Hay una fiesta glamorosa, turística, de la hipócrita caridad de los millonarios. Pero hay otra Vendimia, la real, la cosecha de las uvas que serán el buen vino de esta tierra del sol y la explotación laboral. Decenas de familias rurales migrantes -excluidas de la cuarentena por el coronavirus- fueron abandonadas por sus empleadores, quienes no les garantizaron los viajes de retorno a sus casas y los expusieron a un posible contagio de COVID-19. En los últimos días, la Red por los Derechos Humanos de Mendoza intercedió ante el Estado para que brinden condiciones dignas de alojamiento y se destrabe la partida de colectivos varados en Guaymallén y San Martín.

Por Negro Nasif
Fotos: Gentileza

Como material que se descarta, más de 400 trabajadores y trabajadoras agrarias de Salta, Jujuy, Tucumán y del hermano Estado Plurinacional de Bolivia, fueron explotados y luego dejados a su suerte al finalizar las cosechas.

Se trata de obreros y obreras migrantes que año tras año se trasladan por distintas provincias agropecuarias del país, siguiendo los ciclos de las zafras y actividades frutihortícolas. Fuerza de trabajo imprescindible para la existencia de las economías regionales, donde la mano de obra calificada en el campo no suele abundar.

El fuerte lobby bodeguero logró que se excluyera al trabajo migrante de la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional, con la que se busca prevenir o mitigar las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Sin embargo, ni el sector empresario ni el propio gobierno pusieron el mismo énfasis para garantizar las condiciones laborales de las y los protagonistas de la Vendimia real.

Si bien la legislación laboral y convenios colectivos de trabajo establecen que los empleadores están obligados a asegurar el retorno de sus obreros en relación de dependencia a las provincias y países de origen, familias completas quedaron varadas desde la semana pasada en la terminal de ómnibus Padre Contreras de Guaymallén, en una plaza del distrito San José de ese mismo departamento, y en la estación de ómnibus de San Martín.

“Más de 60 personas permanecieron hasta ayer (por el domingo) en un colectivo en la plaza de San José sin poder bajar del micro, bajo la custodia de la policía. Recién anoche se les permitió ingresar a la terminal y allí sí pudieron ir al baño y acceder a alimentos”, manifestó Laura Rodríguez Agüero en diálogo con EL OTRO. La referenta de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza graficó de esta manera la situación de las y los migrantes abandonados y dio detalles de la respuesta del Estado provincial: “Recién ayer el Ministerio de Desarrollo Social les brindó por primera vez frazadas y comida, y les ofreció ir a un refugio, aunque las personas, por temor a perder la salida de los colectivos y debido a la desconfianza que lógicamente sienten, prefirieron quedarse”.

Laura Rodríguez Agüero. Foto de archivo: Coco Yañez

“Otro grupo pudo descansar dentro del micro, situación que se les negó hasta cerca de la una de la madrugada, cuando recién se les autorizó a subir para que no durmieran en los pasillos de la terminal”, explicó Rodríguez Agüero y precisó que anoche salió un contingente a Salta que estaba demorado por trámites burocráticos que debían resolverse entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y las provincias de origen y destino.

La Red también está intercediendo en un caso similar de obreros varados en la terminal del departamento de San Martín, donde la imposibilidad de un traslado más ágil se topa con las faltas de autorizaciones oficiales, debido a incumplimientos de algunos requisitos por parte de las empresas de transporte, que, por ejemplo, llevaron a que un colectivo que salió en los últimos días desde Mendoza al noroeste argentino fuese rechazado en San Juan y enviado de retorno a nuestra provincia para completar documentación.

La situación de las personas abandonadas data de mediados de la semana pasada, sin embargo recién el sábado, a partir de la intervención de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza, algunos organismos del Estado provincial comenzaron a articular acciones para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y destrabar los viajes.

“Durante tres días la gente durmió en los micros, pero desde el sábado las empresas y funcionarios les dijeron que no podrían seguir haciéndolo. Fue entonces que ‘tomaron’ los colectivos y, en respuesta, las fuerzas de seguridad los desalojaron. Cuando nos enteramos de esto, comenzamos a intervenir desde la Red para reclamar que se garantizaran derechos básicos para alrededor de 130 personas que estaban en esa situación. No eran las primeras, en días anteriores más trabajadores atravesaron por lo mismo y todavía hoy hay quienes no pueden volver a sus casas y se encuentran en condiciones indignas”, recordó Rodríguez Agüero.

La Ley de Trabajo Agrario 26.727 establece que “si el trabajador fuere contratado para residir en el establecimiento, el empleador tendrá a su cargo el traslado de aquél, el de su grupo familiar y las pertenencias de todos ellos, desde el lugar de contratación al de ejecución del contrato cuando se iniciare la relación y de regreso al extinguirse el vínculo”. Disposición similar también contempla el Convenio Colectivo 154/91, del sector vitivinícola.

Sin embargo, en este caso fueron las y los obreros quienes se hicieron cargo de sus pasajes con los magros recursos que les quedaron y en algunas situaciones, según relata Rodríguez Agüero, “no tenían plata para los boletos porque la tuvieron que gastar en comida”.

Al momento del cierre de esta nota (13.30 hs), todavía no se apersonan funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para asistir a las 180 personas que aguardan en la terminal de Guaymallén la partida de tres colectivos, en circunstancias que contradicen todas las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19: permanecen hacinados en lugares reducidos, el necesario distanciamiento social es inexistente, no cuentan con elementos para lavarse la manos y mantener la higiene personal, y la alimentación y descanso de adultos, niños, niñas, adolescentes e incluso bebés, se realiza en condiciones diametralmente opuestas a las sugeridas por las autoridades sanitarias, repetidas una y otras vez en la propaganda oficial.

Solo basta imaginar que una sola persona pudiese estar infectada para suponer el desastre social que significaría semejante contexto propicio de transmisión del virus.

Como material que se descarta. Así trata Mendoza a los verdaderos artífices del vino.

 

Una Vendimia (no muy) solidaria