En medio de la crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19, la Justicia Federal de Mendoza dictó la prisión domiciliaria a criminales detenidos por delitos de lesa humanidad. Organismos de Derechos Humanos dejaron constancia de su oposición a la resolución y exigen que, superada la crisis, la situación se retrotraiga al presidio efectivo en cárcel común.

Fotos de archivo de jornadas de juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza: Coco Yañez

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El decreto presidencial de Emergencia Sanitaria que dispuso el aislamiento social obligatorio producto de la pandemia de COVID-19 se publicó el 12 de marzo. Al día siguiente, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió en una acordada sobre las condiciones de hacinamiento del sistema penitenciario y “encomendó  el  preferente  despacho  para  la urgente  tramitación  de  cuestiones  referidas  a  personas privadas de la libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes”.

La acordada lleva las firmas de Angela Ledesma, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Javier Carbajo. Fue apoyada a la distancia por Mariano Borisnky y Juan Carlos Gemignani. Mientras que en disidencia se pronunciaron Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi.

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La recomendación de la Cámara contempla, además, que las medidas se apliquen bajo los criterios señalados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), entidad que ya había advertido en un informe “la imposibilidad del Estado de garantizar la integridad física de las/los presas/os” y que “la crisis sanitaria puede ser también una oportunidad para generar mecanismos de justicia restaurativa que eviten la recurrencia a la privación de liberad como sanción, especialmente respecto de aquellas ofensas que no hayan implicado daños a las personas”.

Velocidad mendocina

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Bajo estos antecedentes, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza resolvió conceder el beneficio de la prisión domiciliaria, con carácter cautelar, excepcional y provisorio a Oscar Bianchi, Pedro Linares, Segundo Héctor Carbajal, Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone y Juan Carlos Ponce, mientras que el TOF 2 de San Rafael hizo lo propio con Mario Ocampo.

El blog de los organismos de Derechos Humanos de Mendoza resumió las condiciones de cada uno de los beneficiados:

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Carlos Eduardo Ledesma: ex oficial del Ejército, condenado a 22 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y torturas, cometidos contra mujeres concentradas clandestinamente en el Casino de Suboficiales del Ejército poco después del golpe del 24 de marzo del 76.

Segundo Héctor Carabajal: miembro del Destacamento de Inteligencia 144, condenado a 10 años de prisión por la apropiación de la nieta recuperada 117, Claudia Domínguez Castro. Fue hallado culpable de falsificación de documento público, así como de retención y ocultamiento de identidad de la hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, ambos desaparecidos. Por pedido de la querella a raíz de esta criticada medida, Carabajal tiene una consigna policial.

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Oscar Simone: Personal Civil de Inteligencia (PCI) dependiente del Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa que se encuentra actualmente en debate. Simone era empleado en la Dirección de Transporte y compañero de Roberto Blanco, secuestrado y desaparecido en 1976. Por este hecho llegó a juicio.

Oscar Bianchi:  oficial del Servicio Penitenciario condenado a 6 años por asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y tomentos agravados contra presos políticos alojados en la cárcel provincial de Boulogne Sur Mer.

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Pedro Linares: agente penitenciario condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita y por encubrir los delitos cometidos contra los presos políticos que se hallaban en la Penitenciaría Provincial.

Juan Carlos Ponce: subcomisario de la Policía de Mendoza que revistaba en la Seccional 16 de Las Heras, está a la espera de un nuevo veredicto después de que la Cámara de Casación revocara la absolución dictada por el TOF 1. Fue acusado por el encubrimiento de tres desapariciones acaecidas en su jurisdicción con intervención de personal bajo su mando.

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Omar Navarro Moyano: miembro del Ejército perteneciente al Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa actualmente en debate. Se profugó antes de iniciarse el noveno juicio, pero recientemente fue ubicado y detenido.

Mario Guillermo Ocampo: ex coronel del Ejército procesado por el TOF 2 por la desaparición del soldado Félix Órdenes y por otros delitos cometidos en San Rafael y Gral. Alvear. Estuvo siete años prófugo y fue detenido en 2019. Simultáneamente, Ocampo debe responder ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín de la provincia de Buenos Aires por la causa que trata los asesinatos perpetrados en el marco de la Contraofensiva Montonera.

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Mientras, entre otros acusados que realizaron el pedido de prisión domiciliaria y esperan una respuesta de la Justicia mendocina, se encuentran Juan Carlos Santamaría, Jorge López, Julio La Paz, Guillermo Campanille y Antonio Garro.

Desde la publicación se señala que “preocupan particularmente las domiciliarias de Navarro y Ocampo que estuvieron prófugos hasta su detención, conducta que constituye un antecedente relevante para no obtener el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Rechazo de organismos

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Por su parte, en un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Salinas y Viviana Beigel, representantes legales por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, plasmaron la oposición a la medida en Mendoza señalando que los beneficiados son “personas que han sido condenadas por gravísimos delitos como lo constituyen los crímenes contra la humanidad, por lo que es necesario considerar el riesgo que puede implicar la permanencia en sus domicilios para los sobrevivientes y sus familias”.

Por otro lado, dejaron sentado no habérseles “dado vista” de la resolución, por lo que solicitaron “que se vele por el estricto cumplimiento de las condiciones de detención domiciliaria” y que “las medidas de morigeración de la ejecución de la pena se dispongan por el plazo de persistencia de la emergencia sanitaria, luego de lo cual debería retrotraerse automáticamente la medida al estado actual”.

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En diálogo con FM La Mosquitera, Salinas agregó que “estamos en coordinación con la Red Nacional de Abogados de Causas de Lesa que integramos, y estamos luchándola”, al tiempo que aseguró estar “en contacto permanente con todos los organismos, que están al tanto de toda esta situación.”

 

 

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