Esteban Servat, titular del proyecto BioSur, se reunió con la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores. Pidió que se proteja el desarrollo del laboratorio biotecnológico que está en vilo por desmanejos del intendente de General Alvear.

Fotos: Coco Yañez

Guillermo Barrera, Esteban Servat y Mateo Needham, científicos de BioSur.

El establecimiento del laboratorio biotecnológico BioSur en Mendoza está francamente comprometido. El fracaso del proyecto se debe, según certifican sus responsables, al destrato que el intendente de General Alvear ha tenido con el emprendimiento que promete la producción de vacunas, anticuerpos y reactivos para diagnósticos, que hoy no se fabrican en el país.

El miércoles 22 de noviembre, el biólogo Esteban Servat, titular del emprendimiento, fue recibido por integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores de la Provincia. Los legisladores tomaron el pedido del científico que reclama protección del Estado para que el proyecto no desaparezca.

En 2015, BioSur recibió financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; obtuvo el primer premio como emprendimiento innovador en el concurso Mendoza Innova y, a fines de ese año, fue convocado por el flamante intendente Walther Marcolini, para desarrollarse en General Alvear.

El jefe de la comuna se comprometió, a través de un convenio, a construir un edificio para que se instalara el laboratorio. La obra debía estar terminada en marzo de 2016 pero todo resultó a la inversa. La insólita demora en la construcción le provocó daños irreparables al proyecto. Los insumos y artefactos, adquiridos por la empresa BioSur con el financiamiento de la Nación, se fueron venciendo y deteriorando, y el equipo de científicos se desintegró por la necesidad de trabajo, incluso algunos biólogos ya se fueron del país.

No es un problema burocrático, ni de recursos, sino mala voluntad y mezquindades políticas, aseguran los científicos. A lo largo de este año y medio, el equipo de BioSur ha denunciado amenazas, coerciones y toda clase de destratos de parte de Marcolini, que “ahora está haciendo todo lo posible para destruir el proyecto”, aseveró Servat en la reunión con los senadores.

Según sus precisiones, el convenio firmado con el intendente radical nunca fue enviado al Concejo Deliberante de General Alvear, por lo cual carece de validez. “Tenemos entendido que Marcolini lo enviará ahora al Concejo para que lo rechacen y esto hace que, de acuerdo con el derecho administrativo, no se pueda hacer ningún reclamo. Todo ha sido una especie de burla. Hemos caído en una trampa de un intendente mafioso que desde el primer momento quiso tener todo el control y cuando se dio cuenta que no le servíamos, trata de deshacerse de nosotros”, manifestó decepcionado este biólogo que hasta hace unos años se desempeñaba en Silicon Valley, el prestigioso polo tecnológico de los Estados Unidos.

De la reunión con los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías, Servat obtuvo el compromiso de los presentes para destrabar las tensiones con el intendente alvearense, no obstante los legisladores aclararon que sus acciones no pueden hacer retroceder las decisiones de un jefe comunal, ya que prima la autonomía. Concurrieron Samuel Barcudi, Juan Agulles, Luis Böhm y María José Ubaldini, todos legisladores del Frente para la Victoria.

Al término de la audiencia, Servat evaluó: “Fue una reunión positiva, fueron muy receptivos y se comprometieron para actuar de buenos oficios para pedirle al intendente que se rectifique. Además nos ofrecieron propuestas para llevar el proyecto a otros departamentos, pero no queremos irnos de Alvear, aunque si se trata de salvar el proyecto creo que debemos tener todas las posibilidades abiertas”.

La base de BioSur es la producción de vacunas, anticuerpos y reactivos para el diagnóstico y la investigación, a partir de suero animal. Uno de los objetivos es mejorar los costos de estos insumos indispensables para la salud que en la actualidad se importan. El desarrollo de la planta tiene estipulado la creación de laboratorios en Mendoza y Buenos Aires, generando 4.000 puestos de trabajo indirectos.

 


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