La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública inició un expediente donde consta una denuncia contra Andrea Lara, quien se encuentra a cargo de la Secretaría Legislativa del Senado. Una de las personas de máxima confianza de la vicegobernadora, Laura Montero, fue acusada de presunta falsificación de documento público e incompatibilidad de funciones. “La Dra. Lara habría cobrado sueldos en contra de la normativa legal vigente, haberes tanto del Estado Nacional como Provincial, sin proceder a la devolución de las sumas indebidamente percibidas”, señala la denuncia.

Foto: Senado de Mendoza
Andrea Lara.

De acuerdo con la página web de la Legislatura de Mendoza, la abogada Andrea Lara “fue Coordinadora de planificación, seguimiento y evaluación de la UNCuyo; luego se desempeñó en la Unidad de Enlace de la Legislatura de Mendoza y desde mayo está al frente de la Secretaría Legislativa de dicha institución”.

Lo que omite la información oficial y pública son los períodos en que la funcionaria ocupó cada uno de esos importantes cargos en los Estados nacional y provincial. Y es allí donde se encuentra la clave de una grave denuncia que, desde el 21 de noviembre pasado, está en manos de Gabriel Balsells Miró, auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza.

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Fuente: http://mesas-web.mendoza.gov.ar

EL OTRO tuvo acceso al Expediente 58-D-2018-05180 donde se tramita la presentación realizada por una empleada de la Legislatura local. En el texto que da inicio a la pieza administrativa la trabajadora pone en cocimiento de Balsells Miró que Andrea Juliana Lara “habría falseado los datos consignados en el formulario ‘Alta de empleados de la administración pública – Decreto 3285’ que obra en su legajo personal de la H. C. de Senadores…”

En el formulario en cuestión, firmado por Lara en diciembre de 2015, la funcionaria no declaró el cargo que entonces cumplía en la Universidad Nacional de Cuyo. La omisión deliberada no solo resulta contradictoria con los hechos sino también con resoluciones de la UNCuyo, donde se confirma que la abogada fue Coordinadora de planificación, seguimiento y evaluación desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de agosto de 2016.

Foto: Legislatura de Mendoza
Lara junto a Montero.

¿Por qué la funcionaria de la Legislatura “olvidó” es gran detalle? El 18 de diciembre de 2015 Lara fue designada, por Resolución 540 del Senado presidido por Laura Montero, en el cargo de directora de Enlace, sin abandonar sus funciones en la universidad pública. Las principales hipótesis que plantea la denuncia contra la funcionaria es que ésta pretendió evitar caer en incompatibilidad de funciones y, al mismo tiempo, poder percibir dos remuneraciones estatales.

Según la denunciante, quien presentó pruebas documentales oficiales, la omisión de la actual secretaria legislativa implicó no solo una violación del decreto provincial sino además la posible comisión del delito de falsificación de instrumento público.

Foto: Legislatura de Mendoza

“En el formulario prescripto por el Decreto N° 3285/77, que la funcionaria suscribe en fecha 28/12/15, OMITIÓ consignar su cargo en la Universidad Nacional de Cuyo. Dicho incumplimiento se encuentra tipificado por el art. 292 del Código Penal”, precisó la denunciante, quien además señaló: “la Dra. Lara habría cobrado sueldos en contra de la normativa legal vigente, haberes tanto del Estado Nacional como Provincial, sin proceder a la devolución de las sumas indebidamente percibidas”.

Conforme a la Constitución de Mendoza y el Estatuto del Empleado Público provincial, se encuentra expresamente prohibida la acumulación de dos o más empleos o funciones públicas rentadas. Todo parece indicar que quienes debieron realizar los controles pertinentes en la Legislatura no fueron los suficientemente rigurosos en la verificación de la información pública o, tal vez, optaron por mirar hacia el costado.

Foto: Legislatura de Mendoza
Balsells Miró, exdiputado radical y actual auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza.

En búsqueda de la transparencia, será la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública la que deberá determinar si Andrea Lara violó legislación vigente e incluso, en el caso de encontrarse frente a un posible delito, impulsar una acción penal contra ella.

Por su parte, la vicegobernadora Montero tiene en sus manos la decisión política de sostener -o no- a la funcionaria sobre la cual pesa esta grave denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que Lara se encarga, ni más ni menos, de “coordinar las áreas que dan soporte al proceso legislativo velando por el cumplimiento normativo que rige a los mismos”.

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Caso Venier: Montero y el mito de la “vida privada”