Aniquilada la paritaria nacional docente, el jueves pasado el gobierno de Mendoza propuso a los trabajadores de la educación el mismo incremento salarial que al resto de los gremios públicos de la provincia: 15,7% en tres cuotas. El SUTE lo rechazó por insuficiente y las partes pasaron a un cuarto intermedio para el 16 de este mes.

Foto: Coco Yañez

A un mes del inicio de clases, no hay definiciones en la negociación que llevan adelante el gobierno de Mendoza y la representación del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) para fijar, entre otros temas, el aumento salarial del año en curso.

Sin embargo, las partes están lejos de un acuerdo, perfilando una resolución vía decreto del gobernador.

La hipótesis del decretazo se funda en la intransigencia sazonada con abundantes cuotas de autoritarismo que el gobierno ha demostrado en negociaciones anteriores.

Saldos y retazos

Foto: Coco Yañez

La oferta oficial formalizada en el último encuentro anuncia que es el “máximo esfuerzo presupuestario”. Ese eufemismo para presentar un “techo” al aumento es acompañado por una presunta “vocación de acordar en el marco paritario”, que se reitera dulce y sistemáticamente como cuando alguien falta a la verdad.

La propuesta fija el mismo porcentaje y gradualidad que la ofrecida a los demás agentes públicos de Mendoza. Consiste en un incremento global del 15,7% en tres cuotas: 5% de enero a junio, 5,2% de julio a octubre y 5,5% desde noviembre. No acumulables. Es decir, los porcentajes de las 3 cuotas se calculan en base al salario de hoy.

Foto: Coco Yañez

La “venta” del gobierno, sabedor de la postergación sufrida por el sector desde que comenzó su gestión, centra sus expectativas en que el SUTE “baje” la próxima oferta a las escuelas. Confía en que el disciplinamiento del ítem aula potencie la desmovilización de un gremio fragmentado y en transición, que cuenta aún entre sus bases con cierta simpatía hacia el gobierno.

Por ello, hace hincapié en que la propuesta suma incrementos en vestimenta para celadores ($1400) y ayuda en útiles para docentes ($1250), garantizando una cláusula gatillo si la inflación es mayor a la prevista. Cuestión, esta última, de poca credibilidad pues el último año se resolvió a través de un bono en negro y por única vez.

La retaguardia gremial

Foto: Coco Yañez

Desde el SUTE afirman que la oferta es de “pérdida salarial” pues durante el 2017 “la inflación cerró en un 24,6%” y el “aumento fue de 17% para ese año”, por lo que hubo “una pérdida de 7,6% de arranque”.

El gremio relativiza los datos oficiales en torno a la inflación estimada, y asegura que “todas las perspectivas inflacionarias oficiales de los últimos años han resultado erróneas. El 25% del 2016 terminó siendo más de 40%. El 18% del 2017 terminó en 25% promedio. 2018 no será la excepción”.

Foto: Luciano Viard

“Nos proponen un tercer año consecutivo de pérdida salarial”, concluyen en el gremio educativo y denuncian una suba muy por debajo de lo anunciado: “El aumento de 15,7% es, en realidad, de un 8,1% en tres cuotas”, sintetizaron.

Desde SUTE destacan en tono crítico que el “salario inicial docente (cargo testigo/18 hs cátedra) será de $11.400 desde enero”. Mientras que el de un celador quedará en $8404,78 desde el mismo mes ($1095,22 menos que el salario mínimo vital y móvil). Es decir, $405 de aumento los primeros 6 meses”.

Foto: Coco Yañez

También resaltan que el cargo de celador con 10 años de antigüedad y 10% de zona quedaría en: $9645,2 desde enero, es decir, unos $464,11 los primeros 6 meses del año. Para llegar en julio a $10.127,86 y recién en noviembre a $10.638,37.

Por su parte, el cargo de una maestra, también con 10 años de antigüedad y 10%  de zona, ascendería a $13.176,92 de enero a junio, con un aumento de $569,84 para los primeros 6 meses del año. En tanto que desde julio se acrecentaría a $13.769,55 hasta los $14.396,36 a cobrar desde noviembre.

Foto: Seba Heras

Públicamente, la conducción del SUTE le sugirió al gobernador que “ni se gastara en hacer esta propuesta”. Por eso, en la difícil coyuntura que se avizora, el sindicato apuesta a que el cierre de la paritaria nacional desemboque en confluencia. “Debemos discutir un plan de lucha con todas las provincias, con un contundente no inicio de clases que nos ponga a miles en las calles”, se entusiasman desde la representación gremial.

El gremio calificó la oferta salarial “lejos de la pobreza cero” en clara alusión a una de las consignas electorales del eje Macri-Cornejo. Aunque mostró como un logro el cuarto intermedio ofrecido por el gobierno para mejorar la oferta en comisión técnica.

El derrame de Macri

Foto: Luciano Viard

En este conflicto, un flaco favor le hace a la administración provincial el desatino nacional sobre los índices de inflación. Recién comienza el año y la meta de inflación recalibrada a fines de diciembre bordea el ridículo, según las principales y más diversas consultoras económicas. Pero en este sentido, hay poco margen para el pataleo: el gobierno de Cornejo tributa al proyecto de Mauricio Macri.

De hecho el mandatario mendocino es el gobernador que militó con mayor intensidad las paritarias descentralizadas. La clausura de la paritaria nacional docente (PND), deriva en la responsabilidad directa de aquí en más de los gobernadores respecto a la realidad salarial del gremio docente en cada jurisdicción. Un problema menos para Macri, más allá de la coincidencia ideológica.

Foto: Luciano Viard

Por lo pronto, un reciente “relevamiento de expectativas del mercado” realizado por el Banco Central, revela que consultoras y bancos privados fijan el índice inflacionario en torno al 19,7%, casi cinco puntos más que el objetivo oficial anunciado recientemente para este año.

El conflicto en el plano educativo tiene final abierto. El gobierno de Cornejo parece ser banca y probablemente logre doblegar al gremio docente, ya sea porque ratifique sus apoyos en este ámbito y/o porque sume el sometimiento generado tras el ítem aula.