La Fiscalía de Estado aplicó una sanción al director general de escuelas, Jaime Correas, por incumplir su obligación de responder 13 pedidos de informes solicitados por la Cámara de Diputados. Otro pésimo ejemplo de la máxima autoridad educativa de Mendoza.

Fuente: Fiscalía de Estado
Resolución 15/2018.

Mediante la Resolución N° 15/2018, Fernando Simón, fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza, aplicó un apercibimiento al violento director general de escuelas, Jaime Correas, por omitir responder más de una decena de pedidos de informes de la Cámara de Diputados provincial.

En base a principios republicanos básicos, la Ley 5736 regula las comunicaciones entre los poderes ejecutivo y judicial con la Legislatura. Entre otras disposiciones, la norma establece que los funcionarios “deben contestar debidamente fundamentados los pedidos de informes, declaraciones y resoluciones de las cámaras legislativas en un plazo no mayor de diez (10) días”, y prevé sanciones para quienes no cumplan con esta obligación legal, las que van desde apercibimientos hasta multas económicas.

Foto: UNCuyo
Fernando Simón, fiscal de Estado de Mendoza.

De acuerdo con el Expediente EX-18-435945 de la Fiscalía de Estado, el titular de la DGE no respondió a 13 resoluciones de la Cámara Baja correspondientes al año 2017. Además, Correas tampoco contestó igual número de notas que le cursó el organismo de control durante 2018.

Es por eso que Simón, a cargo de la Fiscalía, firmó la Resolución N° 15 donde dispuso apercibir al director general de escuelas, lo emplazó para que en el término de 10 días proceda a responder los informes requeridos y presente descargo, y ordenó que la sanción quede registrada en el legajo del indisciplinado.

Foto: Cristian Martínez
Jaime Correas, director general de escuelas.

Curiosamente, la resolución fue rubricada el 18 de abril de 2018, pero recién se publicó en el Boletín Oficial el 4 de diciembre pasado, ocho meses después de su emisión. Tal vez los trámites burocráticos demoraron la publicidad de la norma o, quizás, se haya dado tiempo más que suficiente para que el incumplidor subsane sus reiteradas e inexplicables faltas.

Resulta paradójico, aunque coherente con su cinismo, que quien pretende encarcelar a tres docentes del Normal Tomás Godoy Cruz por el presunto delito de “desobediencia”, entre otros amedrentamientos, omita sistemáticamente cumplir con la ley y las resoluciones del Poder Legislativo.

 

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