La primavera ha invadido el clima mendocino, pero los brotes de los árboles no son los únicos que han florecido. También lo ha hecho el debate por la Ley 7722, una vez más, como si de una maldición cíclica se tratara.
Opinión | Por Mariano J. Salomone*
El senador Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) ha presentado un proyecto de ley que busca modificar aquella normativa. El hecho, ha sido también ocasión para que sea públicamente conocido un proyecto anterior, presentado por Juan Agulles (PJ), que propone la creación de parques industriales mineros. Sí, entendiste bien, hoy tenemos dos “nuevas” iniciativas para “reformar” la Ley 7722. ¿Pero notaron las comillas, no? Es que estas iniciativas, me atrevo a decir, ni son tan nuevas ni tan reformistas.
No hay nada nuevo bajo el sol. Detrás de estos proyectos legislativos encontramos pretensiones de lejos conocidas, anhelos empresariales que insisten embelesados por el brillo del oro y el olor a cobre; mientras que consabidos son también los “argumentos” que repiten: ampliar la matriz productiva, crecimiento económico, puestos de trabajo, responsabilidad social empresaria, desarrollo sostenible, control estatal…
Tampoco constituyen auténticas reformas. En uno de los casos, el proyecto de Agulles, propone simplemente desconocer la ley. Sí, así como te digo. Va de nuevo: lo que hace es delimitar ciertas zonas del territorio provincial donde la letra de aquella norma no tenga ninguna injerencia. Por supuesto, no se trata de lugares al azar, sino que cada departamento dirá dónde presenta sus propias “potencialidades”.
Tal como decía aquella canción (nada) infantil, “cada cual atiende su juego”… pero aquí la prenda la pagaremos todos/as. Lindo criterio para el ordenamiento territorial. Aunque suene paradójico, se trata de crear una legalidad para operar verdaderas excepciones a la ley. Pero eso sí, estemos tranquilos/as que la 7722 no se toca. Algo que el senador Agulles no se ha cansado de reiterar en los medios: “la propuesta se ajusta a toda la legislación vigente”; “la ley 7722 no se modifica, no se toca, sigue estando vigente. Lo que se genera son áreas de exclusión para poder instalar los parques industriales”.
En el otro caso, podríamos decir que tampoco tendría lugar, en estricto sentido de la palabra, una reforma. Porque directamente destruye la 7722. Ninguna palabra tiene un sentido estricto, lo sabemos. Pero… ¿hasta dónde podemos introducir modificaciones a una norma, sin que traicionen –como decía Montesquieu- el espíritu de esa ley? Lejos de todo esencialismo y espíritu absoluto, veamos a lo que apunta la propuesta de Abraham: sus modificaciones buscan remover las dos regulaciones que establece la 7722 para proteger el agua y el ambiente mendocino frente a los efectos no deseados de la minera metalífera a gran escala. Uno de carácter técnico (“otras sustancias tóxicas”); el otro de anclaje político (el requerimiento de que la Legislatura ratifique mediante ley la evaluación de impacto ambiental).
Ambos proyectos llegaron de la mano de senadores provinciales vinculados al justicialismo. Pero hay que destacar que están siendo impulsados por un fuerte lobby empresarial y político que rebasa ampliamente las inscripciones partidarias, no obstante la reserva mediática que hasta el momento ha mantenido el oficialismo. De cualquier modo, recordemos que no hace mucho, el gobierno de Cornejo, expuso públicamente las mismas pretensiones, montadas sobre los mismos discursos. Me refiero al Espacio de Dialogo Minería para un Desarrollo Sustentable, realizado durante el 2016.
Aquel “diálogo” entre mineros, para mineros y por la minería, intentó poner en duda en forma permanente la 7722. Algo que puede leerse incluso en el documento final que recoge las “conclusiones” a las que arribó dicho espacio, que llamativamente coinciden con lo que fuera su punto de partida: la necesidad de una política de Estado en materia minera. Diagnóstico y misión elaborados en aquel documento redundan en un desconocimiento grosero de los grandes debates sociales que, en la historia reciente de Mendoza, supieron cristalizar en políticas de Estado: la misma promulgación legislativa de la 7722 (2007), la Audiencia Pública en Uspallata por el emprendimiento San Jorge (2010); el rechazo legislativo a la evaluación de impacto ambiental del mismo proyecto (2011); la ratificación de constitucionalidad de la 7722 por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (2015).
Pero mantengamos la franqueza, estas dos nuevas iniciativas no caen de sorpresa, era una cuestión de tiempo.
Octubre de 2005
El día 12 de octubre de 2005 amanecía feriado en Mendoza. Pero todavía se conmemoraba el “día de la raza”, fecha que aludía –como solía decirse- al encuentro entre dos mundos, aunque únicamente el nuestro, el Abya Yala, fuera el “descubierto”. Los días feriados, el centro de la Ciudad de Mendoza suele perfilar calles desoladas. Pero aquel día sería distinto, porque “Jóvenes de La Consulta y Pareditas, familias de la Villa de San Carlos, docentes de Eugenio Bustos, con esa composición, el departamento de Valle de Uco trasladó su postura ecologista a la legislatura provincial”.
Los diarios locales registraron aquel hecho como la “manifestación contra la minería contaminante más importante que se haya visto en nuestra ciudad”. Con un gran cartel que decía “No a la minería contaminante”, pobladores/as del Valle de Uco hacía un mes habían festejado la aprobación de una Ley que ampliaba la Reserva Natural Laguna del Diamante, frente al proyecto llamado Papagayos que afectaría el área protegida. Un primer triunfo, pero con sabor a poco. La experiencia de organización dejaba una lección: “todavía era necesario reforzar la postura en defensa del agua”. Hacía falta una regulación que asumiera la protección del agua como bien común en la totalidad del territorio provincial. Una advertencia que cobra una inusitada actualidad, frente a la propuesta de “parques industriales” que impulsa el senador Abraham.
Octubre de 2010
El día 26 de octubre de 2010 tuvo lugar la Audiencia Pública correspondiente al proceso de evaluación de impacto ambiental de San Jorge, proyecto de extracción de cobre en Uspallata. En aquella jornada participaron alrededor de 2300 personas y debatieron durante 14 horas la instalación de una explotación minera a cielo abierto. Los diarios locales señalaron la fuerte polarización social que provocó aquel “histórico debate” al interior de la comunidad cordillerana, donde la conflictividad fue transversal a relaciones de amistad, familiares y entre vecinos/as conocidos/as de toda la vida.
El esfuerzo de la prensa hegemónica por subrayar el grado de suma cero del debate fue bochornoso. El diario Uno advertía, “ninguna postura se terminó de imponer sobre la otra”; mientras que Los Andes afirmaba, “las posiciones a favor y en contra se dividieron en partes iguales”. Sin embargo, el rechazo a la minería contaminante, secante y saqueante fue rotundo: de los 283 ciudadanos/as que expusieron durante la audiencia pública, 218 lo hicieron en contra del proyecto megaminero y 65 a favor de la empresa. En efecto, el 77% de los/las expositores/as se pronunciaron en contra de San Jorge.
La masiva participación en aquella audiencia pública de Uspallata, los acalorados debates a los que dio lugar y fuertes cuestionamientos que recibió el proyecto San Jorge, fueron antesala de la multitudinaria movilización que rechazó posteriormente, en agosto de 2011, dicho emprendimiento en la legislatura provincial. Ambos hechos muestran la importancia de diferentes dispositivos institucionales que habilitan a la consulta popular, la participación ciudadana y garantizan a los pueblos y comunidades el derecho a decidir sobre su propio destino. De allí que podemos avizorar por qué motivo, el proyecto de modificación de la 7722 del senador Abraham, está interesado en eliminar el articulado de aquella norma que precisa el paso por la Legislatura de la evaluación de impacto ambiental, aún con todas las “mediaciones” que ello supone en relación a la participación ciudadana.
Octubre de 2018
Volvamos a nuestros días, pero ¿qué puede querer decir eso? Para las cámaras empresarias y gran parte del establishment sociopolítico quiere decir que los temores que habían motivado la 7722 ya se encontrarían superados. Así, el presidente del CEM (Consejo Empresario Mendocino), afirma que “en los 11 años desde que tenemos la 7.722 la tecnología evolucionó y se ha percibido”; “la sociedad ya la siente necesaria”, “ha habido avances que hacen que el escenario sea otro”. Todo era pues una cuestión de tiempo. La historia avanza en una única dirección posible y, curiosamente, lo hace a su favor. Las “potencialidades” de Mendoza y la “necesidad de ampliar la matriz productiva”, estaban destinadas desde siempre a encontrarse algún día, ineludiblemente. El desarrollo de la minería a gran escala forma parte de un “potencial natural” que pronto se vuelve imperativo categórico.
Pero para la defensa del agua como bien común, por el contrario, el tiempo no transcurre en forma continua y sin sobresaltos. En los últimos años asoman por lo menos dos rupturas históricas, hechos que marcan inflexiones, un antes y un después que no pueden soslayarse y, mucho menos, darse simplemente por superados.
Uno son los sucesivos derrames tóxicos que ha provocado la empresa Barrick Gold en la provincia vecina de San Juan. Después de la experiencia en Veladero no hay lugar para aquella narrativa dominante, montada alrededor de la megaminería y otras industrias extractivas, de un desarrollo sostenible sobre la base de soluciones tecnocráticas y controles estatales. Resulta un contrasentido apostar a un desarrollo sostenible, ampliando los márgenes de acción de las empresas y liberando zonas para la explotación sin límites de la naturaleza y el saqueo de los bienes comunes naturales, tal como supone la creación de “parques industriales mineros”.
El otro hecho, es el octavo año consecutivo de “emergencia hídrica” en Mendoza, crisis que obligó al Departamento General de Irrigación a elaborar un Plan de Sequía Provincial dando por sentado que “esta escasez de agua es la ‘nueva normalidad’”, propuesta, que en el reconocimiento de un problema, arriesga naturalizar sus causas.
“No olvides la ley 7722, es la memoria del agua”, nos advierte una pancarta. En este breve relato he traído unas pocas imágenes del pasado que valen la pena recordar, para que esos pequeños destellos del poder popular puedan “relampaguear en este instante de peligro”, como decía hermosamente Walter Benjamin. Son imágenes que cuestionan algunas versiones sobre la verdad de ese pasado, por ejemplo, las afirmaciones acerca de que la 7722 fue una ley decidida entre “apurones” y sin un “debate objetivo”. Nada más alejado. La 7722 como memoria del agua, no solamente ha sido ampliamente debatida, sino que refiere a argumentaciones objetivas, pues se basa en juicios de hecho: “el oro no calma la sed”.
El último 12 de octubre se llevó a cabo en San Carlos un nuevo Consejo Consultivo. Allí vecinos/as autoconvados/as del Valle de Uco volvieron a debatir la megaminería. Lo hicieron en una fecha clave, el día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero su conmemoración no debe servir meramente para colorear con un poco de saya los actos celebrativos de la primaria, sino para interrogar los cimientos culturales de nuestros modos de vida, como son las pautas de desarrollo económico. Las consignas “el agua vale más que el oro” / “el agua de Mendoza no se negocia” aluden a una crisis civilizatoria, denuncian la encrucijada a la que nos enfrentamos hace más de 500 años: una economía para el mercado o una economía para la vida.
*El autor es sociólogo
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Fuentes consultadas:
– Los Andes, “Ecologistas de San Carlos en la Legislatura, 11/10/2005, p. 11ª. 3
– Diario Uno, “En la peatonal San Carlos le dijo no al oro”, 11/10/2005. 4
– Diario Uno, “La audiencia por la minería se realizó en paz en Uspallata”, 27/10/2010, p.
– Los Andes, “Uspallata debatió por el agua y el trabajo”, 27/10/2010, p. 10A
– Barrientos, María Julia (2012). El conflicto socio ambiental al calor de las transformaciones del capital.
– El caso de la Audiencia Pública, Uspallata, Mendoza. Tesis de la Licenciatura en Sociología, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, p. 105.
– https://www.mdzol.com/politica/Apoyo-empresario-a-los-cambios-a-la-7.722-20181002-0135.html
– https://www.mdzol.com/sociedad/Mendoza-8-anos-en-emergencia-hidrica-20171101-0044.html
