A 42 años del último golpe cívico militar, más de 15 mil personas marcharon en Mendoza por Memoria, Verdad y Justicia. Los Organismos de Derechos Humanos denunciaron que “estamos transitando hacia un estado autoritario y discrecional”.

Fotos: Coco Yañez

Texto completo del documento de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza:

La consigna de este año es “42 años por Memoria, Verdad y Justicia, la lucha continúa”, expresando de esta forma que lo que hemos construido en Derechos Humanos en estos 42 años, hoy lo quiere destruir el gobierno en tres.

Por eso “La lucha continúa” es nuestro lema.

A 3 años de su mandato, el gobierno nacional ya ha establecido claramente su dirección política y sus prioridades, desarrollando una política económica que va en contra de los intereses de las mayorías populares y que implica el violentamiento de derechos adquiridos, la represión de las expresiones de defensa de esos derechos y para ello, como en otras épocas, se vuelve a la construcción del enemigo interno como forma de un autoritarismo alarmantemente creciente.

 

 

Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el gatillo (cada día más) fácil, la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala, la vergonzosa prisión sufrida por Nélida Rojas y su familia y la criminalización de la organización barrial Túpac Amaru, las detenciones al boleo de ciudadanos, ciudadanas  y militantes, las prisiones de De Vido, Zannini, D´Elia, entre cientos de situaciones que se vienen padeciendo, dan cuenta del estado de deterioro de las libertades democráticas.

Estamos transitando hacia un estado autoritario y discrecional.

 

 

El actual gobierno lleva adelante una política económica que, siguiendo los lineamientos de las dictaduras de Martinez de Hoz, de Cavallo, va en contra de los intereses populares (aumento a más de 300 mil millones dólares de la deuda externa, tarifazos, corrupción, despidos y precarización del trabajo, desguace del PAMI y del Fondo de Sustentabilidad Jubilatoria, destrucción de la industria nacional) y que categóricamente puede mostrar dos logros: el aumento de venta de autos importados, la disminución de consumo de leche  y el aumento –casi nulo años atrás- de la concurrencia a comedores populares.

No hay índice que muestre más trágicamente sus planes.

 

 

Esto no podía ser de otra manera, en tanto y en cuanto la oligarquía argentina es heredera y depositaria de los intereses, las políticas y las tradiciones en las cuales se basó el terrorismo de estado en nuestro país. El aparato gubernamental que hoy intenta regir los destinos de la Argentina esta operativamente integrado por los herederos de aquellos genocidas. Sobran los apellidos de funcionarios ligados directa o indirectamente con dictaduras, con represores juzgados o con linajes familiares beneficiados en esas dictaduras.

En lo que respecta al proceso de Memoria-Verdad-Justica, la impronta gubernamental está fijada antes de comenzar su mandato con las declaraciones del entonces candidato Macri respecto al “curro de los derechos humanos”. De tal forma que uno de los ejes de trabajo del actual gobierno ha sido el de desconstruir el proceso de Memoria que buena parte de la sociedad argentina viene construyendo con fuerza creciente desde hace 40 años.

 

 

La administración Cambiemos viene socavando el proceso de Memoria, Verdad y Justica:

-Declaraciones públicas de Macri y de funcionarios menores de neto corte negacionista del genocidio.

-Desfinanciamiento de hecho de Tribunales de lesa humanidad y trabas objetivas para la constitución de los mismos, con el consiguiente no inicio y/o retardo de innumerables causas a lo largo y lo ancho del país.

-Discontinuidad de áreas de investigación de la complicidad civil con la dictadura en distintas instituciones: Banco Nación, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, así como cajoneo y congelamiento del trabajo de la bicameral de investigación de la complicidad civil con la proceso militar del Congreso de la Nación.

-Desfinanciamiento y destrucción de las instancias de acompañamiento a testigos y áreas de investigación y búsqueda de pruebas como el área de DD.HH del Ministerio de Defensa

-Reducción de las transferencias de recursos a municipios y provincias para la señalización de excentros clandestinos de detención como Sitios de la memoria.

-Reducción financiera en universidades con carreras de grado y posgrado vinculadas a los derechos humanos.

-Aumento drástico de los arrestos domiciliarios a represores a partir del 2016, descollando los casos de Etchecolatz, el médico militar partero Jorge Luis Magnacco y el médico apropiador Norberto Bianco en estos últimos meses. A esto se suma la intención de liberar a decenas de genocidas, Astiz entre otros, con el pretexto del hacinamiento carcelario.

 

 

En  este aspecto se desnuda la ideología gubernamental de la mano del delfín de Cornejo el diputado Nacional Luis Petri, quien promueve la limitación de excarcelaciones para delitos comunes aún no juzgados, y para los genocidas se les da un llamado trato humanitario que no es sino la libertad encubierta de estos asesinos confesos e irredimibles.

-El escandaloso  dictamen de la Corte Suprema a favor de la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad. Gracias a la gran movilización popular de mayo del año pasado fue posible invalidar la resolución mediante una ley del Congreso.

Si bien los juicios siguen desarrollándose en todo el país, según un balance de la Procuraduría, a fines del año pasado había más imputados en libertad que detenidos. Mil trescientos cinco circulaban por las calles mientras que otros 1038 habían quedado presos

 

Pese a todo, el proceso de Verdad y Justicia continúa. En todo el país hay 98 causas listas para comenzar el juicio y las 278 causas ya iniciadas siguen en etapa de instrucción.

En Mendoza, en materia de Justicia se han dado importantes logros. En el último año vivimos la sentencia ejemplar por la complicidad civil con la Dictadura, a través de la condena a los jueces. A fines de 2017 presenciamos el juicio a Luciano Benjamín Menéndez por la megacausa de San Rafael y su inevitable condena; además continúa en debate el 6° juicio de Mendoza, aunque ha crecido el número de procesados y sentenciados que gozan de prisión domiciliaria y tenemos uno de los índices más altos de prófugos del país.

Lo más grave para la ciudadanía mendocina es el alineamiento de Cornejo con Macri en la aplicación de políticas represivas y criminalizadoras que buscan el disciplinamiento de los sectores vulnerables y los trabajadores.

A diferencia del Ejecutivo nacional, el gobernador no ha conseguido subordinar a la Justicia provincial como quisiera. Ha hecho sancionar 24 leyes que afectan a ese poder y trata de ampliar el número de miembros de la Corte para manejar los fallos con la “mayoría automática”, similar a la Corte de Menem, y sigue su embestida no conforme con el sometimiento esperado.

La política de DD.HH de Cornejo queda al desnudo con un simple ejemplo: ha impedido cualquier tratamiento legislativo que le dé constitución legal a nuestro Espacio para la Memoria (ex D2).

Ya llevamos tres marchas del 24 de marzo atravesadas por este intento de la derecha argentina de atropellar esta inmensa construcción comenzada por las Madres hace más de cuatro décadas. Es hora de analizar su resultados, hoy sin lugar a dudas podemos afirmar que la intentona reaccionaria de liquidar el proceso de Memoria-Verdad-Justicia ha comenzado a fracasar.

 

Por eso concluimos:

-Por los juicios a genocidas y cárcel común y efectiva: ¡La lucha continúa!
-Contra libertades domiciliarias, condena y escrache popular: ¡La lucha continúa!
-Por el sostenimiento de los sitios de Memoria: ¡La lucha continúa!
-Para continuar la búsqueda de los cuerpos de nuestros desaparecidos/as y de sus hijos apropiados: ¡La lucha continúa!
-Contra la persecución política y judicial a dirigentes sociales, populares, políticos: ¡La lucha continúa!
-Contra la política de hambre y pobreza: ¡La lucha continúa!
-Por los treinta mil: ¡La lucha continúa!

Finalmente podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el proceso al terrorismo de estado, el proceso de condena al genocidio, el proceso de construcción de memoria, en definitiva, dejó de ser patrimonio de los Organismos de Derechos Humanos y pasó a ser asumido por sectores mayoritarios de nuestra sociedad.

30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes, ahora y siempre!