El colectivo Ni Una Menos denuncia graves irregularidades en un caso de abuso sexual en el este mendocino. La causa judicial data del año 2011 y, tras una ardua pelea, este 11 de setiembre comenzó el juicio. Las mujeres organizadas sostienen que el aparato judicial intenta proteger al imputado, empleado del municipio que comanda el radical Mario Abed.

Fotos ilustrativas de archivo: Coco Yañez

Un empleado de la Municipalidad de Junín está imputado por abusar sexualmente de su hija y su hijastro. La denuncia fue realizada por la ex pareja del acusado en el 2011 y el juicio comenzó el lunes 11 de setiembre de este año. Según un documento público del colectivo Ni Una Menos, la intervención de diversas instituciones y especialistas corroboró el delito, pero el fiscal Mariano Carabajal intenta desviar el eje de la causa.

Las más de 50 organizaciones de mujeres de Mendoza afirman que luego de observar “cierto hermetismo en la justicia de San Martín” -a pesar de las contundentes pruebas que “demostraban el delito de abuso sexual”-, solicitaron la intervención de la Procuración de la provincia, el programa ATAJO (Ministerio Público Fiscal de la Nación) y la Dirección de Género de la Suprema Corte provincial.

Semejante atención institucional seguramente incidió en que finalmente, a la par del reclamo de las víctimas, la causa fuera elevada a juicio tras seis años de desidia. Sin embargo, el inicio formal de la instancia de juzgamiento no parece esquivar las señales de impunidad avizoradas por la querella y el colectivo de mujeres.

El proceso que se desarrolla en la Primera Cámara del Crimen de San Martín, bajo la instrucción inicial y acusación del fiscal Martín Scatareggi, sumó el aval de la jueza de garantías Marina Laura Cuatrini Vidal. Pero en pleno desarrollo de su instancia de debate, la defensa del imputado se basa en “intentar dejar a la mujer como una loca, de culpabilizarla, tildarla de mentirosa, despechada”, por lo que el colectivo Ni Una Menos observa que se violan “no solamente leyes y convenciones en defensa de los derechos de la niñez sino también leyes y convenciones en defensa de los derechos de las mujeres”, debido a esto acudieron a la intervención de la Dirección de la Mujer dependiente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

En lo que va de la causa “han declarado prestigiosos profesionales de la salud especialistas en abuso sexual infantil” –Cuerpo Médico Forense y Equipo Interdisciplinario del Grupo de Alto Riesgo (GAR) del Hospital Notti- quienes vallaron el hecho en abuso. Por otro lado, según pudo indagar este medio, las pruebas realizadas en Cámara Gesell son otro aporte irrefutable a la versión de la querella.

Desde Ni Una Menos reclaman que durante el juicio –próximo a una sentencia, quizá durante la semana que viene- se intenta culpabilizar a la mujer denunciante, tratándola como “loca sin tener ninguna prueba que refute los testimonios que demuestran lo contrario”. Por ello interpelan a la sociedad mendocina a “volver visible las violencias que sufrimos cotidianamente”.

Más allá del legítimo repudio del colectivo de mujeres, el hecho se inserta en la concepción penal expuesta vulgarmente por el gobernador Alfredo Cornejo. La grotesca y sostenida criminalización de la pobreza que el Poder Ejecutivo -amén de su diatriba republicana- intenta trasladar al Poder Judicial, probablemente siente las bases para que este tipo de fiscalización impida desnudar las redes ilegales que se cuecen alrededor de los delitos de trata y pedofilia en Mendoza y repitan la fórmula del perejil tan deseado por el “enano fascista”, mito presuntamente aclamado por la mendocinidad a la que apela el gobernador.