La atención en el OAL de Las Heras se restringió en los últimos días por reclamos de los trabajadores. Piden recursos y protección. Un agente del organismo fue amenazado con un arma mientras hacía su trabajo.
La situación del OAL (Organismo Administrativo Local) de Las Heras devela el grado de desatención de las políticas sociales en la provincia. La falta de planificación y recursos ponen en riesgo a las familias y a los trabajadores del área. El 28 de agosto la situación detonó: un integrante del equipo técnico fue amenazado y perseguido con un arma blanca cuando entregaba en el domicilio particular de una familia una “medida conexa”.
El marco laboral y los reclamos de los trabajadores no son nuevos, por lo que administrativos, operadores y profesionales decidieron restringir al mínimo la atención del OAL y declarar el estado de “asamblea permanente”. El 30 de junio y el 10 de agosto, se habían realizado asambleas para poner en conocimiento de la situación a la coordinadora de los OALes, Marina Santini, y a la directora del organismo de Las Heras Verónica Álvarez.
“Las medidas conexas se entregan con acompañamiento de la fuerza de seguridad, pero por la falta de articulación de las políticas públicas del Gobierno los trabajadores del OAL terminamos muy expuestos” explicó a EL OTRO, Matías Morales, secretario general del área de Desarrollo Social del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA).
El punto principal del reclamo es una situación permanente de “desborde por sobredemanda” de los empleados. “Una pareja de trabajadores tiene asignados alrededor de 200 legajos. Es imposible pensar que dos profesionales puedan dar respuestas, son todas posibles situaciones de vulneración de derechos, terminan abordando familias enteras, en la que los trabajadores están muy expuestos”, agregó Morales.
El grado de desatención es alto. Hasta hace un año el OAL de Las Heras funcionaba en un edificio en muy mal estado y, por los reiterados reclamos, el gobierno tuvo que desalojar y trasladar la atención al buffet del hospital Ramón Carrillo. Según contó el delegado de SiTEA, “el buffet no está calefaccionado, no tiene las condiciones necesarias para hacer entrevistas a las familias ni a los niños. Entrevistas muy complicadas sobre abusos y maltratos se están haciendo en este salón dividido por unos armarios”.
Vulneración, responsabilidad y recursos
La ley nacional 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aprobada en 2005, cambió el paradigma de abordaje de la políticas destinadas a este sector. A partir de su aplicación, niñas, niños y adolescentes son considerados “sujetos de derechos” y no “sujetos de tutela”, como se los asumía hasta entonces. Esto implicó que los encargados de ocuparse de las problemáticas sean los organismos que dependen del Ejecutivo y no la Justicia.
“El trabajo que antes hacía un juez de familia ahora lo realiza un agente de los OALes que dependen de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. El problema es que hoy se invierte un cuarto de los recursos de lo que se destinaba a los juzgados de familia. Los trabajadores de los OALes toman medidas de protección de derechos que antes las tomaba un juez, pero en la situación de desborde no pueden dar la respuesta que la familia necesita. Estas temáticas tan sensibles requieren un abordaje con mayor altura”, añadió Morales.
El caso sobresaliente de esta compleja situación es el de la menor Lucian Rodríguez, quien en 2014 murió víctima del maltrato de su padrastro. En la causa fueron señalados como responsables tres funcionarios y tres operadores del OAL, estos últimos por ser los responsables del legajo de la niña. Están imputados por incumplimiento de los deberes de oficio. Según la acusación del fiscal, los tres trabajadores habrían violado la Ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, al disponer como “medida de protección” por 90 días el reintegro de Luciana a su madre, quien no estaba en condiciones de hacerse responsable.
El jueves pasado, los trabajadores levantaron la medida de fuerza. El miércoles se habían reunido, en Casa de Gobierno, con la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, quien depende de la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul. El compromiso de la funcionaria de poner a disposición del OAL a la fuerza pública, y la promesa de rever el régimen salarial de los empleados, sirvieron para descomprimir la situación. Al menos por ahora.
