Hoy a las 18, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza dará a conocer su sentencia en el IV juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Entre los acusados se encuentran cuatro exmagistrados federales que condujeron o formaron parte de la matriz que la Justicia Federal local montó para garantizar la impunidad. EL OTRO rescata tres hechos que resultaron claves para posibilitar que se juzgue a parte de la “pata civil” del genocidio.
Amigos son los amigos
Argentina vivía momentos de profunda crisis económica. Los organismos, con avances y retrocesos, persistían en su lucha por Justicia –durante el mes de marzo, el juez federal Gabriel Cavallo había declarado inconstitucionales las leyes del perdón y se abrían nuevas esperanzas. Mientras tanto, en Mendoza, se desarrollaban los Juicios por la Verdad, aquella instancia de investigación sin efectos penales resuelta por la Justicia Federal de La Plata, como un paliativo señero al tenaz reclamo de víctimas y organismos de derechos humanos.
Quien presidía la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a cargo de estos juicios era Luis Francisco Miret, uno de los acusados que hoy conocerá su sentencia. El Dr. Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, recuerda que “habíamos impulsado los juicios por la verdad y era muy importante que no se interrumpieran”.
En pleno curso del proceso, el equipo tomó conocimiento de una nota fechada en 1987 en la que el mismo Miret se excusaba de participar de un juicio por la desaparición de Daniel Romero. Para abstenerse, se fundaba en el “estrecho lazo social” y “amistad” con uno de los acusados, Juan Pablo Saá, quien se desempeñara en los años oscuros como comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VIII y fuera uno de los máximos responsables del terrorismo de Estado en Mendoza.
“Ese fue uno de los momentos importantes: nos juntamos con Elba y Pocha (NdR: Morales y Camín, ambas fallecidas, pioneras del MEDH y de la búsqueda de Justicia), y decidimos recusar a Miret, a riesgo de lo que pudiera pasar con el proceso. El paso del tiempo demuestra que tuvimos razón”, relata Salinas.
Juicio político
Los organismos de derechos humanos de Mendoza comenzaron a comprobar sus sospechas: esa misma tónica amistosa de Miret con Saá, teñía y dilataba el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que ya atravesaba gran parte del territorio nacional.
“Eran los mismos funcionarios que permanecían desde la dictadura militar, muchos de ellos aún ocupando esos lugares al aprovechar sus privilegios de perpetuidad y, con su permanencia, siempre acrecentando la familia judicial”, asevera Belén Faiozzo, también integrante del MEDH.
Fue así que comenzó a analizarse, con un contexto político más favorable, la posibilidad de solicitar juicio político sobre los jueces que entorpecían el avance de las causas, justamente por contar con antecedentes de complicidad con los hechos investigados.
“En ese momento se dio una discusión muy vigorosa entre Pablo, Pocha y Elba. Era una situación muy complicada. Recuerdo que Pocha planteaba que era ir en contra de gente muy poderosa, y que si no nos iba bien quedaríamos muy debilitados, tanto el organismo como los abogados”, rememora Faiozzo.
El abogado Salinas ratifica la impresión: “fue otro de los momentos importantes. Lo hablamos y Elba coincidió en que debíamos pedir los jurys a Romano y Miret. Sabíamos que nos enfrentábamos al poder en ejercicio, que se encontraba en la cúspide del poder mendocino. Eso habla de la valentía de todos los que participamos en esa decisión”.
En el archivo del MEDH constaban numerosos pedidos de hábeas corpus que habían sido rechazados por los magistrados. También se acumulaba prueba respecto a las sentencias que refrendaban las condenas sobre presos políticos que dictaban los Consejos de Guerra. Según consta en las memorias del organismo querellante, “hacia finales de 2008 promovimos juicio político ante el Consejo de la Magistratura a tres integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, el más alto Tribunal que entiende en las causas por los crímenes de la dictadura, en base a que ordenaron la liberación de policías federales que habían cometido crímenes en 1975 confesados por uno de ellos”.
Tiempo después, bajo distintos procesos, Miret y Romano serían destituidos. Faiozzo asegura que “fue muy importante el apoyo de todos los organismos y compañeros, pero fundamentalmente que las víctimas, más allá de los aprietes, y sabiendo a los poderosos que enfrentábamos, pudieran sostener sus testimonios con la firmeza que lo hicieron”.
En dirección al banquillo
Iniciado el proceso de juicio político, la coyuntura favoreció que los jueces impugnados comenzaran a ser investigados por su participación y responsabilidad en delitos cometidos durante la dictadura. Fue así que a partir de una denuncia penal de los ex presos políticos Fernando Rule y David Blanco, la Fiscalía especial de delitos de lesa humanidad, en ese momento encabezada por Omar Palermo, actual ministro de la Suprema Corte de Mendoza, comenzara a acumular las acusaciones que pesan sobre Miret y Romano en el juicio que culmina esta tarde.
En el ínterin, los otrora todopoderosos Miret y Romano realizaron las más variadas maniobras y tropelías para evitar su actual situación, al extremo de fugarse –en el caso de Romano-.
Durante el juicio que finaliza esta tarde, se pudo esclarecer la manera en que un importante sector del Poder Judicial acompañó las atrocidades cometidas por el gobierno de facto.
Por ello, más allá del fallo que recaiga particularmente sobre Romano y Miret, a quienes la sociedad ya condenó, la importancia de la sentencia de hoy radica en la responsabilidad que asumió una sociedad democrática al investigar el papel clave de un sector de la sociedad civil en la aplicación del un plan sistemático genocida, destinado a beneficiar a los sectores económicos más concentrados.
