Familias campesinas de Lavalle sufren en carne propia la falta de justicia. En el mundo del revés, las víctimas de la usurpación de sus tierras son imputadas por el Poder Judicial de Mendoza.
La causa que avanza en la justicia provincial es una de las más de treinta que involucra a campesinos del departamento de Lavalle, quienes cuentan con los dominios ancestrales de las tierras que habitan.
En diálogo con el programa En Marcha de Radio Central, Diego Montón, referente de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, se refirió a la situación procesal de los campesinos asediados por la Justicia.
¿Puede contarnos de qué trata esta causa judicial?
Es una causa que data de fines del año 2013, principios de 2014. Una empresa denominada Texone empieza a hostigar a una comunidad en el límite con San Juan, a través de Esteban Ríos, ex subcomisario.
Rivas empezó matando animales y rompiendo alambres. También amenazó a distintas familias campesinas, siempre en representación de esta empresa Texone, que era la “verdadera dueña” del campo, según este señor.
Esta es una comunidad que tiene un proceso de regularización de sus tierras y de su historia y no cedieron a estas presiones.
¿Qué pasó entonces?
Una noche ingresaron tres casillas en distintos puntos del campo de la comunidad que lo denunció. Sin embargo, el Poder Judicial no actuó.
Al mes y medio, y ya con más de 30 denuncias hechas por la comunidad en contra de esta empresa, hubo una manifestación en la fiscalía de Lavalle, pidiendo la urgente respuesta que tampoco llegó.
Pasados tres meses de las denuncias, la comunidad se organizó y sacó las casillas hasta la ruta y se las entregaron a la policía. La empresa denunció a las familias. Esta causa la tuvo el fiscal Daniel Carniello, y luego el fiscal Juan Manuel Bancalari, de la Fiscalía de Instrucción N° 16, que termina elevándola a juicio, e imputando a nueve campesinos.
De las 38 causas que existen en torno a estas tierras, la única que el Poder Judicial elevó es la denuncia de la empresa a las familias campesinas, con una carátula que es totalmente ridícula, porque los acusa de usurpación y amenazas, cuando la usurpación no puede provenir de parte de quienes habitan esas tierras desde hace cuatro generaciones.
¿El viernes pasado se realizó una audiencia de esta causa?
Este viernes 7 de julio se realizó la segunda parte de la audiencia, porque se apeló y hay un juez de garantías que debe definir si continúa el proceso o no.
Las dos partes y el fiscal han hecho sus alegatos, y queda pendiente el pedido que hemos hecho para que los campesinos puedan ser escuchados por el juez.
Esto pasó a un cuarto intermedio para el 4 de agosto. Pero me gustaría hacer una aclaración en torno a la empresa, y es que lo que más agrava esta situación irregular es que la empresa no es titular de las tierras, porque no tiene ningún plano ni escritura que invalide la posesión ancestral de la comunidad que, de todas maneras, tiene más valor.
Es poco entendible que la justicia los acuse a los campesinos…
El modus operandi de estas empresas tiene que ver con la intimidación y la coacción a las comunidades, y se está dando en toda la provincia, ya que parece haber una cultura de clase en la Justicia cuando el que se presenta como empresario tiene más derechos que el campesino que vive en el campo.
