Organizaciones de productores y campesinos vinculados a la agricultura familiar de Mendoza reclamaron con un “feriazo” la reimplementacíón de políticas públicas para paliar el crítico momento que vive el sector. Durante la protesta, centenares de mendocinos y mendocinas que se acercaron a la plaza descubrieron el precio de costo real de frutas y verduras que llevan a su mesa con cada vez mayor dificultad y se interiorizaron de las demandas solicitadas por los productores. Exigen la declaración de Emergencia Agropecuaria y el freno a la ley de semillas “Monsanto-Bayer”.
Fotos: Coco Yañez
Desde las nueve horas de ayer, la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza cobró forma de gran Feria agrícola. Lejos de la eventualidad característica de las actividades oficiales armadas para el turismo, esta vez fueron las organizaciones de productores y campesinos quienes modificaron el monótono paisaje del pulmón céntrico.
Una decena de organizaciones locales se acoplaron así a la jornada nacional de lucha que intentó visibilizar la crisis que atraviesan a raíz de las políticas del presidente Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo. Denuncian que el presupuesto 2019 recientemente aprobado por el Congreso de la Nación, determina la inviabilidad de su actividad al ejecutar un feroz ajuste sobre los recursos e instancias del Estado que atendían o promovían sus demandas. Dejando a la deriva la soberanía alimentaria de nuestro país, ya que el 60% de los alimentos consumidos en Argentina proviene de la agricultura familiar. La forma de protesta es novedosa, pero las demandas se concentraron en un pedido de larga data para declarar una ley de Emergencia Agropecuaria.
Además del cimbronazo sufrido por los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la dolarización de los insumos, las organizaciones advirtieron el sistemático desmantelamiento de estructuras gubernamentales abocadas a la promoción de su actividad, mientras que el gobierno termina subsidiando a las empresas concentradas en el agro negocio productoras de comodities, no de alimentos.
En ese sentido, señalaron la eliminación del Monotributo Social Agropecuario y el programa Cambio Rural, la reducción al mínimo del programa Pro Huerta (que pasará a contar con 80 millones de pesos el año que viene, contra 700 millones de pesos que tuvo este año), así como la destrucción de la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), dos áreas de gobierno que han sufrido en los últimos meses despidos a mansalva.
La protesta se inscribe en medio del silencioso intento del gobierno nacional por reformar la “ley de semillas” en favor de las grandes multinacionales que manejan el negocio, como Monsanto-Bayer. Algo que implicaría una inédita limitación en la tradición agrícola y la soberanía alimentaria a costa de un multimillonario negocio al que accedería el cártel de las semillas de genética. Semejante dislate llevaría a un productor a costear las patentes transgénicas o directamente vivir y trabajar al margen de la ley, con la consecuente persecución que experimentan sus pares en los países donde las multinacionales quebraron las voluntades políticas.
La preocupante situación se agrava en Mendoza por los altos costos de alquiler y la escasez hídrica, que obliga al riego de pozo a través de bombas y el pertinente sometimiento al grotesco marco tarifario eléctrico. Tampoco el Estado provincial mantuvo las estructuras para apuntalar al sector, mientras se escuda cobarde y vilmente en sicarios con el fin de proyectar una nueva matriz económica provincial. Sin contar el salvataje a coimeros consabidos.
A continuación, los reclamos de las organizaciones que participaron del “Feriazo Nacional” (ATE – Delegación Secretaría de Agricultura Familiar, Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra – MNCI Vía Campesina, Asociación de Pequeños Productores, Movimiento de Trabajadores Excluidos Rurales bajo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Unión de Trabajadores de la Tierra, La Vía Campesina y el Movimiento Nacional Campesino Indígena):
1- Marcha atrás con la quita del Monotributo Social Agropecuario, y ampliación para todos los pequeños productores agrarios.
2- Créditos blandos para el acceso a insumos y maquinaria.
3- Regulación de los alquileres de tierras para la producción de alimentos.
4- Planes nacionales para el acceso a la tierra para la agricultura familiar.
5- Subsidios para la producción y agregado de valor.
6- Plan de mejoramiento de la infraestructura agropecuaria.
7- Protección de cinturones hortícolas periurbanos para ciudades sanas y seguras.
8- Reconocimiento definitivo de las tierras de nuestros pueblos originarios, no más burocracia.
9- Prohibición de negociar los bienes comunes nacionales para el pago de la deuda externa.
10- Reincorporación de los 900 trabajadores y trabajadoras del ex Ministerio de Agroindustria de la Nación.
