El viernes pasado se llevó a cabo el Primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Social, Autogestiva y Popular en La Terre, la empresa recuperada por sus trabajadores que actualmente se encuentra amenazada por un proceso judicial. La fábrica de Guaymallén fue sede de un importante encuentro de dirigentes nacionales y provinciales de organizaciones que resisten, luchan y demuestran cotidianamente que otras formas de producir son posibles.
Por Negro Nasif y Jo Thomatis / Fotos: Coco Yañez
El Foro contó con la presencia de diversas organizaciones sociales, sindicales y cooperativas: Movimiento Popular La Dignidad, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Evita, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), Movimiento Nacional Campesino Indígena, Sindicato de Amas de Casa (SACRA), La Poderosa, Corriente Pueblo Unido, Foro de la Economía Social de Mendoza, Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, Cooperativa Curtidores de Mendoza, Cooperativa Gráficos Asociados, FaSinPat ex Zanón, Madygraf, Cerámica Neuquén, Cooperativa Hotel Bauen y Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo.
La jornada, que se extendió desde las 10.30 hasta el anochecer, se articuló en distintas comisiones donde se abordaron temas tales como: empresas recuperadas, construcción de una agenda conjunta entre economía social y popular, y economía social, popular y feminismos. También se desarrollaron los paneles La economía cooperativa, social, autogestiva y popular desde una perspectiva federal y La economía cooperativa, social y popular en la agenda política. Este último con la participación de dirigentes políticos del Frente de Izquierda, Partido Justicialista y Protectora.
Trabajadores y trabajadoras de la cooperativa que edita EL OTRO también participaron del Foro y entrevistaron a algunxs referentes.
Rafael Klejzer, dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y secretario general de la CTEP de la Ciudad de Buenos Aires, expresó la solidaridad de estas organizaciones con los trabajadores de la cooperativa La Terre, quienes se encuentran frente a una difícil situación judicial que podría derivar en el desalojo de quienes recuperaron la empresa Industrias Matas en 2013, tras una quiebra fraudulenta.
“Es criminal que, en un momento de crisis como la que estamos viviendo, una fábrica tenga que cerrar sus puertas”, denunció Klejzer y explicó el contexto nacional que afrontan las y los trabajadores despedidos: “La mayoría de las quiebras son fraudulentas, es decir, el patrón ya va previendo la baja de rentabilidad y, en función de eso, ya no paga cargas sociales, empieza a no pagar las quincenas, empieza a no pagar a los proveedores, entonces termina un año de cesación de pagos, se queda con la plata y se va, dejando el tendal. Nosotros decimos que ‘fábrica que cierra es una fábrica que tiene que ser recuperada por los trabajadores’, porque afuera de la fábrica no hay laburo”.
Para Klejzer el Estado no apoya la recuperación de empresas en quiebra. “Necesitamos una ley nacional de quiebra y una ley nacional de empresas recuperadas que les permita a los laburantes no depender de la avaricia del patrón sino, por el contrario, apoyar al que genera la riqueza que es el laburante, garantizando las fuentes de trabajo”, señaló el referente de la CTEP de Buenos Aires quien viajó especialmente a Mendoza para este Foro.
La Terre es una cooperativa que procesa hortalizas. Paradójicamente, su actividad está amenazada por una acción judicial en un contexto de aumento del hambre que viven el país y nuestra provincia. Consultado por esta contradicción, Klejzer planteó de cara al futuro cercano: “Yo pienso que habrá una victoria política de Alberto Fernández, pero hay una derrota simbólica del sentido. Me parece que la derecha ha trabajado muy bien las mentes y los corazones y ha impuesto el individualismo, el emprendedurismo… Por eso hay que hacer rápidamente una revolución del sentido, desde el Estado pero también desde una construcción comunicacional frente a los medios hegemónicos. Hay empresas como Syngenta que ofrecieron el 1% de su producción para combatir el hambre y al otro día echaron a 300 trabajadores y no salió en ningún medio. Esa no es la salida, el socio del Estado para resolver el hambre deben ser las cooperativas y los productores que laburan y no Molinos Río de La Plata. Si nosotros logramos en esta etapa ultradefensiva y de transición defender el mercado interno, y por lo menos ’empatar’ la relación que tiene el Estado con las grandes empresas, estaríamos hechos”.
Por su parte, Julia Morcos, integrante de la organización La Colectiva de Mendoza, en el marco de la comisión de Economía social, popular y feminismos, destacó que “la economía popular representa una de las formas en la que venimos organizándonos las mujeres en los barrios, sobre todo desde que asumió Macri, por numerosas necesidades que no son cubiertas por el Estado”. “La economía popular tiene cara de mujer”, subrayó Morcos y agregó: “Somos mujeres la mayoría de las que sostenemos los emprendimientos productivos en los barrios, en las cooperativas, las que nos organizamos en los merenderos, en los comedores sociales. Es por eso que esta perspectiva desde el feminismo tiene que ser incorporada de una manera transversal en todos los ejes que se trabajan, pero entendemos también que las mujeres, para dar ese paso, necesitamos nuestros propios espacios donde discutir la política feminista, cómo queremos incidir en los espacios, y aunar un concepto político del feminismo para dar la discusión”.
En esta comisión participaron diversas organizaciones sociales y políticas. “Fue súper enriquecedor, pusimos en cuestión un montón de realidades que vivimos en los barrios, como por ejemplo el rol de las mujeres en las tareas de cuidado, como reproductoras de la vida, las actividades que tienen que ver con todas las realidades que debemos solucionar para poder participar en un emprendimiento productivo y que tienen que ser tenidas en cuenta en la economía popular, desde un lugar principal, para que realmente la participación sea igualitaria, desde una perspectiva de paridad en todo el proceso de acceso a los espacios de decisión. Nos vamos llenas de ideas y de energía y con un fuerte planteo de que el concepto ‘feminista’ debe estar también incorporado en los próximos foros y debates que se generen”, cerró Morcos.
En la misma comisión, Natalia Manini, de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, puso el acento en la soberanía alimentaria y las problemáticas de género y la mujer en la ruralidad como ejes de discusión. “Participamos del Foro porque nos consideramos un actor de la economía popular, social y cooperativa y, entre las comisiones en las que participamos, lo hacemos en esta para plantear cómo nosotras pensamos y abordamos la economía social desde las mujeres”, explicó Manini.
De acuerdo con la referente de la UST, estas fueron las conclusiones más importantes de la comisión: “Surge la necesidad de seguir articulando mucho más entre las distintas organizaciones, que tenemos una diversidad pero también tenemos problemas comunes: la cuestión de la violencia, la triple jornada, la toma de decisión dentro de nuestras organizaciones buscando de que sean más parejas, somos muchas veces las que llevamos adelante las tareas cotidianas de la organización, lo administrativo, los merenderos, la producción, y a veces enflaquecemos los roles que tienen que ver con la representación. Discutimos cómo hacemos para fortalecernos, para darnos la oportunidad de debatir y repensarnos entre todos juntos. Primero tenemos que asumir que tenemos estas situaciones dentro de las organizaciones y las estamos trabajando. Hablamos acerca de cómo nos empoderamos en el marco de la economía popular y cómo esto puede favorecer nuestra autoestima, cómo tener dinero en el bolsillo y decidir qué hacer con él, cómo poder romper con una relación de dependencia económica”.
“También hablamos sobre cómo exigirle al Estado que cumpla, el modo en que nos organizamos en la calle para que el Estado tome determinadas acciones de políticas públicas, cómo fortalecer nuestras organizaciones económicamente, y también cómo nosotras empezamos a formar parte de ese Estado para que, lo que tenemos resuelto desde las organizaciones, pase a ser políticas públicas”, sintetizó Manini.
Finalmente, EL OTRO entrevistó a Federico Tonarelli, integrante de la Cooperativa Hotel Bauen de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas, quien, en primer lugar, manifestó la solidaridad de FACTA con las y los trabajadores de La Terre. “Estos años fueron tremendos, desde lo productivo, por el desastre económico. Todos hemos tenido que meternos un poco hacia adentro para cuidar el laburo con lo poco que había de trabajo y con una inflación y una devaluación que para las cooperativas nos ha significado que ganemos el 50% menos, o menos, que el año pasado. Desde lo jurídico, lo mismo que le pasa a La Terre es lo que nos sucede al Hotel Bauen desde hace 17 años, y lo que pasa en el 90% de las cooperativas que se formaron en un proceso de recuperación de empresas”.
Para Tonarelli uno de los temas prioritarios es que las empresas recuperadas puedan resolver la propiedad de los bienes para asegurar un mínimo de estabilidad que permita pensar cómo producir. “Nosotros llegamos al colmo de tener una ley de expropiación votada por el Congreso de la Nación, con la legitimidad que implica, y que el presidente la vete. Lo que ocurre es que si bien nos vuelve a poner en una situación de ilegalidad, el grado de legitimidad de la cooperativa es tal que hoy estamos en una especie de ‘empate técnico’, que hace medio imposible el desalojo pero también obtener definitivamente la propiedad del hotel.
Tonarelli confió en que La Terre alcance el mismo grado de resistencia que el Bauen: “Acá la experiencia es asombrosa porque hay un colectivo de organizaciones que rodea a la fábrica, se están empezando a aprovechar los espacios ociosos para que haya otros emprendimientos productivos, como producción de cerveza y calzado, y eso le va a dar la fortaleza necesaria para que la Justicia no pueda echar a la cooperativa”.
