El pedido, que lleva la firma de numerosas organizaciones y dirigentes sociales y políticos, busca garantizar de manera urgente condiciones sanitarias y sociales mínimas para evitar la propagación del coronavirus en los barrios populares del departamento, tras los casos positivos que se dieron a principios de mayo. La semana pasada, el gobierno impidió mediante un importante operativo policial la realización de una olla popular.
Fotos: Gentileza CCC
La falta de explicaciones en cuanto al nexo epidemiológico de los casos registrados en una de las barriadas del departamento “ha generado alarma, preocupación y desconcierto en los vecinos y vecinas”, afirma la nota firmada por dirigentes sociales y políticos de Guaymallén junto a numerosas organizaciones sociales que fue presentada el viernes pasado al municipio.
El reclamo de creación de un Comité de Emergencia en la jurisdicción ya fue realizado a los gobiernos provincial y municipal en otras ocasiones, incluso antes de la aparición de los casos mencionados, al agravarse la emergencia alimentaria y verse triplicada la asistencia en merenderos y comedores.
De hecho, el miércoles pasado, un operativo policial desmontó una olla popular organizada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -una de las organizaciones que firman la misiva- en reclamo de urgente asistencia. El mismo día se producía la masiva despedida al Loco Julio en Godoy Cruz. Lo que produjo un sugerente contraste en la acción gubernamental con relación al respeto de la cuarentena: la protesta social no se tolera.
La idea de los solicitantes es que el Comité esté “integrado por los distintos sectores de la sociedad civil: representante del gobierno, clubes, asociaciones vecinales, sindicatos, organizaciones sociales, religiosas y con la participación de expertos y expertas” para “trabajar conjuntamente tanto en la prevención como en el abordaje integral de los diferentes emergentes sociales y sanitarios en esta cuarentena”.
Las organizaciones llaman a la reflexión de los gobiernos provincial y municipal acerca del abordaje en el avance del virus y solicitan que “garantice de forma urgente las mínimas condiciones sanitarias y sociales”, y señalan algunas medidas a tomar de manera urgente: “desinfección focalizada inmediata y cotidiana de los barrios, testeos masivos y la instrumentación de una política de salud que garantice la infraestructura pertinente para los Centros de Atención Primaria de la Salud, en donde se amplíe la designación de profesionales y los insumos adecuados”, así como la planificación de “una política destinada a los y las adultas mayores y a personas que presentan discapacidad que son los principales grupos de riesgo”.
Por otro lado, solicitan que “se destine un presupuesto para hacer frente a la profunda crisis social y alimentaria en la que miles se encuentran en el departamento”, el refuerzo de “la cantidad de bolsones de mercadería entregados desde la Dirección de Desarrollo Social, garantizando que las poblaciones rurales, que hoy se ven más vulnerables económicamente tengan real acceso” y “alimentos para los comedores y merenderos ya que hoy muchos de ellos se encuentran desbordados”.
La situación de infraestructura básica en Guaymallén también es motivo de preocupación: “existen alrededor de 35 barrios populares y de ellos el 86% no cuenta con servicios de agua”. Por eso solicitan que “se realice un relevamiento urgente de los barrios que no cuentan con los servicios públicos necesarios para cuidarse en este contexto y se otorgue algún tipo de solución para preservar la salud de quienes habitan en esos barrios”.
La vulnerabilidad de las mujeres es otro de los fundamentos del pedido de las organizaciones de la comunidad: “las mujeres, nos vemos expuestas en los barrios a la violencia machista en las viviendas, muchas obligadas a convivir con varones maltratadores, abusadores”.
Por último, repudian la intervención represiva de las fuerzas de seguridad: “consideramos importante recordar, que bajo ningún punto de vista la violación a los mecanismos y sistemas establecidos por las autoridades para circular justifican el actuar violento por parte de agentes municipales de seguridad y/o fuerza de seguridad. Insistimos en el fin a la violencia institucional”.
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