Cambiemos se prepara para reformar el Sistema Previsional argentino. El objetivo es volver a la “capitalización individual” aseguró la experta en asuntos previsionales Graciela Cipolletta, quien visitó Mendoza para hablar sobre el tema.
Fotos: Coco Yañez
Desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri viene realizando transformaciones en todos los ámbitos en los que participa el Estado. Estos cambios cumplen con el modelo estatal propuesto por el FMI, en el que la desarticulación del Sistema Previsional figura como una meta prima.
No hace falta hacer futurología, todos los gobiernos de la región que mantienen relaciones tóxicas con el Fondo, ya dieron ese paso que consiste en deteriorar la prestación, la extensión y la esencia del Sistema.
Graciela Cipolletta, docente de Derecho de la Seguridad Social de la UBA, advierte que desde hace un año el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, trabaja en esta reforma que tiene como meta introducir nuevamente la capitalización individual.
La experta en asuntos previsionales fue invitada por el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) para aclarar qué implican estas trasformaciones en el futuro de l@s trabajador@s. En ese marco, advirtió: “Se busca hacer una reforma integral de la Ley de Jubilaciones que viene con la vieja fórmula de los pilares. Este sistema de pilares está mal desde su arranque porque no mira lo que el trabajador gana, sino desde el financiamiento”.
Sistema de pilares
La Ley de Jubilaciones 24.241 está basada en el sistema de pilares, aunque durante el gobierno de Néstor Kirchner se le hicieron grandes reformas. Lo que se pretende ahora es terminar con el escalonamiento establecido. Se busca un sistema que contenga los tres pilares o niveles. El primero será de carácter universal y lo constituye la nueva pensión por vejez creada en 2017 con la “reparación histórica”. Se cobra a partir de los 65 años tanto en hombres como en mujeres, sin necesidad de aportes previsionales. El monto de ingresos equivale al 80 % la jubilación mínima lo cual constituye un deterioro de los derechos que habían alcanzado.
El segundo nivel seguirá siendo el sistema de reparto pero se modifica la fórmula de cálculo para determinar el haber inicial de cada jubilado. En lugar de los componentes actuales –PBU, PC y PAP–, se obtendrá un sistema conformado por la prestación universal –la pensión por vejez– más el plus asociado a los años y al nivel de aportes al sistema. Aquí Cipolletta advierte que “la jubilación universal y el componente del seguro social va a ser pagado por recurso del seguro social, lo cual va reduciendo el gasto del presupuesto nacional y cargando las tintas en lo que son los recursos de los trabajadores”.
El tercer pilar tendrá la función de elevar los montos de las jubilaciones de aquellos trabajadores que aporten voluntariamente. Esos pueden entrar voluntariamente a un sistema de capitalización individual que administrará el Estado. “En la capitalización individual administrada por el Estado o por el privado la lógica es la misma, la gente”.
“Hablar de capitalizaciones individuales, además de descremar la solidaridad y romper el principio solidario, significa volver a la noche de los tiempos” asegura la abogada.
Cipolletta subrayó “además que se está creando un nuevo Código de Seguridad Social. Es decir que no solamente van a reformar el sistema jubilatorio, van reafirmar desempleo, asignaciones familiares, una obra familiar”. La resolución, agregó, “está firmada por el ministro Triaca y debe aprobarse en 180 días”.
La transformación que pretende el gobierno tiene la profundidad necesaria para poner el sistema patas para arriba. Hay otras modificaciones que no han salido a la luz pero se están gestando, como la modificación del régimen de autónomos y monotributistas, con el objetivo de unirlos en una sola categoría.
También se baraja la posibilidad de una unificación de las cajas provinciales con las nacionales, y con ello una suba de la edad jubilatoria en línea con el régimen de la Anses, además de una edad límite. El alcance de la medida podría llegar, advierten, a los convenios colectivos de trabajo de los distintos sectores estatales y privados.
