Bajo una intensa presión política del gobernador Cornejo, el Jury de enjuiciamiento analizará hoy la denuncia contra la octava Cámara del Crimen de Mendoza. El procedimiento obedece a la solicitud del Ministerio Público Fiscal tras la liberación de la referente de la organización Túpac Amaru, Nélida Rojas. De su resultado dependerá el prestigio democrático de nuestra provincia, en jaque tras las groseras intromisiones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

Los jueces Salinas, Correa Llano y Miguel. Foto: Coco Yañez

El jury de enjuiciamiento decidirá hoy si acepta o no la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal contra  Alejandro Miguel, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas, integrantes de la octava Cámara del Crimen de Mendoza.

La denuncia de Fiscalía es un desprendimiento del “fracaso de la Operación Túpac” que desembocó en la liberación de los militantes de esa organización, tras un fallo de la Cámara que enfrenta el Jury. Su análisis estaba previsto para el 15 de febrero pasado, pero la excusación de tres miembros de la Suprema Corte lo postergó para hoy.

José Valerio. Foto: Coco Yañez

La decisión de los tres supremos excusados (José Valerio a la vanguardia, correspondido prontamente por Omar Palermo y Julio Gómez) resume en gran medida este conflicto entre poderes que, contemplando los más próximos antecedentes, coloca al Poder Ejecutivo en el rol de banca a partir de su inescrupulosa iniciativa.

Según consigna la Constitución provincial, el jury de enjuiciamiento se integra con la totalidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y un número igual de senadores y diputados. Alcanzando en esta coyuntura 21 integrantes, la ecuación se diluyó con los tres apartamientos supremos y causó la suspensión hasta hoy al demandar sus correspondientes reemplazos.

Fiscal Chaves. Foto: Coco Yañez

Paralelamente, la “Operación Túpac” fue sostenida por la fiscal Gabriela Chaves, quien obstinada en cumplir las órdenes emanadas por el poder político, interpuso un recurso de queja por el fallo de la octava Cámara ante la Corte. El manotazo de ahogada de la fiscal será resuelto por la sala penal del tribunal mayor, integrada por José Valerio, Omar Palermo y Julio Gómez.

La incumbencia en el caso fue el argumento utilizado por el supremo Valerio en aquel encuentro preliminar de febrero para apartarse del jury. El brazo político de Cornejo en la Corte picó en punta y condicionó a Palermo y Gómez, quienes malacostumbrados al confort de la pirámide judicial, se mostraron como víctimas del entramado y emularon al juez preferido del gobernador.

Palermo, Gómez y Adaro, ministros de la Corte. Foto: Luciano Viard

Mañana el plantel del jury está confirmado, a la par de la ratificación de la intromisión de Cornejo en el proceso. La expresa intención del mandatario por disciplinar a la Justicia se plasmará si consigue 11 votos sobre el total de 21.

En reemplazo de los jueces autoexcluidos, conformarán la comisión Gladys Marzala -integrante de la segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil-, Silvina Ábalos -jueza de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil y cuñada del dirigente radical Gabriel Fidel- y Roberto Arlington Uliarte -juez de la Segunda Cámara del Crimen, un verdadero soldado del poder-.

Cornejo y Jorge Nanclares, presidente de la Corte. Foto: Prensa Gob. Mza.

Aún como saldo provisorio en el engorroso camino del juicio político, un guiño a favor de la denuncia le bastará al gobierno para publicitar su demagogia punitiva en detrimento de un sector del Poder Judicial, al que posiciona antipático en la agenda pública de la “seguridad”.

Además de la representación judicial, integran la comisión siete diputados y siete senadores. A priori, ocho de esos catorce legisladores responden al designio de Cornejo, quien descaradamente ha denigrado a los jueces involucrados. Los seis legisladores restantes pertenecen al bloque peronista, que pregona resistencia. A Cornejo le faltan tres votos y tiene al menos dos embuchados en los reemplazos. Los números cuadrarían.

El republicanismo ya fue

Foto: Coco Yañez

Hábil político y eficaz intérprete de la correlación de fuerzas que dirimen la conflictividad política y social, Cornejo condicionó su administración a una dinámica autoritaria. Leyó correctamente que contaba con amplio margen para fragmentar, estigmatizar, y en algunos casos pulverizar, cualquier expresión que asomase reaccionaria al modelo de acumulación económica planificado.

La lleva bastante bien. Organizaciones sociales, políticas y sindicales sintieron el cimbronazo, mientras que una buena parte de la oposición se sometió a sus designios. Total, las malas las adjudicamos al jefe Mauri.

Sin embargo, algunas decisiones del Poder Judicial contrarrestaron la impronta del sancarlino afincado en Godoy Cruz. No tanto por animadversión con el gobernador, sino más bien por dignidad en la defensa del aclamado “estado de derecho”.

Foto: Prensa Gob. Mza.

Ese límite, que es el que concierne constitucionalmente al Poder Judicial, fue expuesto por el oficialismo como obstáculo al presunto cambio, cuando no denigrado como herencia populista. Una suerte de oposición que Cornejo aún hoy no experimentó en el ámbito estrictamente político.

Un hábeas corpus correctivo y colectivo avalado por la Suprema Corte fue el primer foco de tensión con la jerarquía judicial. Propiciada, según el relato oficial, por Justicia Legítima, Palermo, los K, todos “defensores de los delincuentes”.

Pero la injerencia y presiones sobre el Poder Judicial no se limitaron a esa inicial escaramuza. Cornejo se entusiasmó ante la posibilidad de procesar penalmente a las personas que cortaran calles y limitar el derecho de huelga. La Justicia lo contradijo.

Foto: Coco Yañez

Ante la primera vacancia en la Suprema Corte, defendió a capa y espada a su mentor de la mano dura y designó al cuestionado José -¿Qué José? Valerio- para revertir una presunta doctrina garantista.

Con el rebenque en la mano, el gobernador sacó provecho de información sensible respecto al destino judicial del famoso y objetado “ítem aula”. En una maniobra cuestionable al menos, dilató lo que entendió sería un fallo contrario a su interés.

Como corolario, intentó e intenta ampliar el número de integrantes del máximo tribunal de Justicia de la Provincia, para concentrar la suma del poder público.

Pero sin ninguna duda, la “Operación Túpac” se transformó en el paradigma de la grotesca intervención del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de la Justicia de Mendoza.

Qué ganas de Uliarte

Viejos conocidos: Gullé, Uliarte y Valerio. Foto de archivo: Poder Judicial de San Luis

La participación de Uliarte en el jury rebalsa el despropósito por ser uno de los jueces más cuestionados del aparato judicial de la provincia. Secretario del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal (Think thank liderada por Valerio y cofundada, entre otros, por Gianni Venier y Alejandro Gullé, en la que Cornejo confió la política criminal de su gestión), Uliarte acompañó a Valerio hasta su ascenso supremo en la segunda Cámara del Crimen.

Desde ese lugar, por ejemplo, absolvió al único imputado por la desaparición de Soledad Olivera, así como dictó, junto a su compadre José, la falta de mérito al asesino de Alejo Hunau. Atribuyeron a Alejo una conducta sexual desviada como causal de su deceso.

La trayectoria de Uliarte se forja en sus vínculos con la dictadura. Coherente, luego transitó relación de dependencia con el Grupo Vila, instrucción en derecho a la escuela de cadetes de la Policía de Mendoza y patrocinio legal de genocidas. Semejante prontuario y la pavorosa actualidad le valieron reiterados escraches por su función como docente en la Universidad Nacional de Cuyo.

Pero lo más desopilante, y consecuente con sus antecedentes, es su último tributo al poder de turno. Roberto Arlington presentó su renuncia como juez de la Segunda Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, aceptada por el gobernador Cornejo el 27 de diciembre pasado y publicada oficialmente el 9 de enero de este año.

Mientras espera la ejecución de su beneficio jubilatorio, Uliarte ratifica que los jueces no salen de un repollo. Hasta su minuto final, acata el mandato de clase.

 


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