Ayer fue otro día de diversas protestas callejeras en la Ciudad de Mendoza. A las manifestaciones de científicos del CONICET contra el ajuste en ciencia y tecnología, de vecinos del barrio Valle Encantado de Luján amenazados por un desalojo judicial y de artistas visuales reclamando políticas culturales, se sumó por la tarde el reclamo de comunidades migrantes que se oponen a un decreto nacional que restringe sus derechos.
Fotos: Apprentice
Adhiriendo a una protesta nacional, la Coordinadora por la Anulación del Decreto Antiinmigrante realizó, en la intersección de calle Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento de Capital, una radio abierta con el objetivo de difundir la problemática de las comunidades extranjeras en nuestra provincia.
“Este nuevo Decreto (DNU 70/2017) modifica la Ley 25.871 (de Migraciones) y la Ley 346 (de naturalización y ciudadanía) y representa una potencial amenaza a los Derechos Humanos de las poblaciones inmigrantes en nuestro país”, dice un folleto que repartieron los organizadores que convocaron a la radio abierta, donde además se cuestiona las razones de fondo de esa norma firmada por el presidente Mauricio Macri: “Bajo el argumento de combatir la inseguridad, el gobierno nacional busca imponer la relación migración-criminalidad y establecer un nuevo mecanismo para acelerar los plazos de su expulsión del país. Este decreto es una herramienta extorsiva para mantener “disciplinada” a la población migrante y afianza todo tipo de discriminación, reduce el concepto de ciudadanía al de nacionalidad”.
Desde la Coordinadora se denuncia que es inexplicable que el presidente haya apelado a la necesidad y urgencia para otorgarle “superpoderes” a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que contará con procesos sumarísimos para la expulsión de las personas con antecedentes o condenas cumplidas.
Nancy Colque, es integrante de la Feria Popular de Guaymallén, un espacio autogestivo integrado por un 85% de comerciantes inmigrantes, la mayoría de ellas mujeres. “Nos hemos convocado desde diferentes espacios de trabajo, a partir del Decreto 70 que salió los últimos días de enero que limita, transforma y modifica las leyes que protegen a las poblaciones migrantes y también al ejercicio de la ciudadanía”, precisó Colque ante la consulta de EL OTRO y agregó: “Estamos indignados frente a este nuevo decreto porque es un retroceso en términos democráticos, en términos de concebir a la migración como un derecho humano, y estamos conformando esta organización a partir de esta coyuntura que está siendo hostil”.
La actividad de ayer permitió a Nancy, como a otros organizadores, contarle a la comunidad mendocina de qué se trata el cuestionado decreto nacional, explicar el recorrido legal que tuvieron las leyes en la Argentina sobre poblaciones migrantes y el significado de la nueva norma entendida como “un retraso”, en palabras de esta dirigente social. “El decreto pone en manos del Ejecutivo la posibilidad de deportar o no a una persona, más allá de un proceso judicial –continúa Colque-, se acortan los plazos para defender la estancia de una persona en la Argentina y puntualiza sobre determinadas poblaciones pobres. Por ejemplo, un trabajador migrante de una empacadora o de una feria puede recibir una contravención y puede ser visualizado como un futuro deportado de nuestro país”.
El senador provincial Víctor Da Vila acompañó el reclamo de la Coordinadora. En diálogo con este diario, el referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores afirmó que su partido es “partidario de rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017) porque consideramos que es evidente que tiene un carácter xenófobo y discriminador”. “Se trata de una medida más, de un paquete de medidas del gobierno de Macri, que busca descargar brutalmente la crisis que está viviendo nuestro país sobre las espaldas del pueblo trabajador y que tiene por objetivo recomponer la tasa de rentabilidad de las grandes empresas”, definió el legislador.
Para Da Vila “ellos (por el gobierno nacional) están preparando el escenario para dar una reducción del mercado laboral. Ya hubo, en lo que va de un año y pico de gobierno de Macri, más de 250 mil despidos, la industria está trabajando al 60% de la capacidad industrial, y evidentemente esta crisis Cambiemos pretende resolverla cambiando cosas, no a favor de los sectores populares, sino a favor de los sectores del capital concentrado. Concretamente, esta medida (por el decreto) lo que busca es limitar la cantidad de trabajadores migrantes que existen en nuestro país, para lógicamente hacer una reducción más general del mercado laboral”, cerró el senador.
