El viernes pasado, la Justicia provincial condenó al policía Diego Guzmán Zalazar a tres años de prisión condicional por considerarlo responsable del homicidio de Lucas Carrazco, aunque bajo el atenuante de un exceso en el ejercicio de sus funciones. Si bien el fallo despertó el repudio de la familia Carrazco, su representación legal y de las organizaciones contra la violencia institucional, los abogados querellantes ponderaron algunos aspectos de la sentencia. La resolución del caso ocurrido en 2014, y un primer juicio anulado, encuentra sustento político en la directriz punitivista impulsada por Alfredo Cornejo a través de sus definiciones y propaganda demagógica en materia judicial y de seguridad.

Diego Guzmán Salazar.
Foto: Coco Yañez

El policía Diego Guzmán Zalazar fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ocupar cargos policiales durante siete años por el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza, a cargo de los jueces Mauricio Juan, María Laura Guajardo y Eduardo Martearena, al hallarlo responsable del asesinato de Lucas Carrazco.

El homicidio fue perpetrado en marzo de 2014 en medio de incidentes producidos en las adyacencias del estadio del Club Independiente Rivadavia, tras la suspensión de un partido de fútbol.

Foto de archivo: Coco Yañez

La resolución judicial se obtuvo como consecuencia de un segundo juicio, luego de que el primer proceso se dilatara por las continuas licencias por enfermedad solicitadas por el juez José Valerio, quien en ese entonces presidía el tribunal a cargo de la causa. Una conducta que insinuaba cierto posicionamiento del magistrado, cristalizado al momento de ser postulado por Cornejo a la Suprema Corte que hoy integra.  Se comprobó que mientras Valerio “estaba enfermo” para afrontar su deber en el fuero judicial provincial, cumplía con sus responsabilidades en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

Fue gatillo fácil

Foto de archivo: Seba Heras

La sentencia conocida el viernes fue repudiada por la familia Carrazco y su representación legal. Sabrina, hermana de Lucas, quien tomó la posta del reclamo de justicia luego del fallecimiento de su madre Vivana Espina en medio del proceso, afirmó que “no es la primera vez que esto pasa en Mendoza. Son muchos los casos de gatillo fácil, son muchos los casos de violencia institucional y la Justicia no hace nada. Fíjense todos los casos: condenas mínimas, cinco años, tres años, excarcelaciones. Los policías asesinos no van a la cárcel porque el sistema judicial los avala y nos maltrata a los familiares”.

La joven involucró al gobernador de Mendoza en el destrato que denuncia: “Alfredo Cornejo salió por televisión diciendo que nosotros buscábamos plata. ¿Pero qué plata, señor gobernador? Si nosotros buscamos Justicia. Nosotros queremos que el Ministerio de Seguridad ponga a estos asesinos tras las rejas. Eso es lo que buscamos, que estos policías no maten a ningún pibe más”.

Foto: Coco Yañez

Sergio Salinas, uno de los abogados de la familia Carrazco, señaló que “la pena es poca, es ridícula, es una burla. Pero está contemplada en la ley, que está mal y no debería aplicarse en este caso”. Sin embargo, el letrado destacó que “la discusión de este juicio era saber si estábamos ante un caso de un accidente como planteaban, si era un homicidio culposo, doloso o había sido culpa de los médicos.  Y nosotros siempre dijimos que este era un homicidio doloso: que Guzmán Salazar había querido matar a Carrazco. Eso la sentencia lo dice”.

Por su parte, la asociación Xumek  -de la cual son parte Sergio Salinas y Lucas Lecour, representantes de la querella de la familia Carrazco- emitió un comunicado en el que destacó que “sin perjuicio de no compartir la calificación legal y la pena, resaltamos que el Tribunal haga lugar al pedido de medidas de satisfacción y no repetición que responden al cumplimiento de deberes internacionales en materia de Derechos Humanos por parte de los jueces, más allá del fuero al que pertenezcan”.

Pesada herencia

Foto de archivo: Seba Heras

Si bien el gatillo fácil sufrido letalmente por Carrazco ocurrió en 2014, su resolución judicial navegó confortablemente por las aguas de mano dura vociferada y plasmada por la administración Cornejo.

Al respecto, resulta imposible desvincular este fallo del “ciclo autoritario” representado por el gobernador radical que desembocará, según la brillante recopilación del abogado Alfredo Guevara, en “una pesada herencia en materia de calidad democrática e institucional y un tremendo retroceso en materia de derechos humanos”.

Alfredo Guevara y Lucas Lecour, miembros de Asoción Xumek.
Foto de archivo: Coco Yañez

Conocida la condena de Guzmán, Lucas Lecour adhirió a la hipótesis, al afirmar que “los discursos de punitivismo y represión no ayudan en la lucha contra la violencia institucional ni al Poder Judicial para que investigue los hechos con seriedad. Sin dudas, los jueces y fiscales se ven influenciados por estos discursos y con menor razón van a querer sancionar a un funcionario policial o de Seguridad”.

El filo del marco

Foto de archivo: Prensa Gob. Mza.

Es evidente que Alfredo Cornejo padece una paradoja, que seguramente asume como ingrata. Demostró sobrada capacidad y solvencia en la ejecución de las políticas diseñadas por el populismo de derecha imperante y, sin embargo, apenas rasguñó una anecdótica candidatura a diputado nacional en el universo cambiemita.

Porque el apego del mandatario a la diatriba demagógica de la mano dura ha marcado, con sistemática coherencia, su trayectoria política. Es recordada su declaración de principios cuando el entonces gobernador Julio Cobos lo designó Ministro de Seguridad, en medio de la crisis política desatada por el resonante asesinato de Laura Abonassar. “Vamos a actuar al filo de la ley” avisó Cornejo, al tiempo que anunciaba la realización de “razias” en villas miseria y las barriadas más conflictivas “para sacar a los delincuentes de sus guaridas”.

Represión de estatales en Casa de Gobierno.
Foto de archivo: Luciano Viard | Mayo de 2016

Apenas unos años más tarde, al asumir la gobernación, Cornejo prometió ir en búsqueda de los delincuentes hasta sus “madrigueras”. Poco más sutil que un agente penitenciario, el sancarlino ya descontaba que su hostilidad hacia lo que considera “ratas de las márgenes” redituaría en capital político.

“Basta de ser vergonzosos, mano dura es actuar en el marco de la ley” gritó a la tribuna del PRO local al renovar sus autoridades el año pasado. Mientras que al imaginar su sucesión aseguraba en los medios que “este programa de gobierno necesita más años de mano dura”.

Represión durante la sanción del Código Contravencional.
Foto de archivo: Coco Yañez | 2018

El carácter punitivista de sus consignas, también marcó cada intervención institucional del gobernador Cornejo. La estrategia publicitaria no se ausentó en ninguna de sus aperturas del año legislativo, por ejemplo. En esas instancias se jactó de su estilo, de la superpoblación en las cárceles, de la cantidad de detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad.

Invisibilizados

Foto de archivo: Seba Heras

En su devenir errático, el gobernador de Mendoza resaltó la inexistencia de casos de gatillo fácil durante su gestión. Algo que Correpi –Coordinadora contra la represión policial e institucional- desmiente taxativamente: “desde que Cambia Mendoza asumió la gobernación en 2015, sumamos a nuestro Archivo de personas asesinadas por el Estado unas 36 muertes en las modalidades de gatillo fácil y en lugares de detención”.

“Si no existen policías imputados en su gestión es porque ostentan el consenso social en materia de represión cotidiana, reforzado por los medios de comunicación que, con el discurso represivo que se instala por medio de la excusa de la ‘inseguridad’, naturalizan y justifican el asesinato de los pibes pobres”, denuncia Correpi.

El policía Diego Guzmán Zalazar en tribunales, el día de la condena.
Foto: Coco Yañez

 

 

🔴 "SON ASESINOS Y EL SISTEMA JUDICIAL LOS AVALA"El policía Diego Guzmán Zalazar fue condenado a solo tres años de prisión por el homicidio de Lucas Carrazco. El tribunal consideró que el crimen del joven fue "exceso en el cumplimiento legítimo de sus funciones" y estableció una pena mínima condicional. www.elotro.com.ar#EstamosEnLaCalle

Posted by El Otro Diario on Thursday, June 27, 2019

 

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