Por Julio Semmoloni
Con la vigencia del contexto político que permitió concebir el programa Patria Grande y el organismo Unasur, tal vez hubiera sido improbable el surgimiento triunfal de Donald Trump. Todo tiene que ver con todo, el latiguillo de otra época, deriva por ahora en la correspondencia local de la xenofobia que se esparce. Trump allá es Macri porque Macri aquí es Trump, pero ambos pueden ser lo que son, en parte, porque Kirchner, Lula y Chávez dejaron de ser hace tiempo lo que fueron.
El gobierno de Néstor Kirchner y su impronta personal concretaron ambos desafíos, al punto que cuando murió el primer secretario general de la Unasur, ésta perdió la solvencia soberana que la distinguiera durante el breve ejercicio del expresidente argentino. La confraternidad entre los pueblos sudamericanos animó esa visión geopolítica como objetivo prioritario. La Argentina a la vanguardia, desde aquí impulsando un programa ejemplar de protección a todos los inmigrantes de ese origen que desearan regularizar su situación. Todo eso se fue al diablo con el cambio reciente operado en la región, sobre todo en nuestro país.
En una de sus habituales chapuceras declaraciones, la ministra de Seguridad “Pato criollo” Bullrich injurió a colectividades de inmigrantes procedentes de algunos países vecinos, apelando a la ruin acusación xenófoba de endilgarles notoria participación en la criminalidad vinculada al narcotráfico. Cumplió en este caso su rol de vocera de un gobierno que, además de despreciar, no moverá un dedo por insertar en la sociedad argentina, con documentación pertinente para evitar graves inequidades, a cientos de miles de sudamericanos que quieren y necesitan trabajar, estudiar y vivir entre nosotros.
En variados aportes contenidos por El Otro, durante el año pasado procuré evidenciar el extremo antagonismo de los zarpazos macristas, respecto a la ardua transformación del kirchnerismo en materia de ampliación de derechos y autoestima nacional y popular. Aquel proyecto orientado a la protección de los más vulnerables cambió (eufemismo de destrucción) por esta arremetida en favor de los que más tienen. Por lo tanto, también debía aplicar un criterio del todo opuesto al que impulsaran los gobiernos de Néstor y Cristina sobre las condiciones de receptividad del país. Mediante un decreto de necesidad y urgencia, Macri acaba de endurecer la Ley de Migraciones restringiendo el ingreso y facilitando la expulsión de extranjeros.
Es archisabido que en cualquier sociedad el sector menos guarecido es el de los extranjeros pobres. Por lo general, éstos carecen de una residencia legal o no cuentan con papeles homologables que acrediten identidad. Son los más expuestos a la explotación de todo tipo, a menudo forzados a delinquir por organizaciones criminales, incluso para ingresar clandestinamente al país.
Si una desproporcionada mayoría de presos en el sistema penitenciario argentino procede de sitios donde prolifera la pobreza estructural, parece obvio que una parte significativa de los encarcelados sea originaria de otros países. La policía y el Poder Judicial suelen ser implacables con los nacidos fuera del territorio y sin recursos económicos para defenderse.
Pero la chapucería de una tránsfuga que de antemano se sabía incompetente de merecer el cargo, ratificó su impericia con una argumentación falaz que sirve para prolongar desde la Casa Rosada la misma postura xenófoba del PRO durante los dos períodos macristas en el Ejecutivo de la CABA. Denigraron con malevolencia la constitucional apertura de fronteras que implantó como nunca antes el kirchnerismo, y falsificaron todas las estadísticas ensayando con anticipación la retahíla mitómana que después los catapultaría a escala nacional.
Bullrich informó que un tercio de los presos acusados de cometer delitos vinculados al narcotráfico son extranjeros. Esto es cierto si únicamente se cuentan las cárceles del Sistema Penitenciario Federal. Al contabilizar también las provinciales, por los mismos delitos, la cantidad de extranjeros presos baja del 33 al 18 por ciento. Sigue siendo alta la proporción, pero cabe explicar que el tipo de criminalidad por narcotráfico es transnacional, por la participación de sospechosos de todas partes. Pero el dato duro relevante que omite la artera funcionaria es el siguiente: de los 2 millones de inmigrantes residentes en la Argentina de forma permanente, según la ONU, apenas 1.420 están presos, acusados de cometer hechos vinculados al narcotráfico. La proporción real se reduce a un ínfimo 0,07 por ciento.
Macri nunca podrá probar con datos fehacientes que la criminalidad en general, y la vinculada al narcotráfico en particular, puede empeorar manteniendo normas que permitieron a este país ser receptor de la mayor proporción de inmigrantes, originarios de Europa como de Sudamérica. El repudiable DNU resulta un claro alineamiento oportunista y cipayo, expresión de una rivalidad extrema contra el concepto de Patria Grande sustentado por el kirchnerismo.
Hasta no hace mucho, la Argentina poseía el orgullo de contener a la mayor población uruguaya fuera de Uruguay, la chilena fuera de Chile, la paraguaya fuera de Paraguay y la boliviana fuera de Bolivia. Tal vez en la actualidad dicha situación sea similar para los peruanos. Son numerosos los estudiantes universitarios provenientes de Ecuador, Colombia y Venezuela.
Patria Grande: el término fue lanzado cual consigna por Artigas, hasta que un siglo después lo popularizó Manuel Ugarte. Se convirtió en política de Estado con la praxis kirchnerista del presente siglo. El concepto está referido a la pertenencia común y la integración regional, o sea, la identidad que fortalece el común ideario emancipador.
El 17 de abril de 2006 se puso en vigencia el Plan Patria Grande, durante la presidencia de Néstor Kirchner, destinado a los ciudadanos nativos de países miembros del Mercosur y estados asociados, para la regularización de los inmigrantes venidos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Hasta agosto de 2010 se habían inscrito en el programa 423.697 personas. Fue un programa elogiado por la Organización Internacional para las Migraciones, cuyo director general calificó en 2006 de “ejemplo mundial” que debería ser copiado por Estados Unidos.
La intención fue recibir, proteger, integrar a cientos de miles de trabajadores y estudiantes nacidos en esos países hermanos, con el propósito de considerarlos argentinos, de acuerdo a la disposición emanada de la Constitución Nacional. Si Macri, en cambio, los ofende y persigue y expulsa, su decreto es perverso, revanchista e inconstitucional.
