días después con una orden de desalojo firmada por la jueza Mónica Araujo.
Ramón Tello, uno de los representantes del CPI (Consejo de Participación Indígena) en Mendoza explicó que “los empresarios han cerrado caminos ancestrales arrasando con la flora y fauna autóctona. Hay familias que viven dentro de las tierras alambradas que si llegan a tener algún contratiempo no tienen cómo salir para irse en su vehículo a un hospital, porque les alambran el camino. Ni siquiera pueden llevar a sus hijos a la escuela”.
“La Ley 6920 se sancionó en el año 2001”, señaló Diego Barros, representante del CPI del pueblo huarpe. “Apenas fue publicada en el boletín oficial el fiscal Pedro Sin, en ese entonces, opuso un recurso de inconstitucionalidad de la ley porque decía que violaba la propiedad privada. De ahí estuvimos ocho años en proceso de juicio con la ley hasta que las comunidades se presentaron junto al Estado a defenderla y en 2009 ganamos el juicio”.
“La responsabilidad total frente a esto la tiene el Estado mendocino, el gobierno de Mendoza. Hay un poder económico que maneja Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. La ley 6920 dice que su aplicación debe ser llevada a cabo por el Ministerio de Ambiente o Subsecretaría de Medioambiente en conjunto con la Municipalidad de Lavalle, y eso no sucede” denunció Tello. “El ex gobernador (Celso) Jaque hizo un decreto en el que nombró a Fiscalía de Estado para que llevara la expropiación adelante: es decir, que los mismos que se oponían tenían que encargarse de cuidar nuestro espacio en las tierras. Ellos están para defender los intereses de grandes empresarios”.
Las familias que pertenecen a las distintas comunidades indígenas deben enfrentarse al accionar violento de la policía, que se acerca a patrullar por la zona con amenazas. “Nuestras comunidades no solo están amparadas por la ley de expropiación, que es la que nos otorga el territorio, sino que además hay legislación internacional como el convenio 169, declaraciones de la ONU. Legislación tenemos de sobra, pero nadie cumple las leyes” remarcó Barros.
Tello, que puede detallar cada artículo de la ley que protege a las comunidades, puso énfasis en que “los empresarios que vienen a alambrar y a amenazar a las familias que viven aquí pueden tener títulos supletorios, pero justamente todas estas tierras tienen una anotación de litis en catastro, que dice que están sujetas a expropiación. O sea que el que hace algo lo hace sabiendo que está violando la ley”.
“El responsable es el Estado. La Suprema Corte de Justicia reconoció que la posesión de las tierras es de las comunidades, pero no tenemos el título de las tierras que lo otorga la ley. Y esta expropiación lleva 16 años ya, el Estado tiene miedo a pagar las expropiaciones porque estas tierras están plagadas de títulos superpuestos: acá se hizo un estudio que arroja 1.600.000 hectáreas cuando en realidad son 760.000, hay títulos sobre títulos. Y no tienen títulos sanos porque hay gente de las comunidades viviendo y eso ha sido reconocido por la Corte. La expropiación le saldría cero pesos a la provincia, no lo quieren hacer porque protegen a sus padrinos económicos”, denunció el representante del CPI.
Dentro del reclamo por poder habitar sus tierras sin sufrir atropellos, las comunidades también exigen que las autoridades de gobierno tomen cartas en el asunto, puntualmente el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé. “Para que a la gente de las comunidades les reconozcan sus denuncias tienen que sí o sí ir acompañados de nuestro abogado porque si no, no se las toman. Que Gullé ponga ojos en la fiscalía de Lavalle y en la de Santa Rosa, la de Santa Rosa porque es parcial frente a las denuncias que hacen y no es esta su jurisdicción. Y la fiscalía de Lavalle no nos recibe las denuncias a las personas de la comunidad”, dijo Ramón Tello.
Respecto a la responsabilidad del secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, Tello explicó que “nunca habló con nosotros en cuatro años. Nadie se quiere hacer cargo de esto. Estamos muy cerca de demandar a la Provincia internacionalmente, por retardo de justicia, por no cumplir con la ley, no aplicarla. Le otorgaron tierras a miles, títulos sobre títulos, eso es una estafa por la que van a tener que pagar.”
“Si acá la gente le hace una demanda a la provincia por los daños que nos han causado con estos años de indiferencia, le van a faltar ceros a esa demanda”. Tello señaló cuál sería la forma ideal para que procediera el Estado en favor de las comunidades indígenas: “ Lo que tiene que hacer el gobierno es establecer un decreto para sacarle a Fiscalía de Estado la aplicación de la ley, se la tiene que dar a los dos organismos que la ley establece: Ambiente y Municipalidad de Lavalle”.
“Y por otro lado el gobierno tiene que cumplir con el artículo 4 de la ley, que establece que el Estado mendocino debe pasar todas estas tierras a nombre de la Provincia. Con eso nosotros nos podemos quedar tranquilos y podríamos hasta esperar 500 años más para que nos den los títulos de nuestra tierra, pero ni eso se animan a hacer”, lamentó el representante del Consejo de Participación Indígena.
Diego Barros, el otro representante, recordó que “las comunidades siempre hemos existido, el territorio que hoy defendemos es solo un pedacito de todo el espacio que abarcaba nuestro pueblo. Somos una familia peleando por lo que nos corresponde”.
