Mendoza -

Por Julio Semmoloni

(Columna del autor difundida por Agencia Periodística de América del Sur (APAS) dos meses antes de las elecciones legislativas de octubre de 2013. Advierte sobre circunstancias adversas predisponentes de la que sería inevitable derrota del kirchnerismo en 2015).

La garantía de la igualdad para que todos los ciudadanos ejerzan en plenitud sus derechos resulta a menudo el punto de inflexión que permite al poder fáctico moverse sin tapujos y conspirar para que el electorado incauto se vuelva en contra de su propio interés político.

El gobierno iniciado el 25 de mayo de 2003 puede ser considerado como el que posee los mayores atributos de legitimidad de la historia argentina. No es difícil demostrarlo si se parte de un criterio democrático, nacional y popular para sustentar una comparación realizada sobre la base de hechos elocuentes y verificables. Pero antes de emprender la tarea conviene aclarar el objeto de la misma. Este análisis intenta prevenir acerca del arduo desafío que se abate sobre la voluntad política del gobierno de preservar y prolongar la transformación concretada. Este progresismo manifiesto corre el peligro de ser derrotado electoralmente o en otros términos, como consecuencia de que cada vez -a medida que evoluciona- requiere el apoyo de una ciudadanía mucho más consciente de ese avance, dotada de una atención sutil hacia lo que cuesta cada paso adelante, y provista de la cautela necesaria para vislumbrar la enormidad del asedio que se cierne.

La “década ganada” es una provocación intolerable para el poder fáctico, aún munido de una temible capacidad destituyente. Y lo es, sobre todo, porque el gobierno iniciado el 25 de mayo de 2003 no es un gobierno tal y como siempre se lo entendió. Es en verdad un proyecto político democrático, nacional y popular que se continúa en el tiempo, que no se agota cada cuatro años y se sustituye, y que por lo tanto en la medida que persiste, por su propia naturaleza progresista tiende a profundizar las transformaciones que detesta el poder fáctico concentrado. Vale decir, la “década ganada” o mejor, la “década honrosa”, es un proyecto que se relegitima constantemente como nunca antes había ocurrido del modo genuino que hoy acontece.

El significado polisémico de legitimidad aquí se toma como la condición emanada del consenso popular basado en el apego irrestricto a las acciones que tiendan al bienestar general (léase equidad social) por parte de un gobierno que brega por la máxima ampliación de derechos, sin exclusiones de ningún tipo.

Los mayores atributos de legitimidad del actual proyecto político se deducen con facilidad -por contraste- mediante el planteo de las objeciones que pueden formularse a todos los gobiernos anteriores de carácter nacional y popular, tomada esta clasificación conceptual en un sentido amplio. A diferencia de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, los seis presidentes anteriores que serán considerados, no reunieron todos los atributos de legitimidad plena que exige la comparación.

Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón no fueron votados por las mujeres en sus primeras presidencias, las únicas de ambos con el mandato cumplido. Yrigoyen deslegitimó su respeto al pueblo cuando reprimió con ferocidad a los peones rurales explotados por los hacendados ingleses de Santa Cruz, a los trabajadores de la empresa inglesa La Forestal en Santa Fe y a los obreros de los Talleres Vasena en Buenos Aires. A su vez, Perón avasalló la libertad de expresión cuando clausuró y expropió el diario La Prensa, por ejemplo, entre otras graves medidas de censura a la actividad cultural no partidaria. Arturo Frondizi y Arturo Umberto Illia tuvieron un espurio origen electoral, pues en ambos casos el peronismo había sido proscripto. Una circunstancia similar, aunque muy atenuada, permitió la elección de Héctor Cámpora, por cuanto la dictadura de Alejandro Lanusse también había proscripto a Perón.

En cuanto a Raúl Alfonsín, cargó con el trauma inicial antirrepublicano de someterse al protocolo inconstitucional de ser investido presidente por el dictador Reynaldo Bignone, quien recientemente fue condenado a reclusión perpetua por la comisión de horribles crímenes de lesa humanidad. Más tarde perdió la confianza de sus votantes cuando se sometió a las sediciosas demandas de una asonada militar, lo cual debilitó su gestión hasta dejarla a la deriva económica que hizo propicia la primera hiperinflación de la historia argentina, tan empobrecedora de vastos sectores de la población.

Por razones obvias no se ha considerado en esta escueta enumeración a los gobiernos oligárquicos anteriores a 1916, cuando no existía el voto universal y secreto; se saltó el período de la llamada “década infame”, a raíz de las proscripciones y fraudes escandalosos cometidos, y desde luego se prescinde de cualquier mención a los regímenes militares golpistas, por su intrínseca condición de antidemocráticos e inconstitucionales.

Si bien los dos gobiernos de la etapa menemista tuvieron genuino origen electoral, ambos pierden legitimidad porque rápidamente se convierten en antipopulares y antinacionales, debido a la formidable exclusión social que provoca el alto desempleo y peor aún a la vergonzosa entrega del patrimonio productivo estatal a intereses extranjeros. Los breves gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, aunque por diferentes motivos, ni siquiera homologan para establecer algún tipo de comparación.

Ahora sí queda saldada la introducción al tema central de este artículo: ¡Cómo es posible que para obtener el próximo 27 de octubre (de 2013) un resultado electoral apenas aceptable, este gobierno deba poner sobre la mesa de discusiones semejante cúmulo de realizaciones…! Y que del lado opositor alcance y sobre con agravios, falsedades y toda clase de frivolidades marketineras, sin la necesidad en ningún caso de mostrar hechos concretos que induzcan a la persuasión sana del votante. (En provincia de Buenos Aires, Sergio Massa obtuvo una holgada victoria con el 44 por ciento de los votos).

“Nosotros hacemos, los otros opinan”, sentenció por estos días la presidenta a modo de transparente cotejo de conductas políticas ciertamente antagónicas. Pero ella sabe muy bien que con la verdad de los hechos y la coherencia de la gestión transformadora no es suficiente ni se asegura la adhesión mayoritaria en las urnas. Se produce entonces lo que puede llamarse “paradoja de la democracia”. Es decir, el sistema de gobierno que por un lado garantiza la igualdad de los ciudadanos que votan, en cuanto al ejercicio de todos sus derechos, también permite que esa especie de libre albedrío quede a merced del encandilamiento y la obnubilación que busca producir el canto de sirenas corporativo, esa pertinaz usina que conspira contra el fortalecimiento del propio sistema plural e igualitario.

¡Cómo establecer bases sólidas de recíproca comprensión entre el pueblo y el gobierno, para impedir que un electorado ampliamente favorable en 2011 al proyecto político que lo incorporó como sujeto de sus progresivas conquistas sociales, de buenas a primeras caiga en la trampa de un olvido negligente o de una naturalización inoportuna! La respuesta obvia -con sus riesgos- está en lograr la hegemonía cultural de un relato que señale con claridad toda la obra realizada y todo lo que falta por hacer, de qué manera preservar en los mismos términos el vínculo imprescindible entre una etapa y la otra, pero a la vez un relato que tenga eficacia para mostrar tal como es y opera el enemigo de esos objetivos, a fin de contrarrestar tanto asedio perturbador o para que el proyecto político sea inmune a ese constante hostigamiento.

De todas formas, hay un riesgo. El relato hegemónico atraviesa todos los sectores sociales y compromete la espontánea pluralidad. El gobierno hasta ahora ha intentado llegar a un universo de ciudadanos cada vez más diverso, pero hay cotos muy influyentes que parecen impenetrables. Son reductos soliviantados por el oligopolio mediático. La batería compuesta por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Televisión Digital Abierta, Fútbol para todos y la cuidada difusión televisiva (teleconferencias mediante) de todos los actos de gobierno, a cargo de Presidencia de la Nación, no ha resultado suficiente para ponderar a la altura de lo necesario el conocimiento público de estos diez años de fructífera y transformadora gestión. Preocupa que esa corporación privada silencie u oculte el mensaje oficial, al tiempo que instala una agenda antigubernamental que todos los referentes opositores siguen a pie juntillas.

Mucho más alarma el deterioro que ese sistema corporativo de difamación produce en la imagen pública del gobierno y de la presidenta. Indigna que consiga ese daño atroz al amparo de la libertad de expresión y en nombre de ésta. El valor ético de este gobierno, que ha garantizado como ningún otro el derecho ejercido perversamente por sus enemigos, no sólo es incalculable  sino que para legitimar absolutamente su poder constitucional, la jefa de Estado presentó en 2009 el proyecto de ley (sancionado, promulgado y en vigencia) que despenaliza las calumnias e injurias referidas a expresiones de interés público, en inequívoco beneficio de la libertad de prensa. Podría decirse que con ese gesto franco de honestidad republicana, les sirvió en bandeja la posibilidad de que actúen impunemente contra la mandataria que más se apegó a respetar ese derecho.

Una recua interminable de tilingos, conversos, traidores y tránsfugas de toda laya ha calificado a este gobierno de ser proclive al accionar de los nazis, de no respetar la institucionalidad, de totalitario y violento, en fin, de cometer toda clase de actos reñidos con la concordia social. En suma, una serie de agravios calumniosos e injuriantes que se desmienten por sí mismos ante el más elemental cotejo con la realidad. En cambio el efecto es más penetrante cuando se lo tilda de gobierno corrupto e integrado por funcionarios que solo aspiran a robar todo lo que puedan. Este ataque es difícil de conjurar porque el predispuesto destinatario del ruin mensaje (el ciudadano de a pie, el votante) suele exigir la inversión de la carga de la prueba, es decir, que el acusado de modo inaudito, demuestre que es inocente del sambenito.